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Dentro de una semana, el voto de los argentinos definirá la nueva conformación de los poderes legislativos de la Nación, las provincias y los municipios. Este recambio se produce cuando el país transita por una encrucijada política y social crítica, caracterizada por la insinuación y las promesas de un cambio y, al mismo tiempo, la incertidumbre acerca de la naturaleza de esa transformación y de la verdadera decisión por llevarla a cabo.
La función del legislador consiste en investigar, debatir y negociar la construcción del futuro nacional y regional. Nuestros parlamentos, por lo general, vienen privilegiando las cuestiones del poder y postergando el compromiso con el desarrollo.
A un siglo y medio de la sanción de nuestra Constitución nacional y a punto de cumplirse los 34 años de continuidad democrática, los logros en materia de libertades ciudadanas contrastan con los desequilibrios en los ingresos, el aumento de la pobreza y el fracaso económico. Esos desequilibrios se manifiestan, notoriamente, en las diferencias de desarrollo regional en el territorio argentino. Esa realidad, que convierte en letra muerta el principio federal consagrado en nuestro orden jurídico, hace que Salta y las provincias del Norte Grande aparezcan claramente postergadas y con escasas expectativas. Hace pocos meses, un informe de desarrollo sostenible, realizado tomando en cuenta las variables de salud, educación e ingreso per cápita y publicado por la el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU desnudó esa fractura. La ciudad de Buenos Aires ocupa el primer puesto entre las 24 jurisdicciones; en tanto, los últimos diez lugares los ocupan nueve provincias del Norte Grande. Salta se ubica en el puesto número 21. Este informe es una luz roja acerca de las dificultades que tendrá el país para alcanzar las metas de la Agenda 2030 de la ONU, a la que el país y nuestra provincia adhieren. Mientras que el ingreso per capita de la ciudad de Buenos Aires es comparable al de cualquier país de Europa, el del Norte Grande se equipara a los más bajos de América Latina.
La culpa de este desequilibrio pronunciado y creciente está repartida. No se trata de un partido político, una ideología o de la mezquindad de un distrito, sino de la conformación de una estructura de poder convalidada por los sucesivos gobiernos nacionales, cualquiera fuera su signo, y avalada de hecho por los legisladores y gobernantes de las provincias. El peso económico y electoral es decisivo para que la balanza se incline a favor de la región central. La llegada del gobierno nacional de Cambiemos alentó expectativas de que ese centralismo comenzara a revertirse. El Plan Belgrano prometía fuertes inversiones de impacto social y obras de infraestructura imprescindibles para superar el subdesarrollo. Más allá de los acuerdos iniciales con algunos gobernadores, esas expectativas comienzan a diluirse.
Durante más de veinte años, las provincias han recibido menos del 25% del total de los ingresos tributarios en concepto de coparticipación y esa tendencia (muy por debajo de las previsiones constitucionales y legales) no se ha modificado. Un informe del Instituto de Desarrollo Social indicó esta semana que el proyecto del Presupuesto Nacional prevé gastar en el país un promedio de $21 mil por habitante. En la Ciudad de Buenos Aires se proyectan $121 mil por habitante, nueve veces más que en el resto de las provincias, donde el promedio es $14 mil por habitante. Si la coparticipación supone la disponibilidad de recursos para el financiamiento de las provincias, el gasto es la clave del desarrollo sustentable. La administración nacional retiene el 75% de lo recaudado y lo distribuye en forma inequitativa. En ese mismo presupuesto no figuran las obras comprometidas en el Plan Belgrano. Los nuevos parlamentos deberán abordar con seriedad la defensa de los derechos y los intereses regionales. Lo que está en juego es el futuro. Las perspectivas que ofrece la economía mundial son favorables pero para capitalizarlas hace falta una decisión de fondo de los argentinos. Los futuros legisladores deben decidir si buscan una banca, en el Congreso, la Legislatura o los concejos deliberantes para acomodarse a un mandato partidario o para construir el futuro de la provincia y la región. La democracia y la calidad de vida en nuestros sistemas, dependen en forma decisiva de las convicciones y la ética de quienes representan a la ciudadanía.