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La detención del arquitecto Julio De Vido representa un golpe de notable contundencia a quien fue, probablemente, la figura más poderosa del kirchnerismo, en Santa Cruz y a nivel nacional, después de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. De todos modos, no llega a encubrir la fragilidad y cierto oportunismo de nuestra Justicia frente al poder político. Es imprescindible considerar el hecho evitando el espíritu de revanchismo. La corrupción es un problema grave y endémico, que requiere de una justicia plenamente independiente, leyes inequívocas y una firme conciencia ciudadana que ponga límites infranqueables a los funcionarios. Cuando se invocan razones políticas para lograr excepciones a una ley, la ley se relativiza, como se relativizó durante medio siglo de golpismo en que el sistema político convalidó los goles de Estado. Los argumentos pronunciados estos días por personas afines al kirchnerismo, quienes califican como "persecución política" la detención de De Vido y varios de sus colaboradores directos, así como la investigación del acuerdo entre la Argentina e Irán, se parecen más a gestos de complicidad que a argumentos jurídicos. Contribuye, por cierto, la morosidad de la Justicia. El "tiempismo político" de los jueces puede ser una virtud cuando es necesario que una ley obsoleta no obstruya desarrollos y gestiones; sistemático, se convierte en una grave distorsión. Los funcionarios que desvían fondos, infringen la ley y terminan sospechados de enriquecimiento ilícito actúan impunemente porque los magistrados resignan sus atribuciones de contralor, casi siempre, a cambio de prebendas. Los jueces que exhiben sus fortunas y se comportan como si fueran modelos, príncipes o deportistas famosos, erosionan su autoridad. La idea de "república" es idea de "transparencia".
Hoy provoca conmoción la detención de un superpoderoso, pero para creer que realmente el país está en el comienzo de una etapa de purificación equivalente al "mano pulitte" de Italia será imprescindible un cambio drástico y generalizado de conductas.
La corrupción es un vicio del Estado y no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo.
Es cierto, y forma parte del escenario de la corrupción, que muchas denuncias, imputaciones y procesamientos contra exfuncionarios son meros chicaneos sin pruebas. Es otra forma de malversación.
El caso de Julio De Vido tiene perfiles propios y con escasos antecedentes. El exministro detenido fue privado de sus fueros y ni uno solo de sus compañeros de bancada bajó al recinto a defenderlo. La misma expresidente Cristina Fernández advirtió que no ponía las manos en el fuego por él. Junto con De Vido, y por las mismas causas, están presos sus colaboradores, el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, de Obras Públicas, José López y el empresario Lázaro Báez, además de otras personas del entorno, incluido su cuñado Claudio Minnicelli. De Vido administró un presupuesto de 200 mil millones de dólares en doce años. Se lo acusa de haber desviado dinero destinado a obras que no se hicieron en Río Turbio y de haber cobrado sobreprecios del orden de los 7.000 millones de dólares en compras de gas licuado. En el ámbito de la cartera de Planificación se cometieron irregularidades en la concesión de los servicios ferroviarios, compra de vagones y locomotoras chatarra a España y en multimillonarias obras públicas que se pagaron y no se hicieron.
La suma del poder público, de hecho, permitió al anterior gobierno habilitar públicamente manipulaciones de fondos públicos a manos de personajes como Amado Boudou y Sergio Schoklender, por citar dos casos notorios. También vale recordar tres casos emblemáticos: el fiscal José María Campagnoli, suspendido cuando investigaba a Lázaro Báez; el procurador general Esteban Righi, quien se negó a encubrir a Boudou y fue reemplazado por Alejandra Gils Carbó; y Alberto Nisman, probablemente asesinado apenas presentó su denuncia contra Cristina Fernández.
Las detenciones de estos exfuncionarios podrán auspiciar una etapa de depuración de la administración pública si la Justicia actúa en forma independiente, aplicando la misma vara para juzgar a los funcionarios en ejercicio y a los retirados, y si, de una vez por todas se entiende que la corrupción mata, empobrece a los pueblos y frena el desarrollo al aniquilar la seguridad jurídica.