inicia sesión o regístrate.
El conflicto entre la región autónoma de Cataluña y el gobierno central de España es grave, aparece como un indicio de ciertas tendencias separatistas que afloran hoy en Europa y en el resto del planeta y, por su contenido altamente emocional y nacionalista, es probable que, cualquiera sea el desenlace, los recelos y los rencores crezcan en el futuro.
La imprudencia desplegada por ambas partes, tanto de parte del gobierno que encabeza Mariano Rajoy como de los separatistas encabezados por el presidente catalán Carles Puigdemont no alcanzan para explicar la crisis, pero son indicio de que los problemas políticos y económicos que arrastra España desde hace una década han erosionado seriamente la autoridad de las instituciones del país y de la región.
La independencia, tal como la planteaba hasta mediados de esta semana Puigdemont, es inviable y anticonstitucional. El referéndum del domingo 1 de octubre es inválido, por cuanto fue desautorizado por el Tribunal Supremo de España y porque se desarrolló en forma irregular, en una jornada de violencia inusitada e inexplicable por parte de la policía nacional.
Sin embargo, lo que hizo retroceder al presidente Puigdemont no fue la ilegalidad sino la crudeza de la realidad. La Comunidad Europea advirtió que no está dispuesta a reconocer como miembro a Cataluña ni a ninguna región del continente que se separe de su país. De inmediato, las grandes empresas catalanas decidieron trasladar sus sedes a otras regiones. Entre ellas se cuentan el Banco Sabadell, CaixaBank, la Sociedad General Aguas de Barcelona (SGAB), el Banco Mediolanum, Gas Natural Fenosa, la textil Dogi, la biofarmacéutica Oryzon Genomics, y Proclinic.
Es probable que ahora el gobierno regional deba poner límites y diluir la idea de la fractura en una negociación política. De hecho, la reunión del parlamento catalán en la que esperaban declarar el martes unilateralmente la independencia fue postergada hasta el martes y todo indica que se limitará a una exposición política de Puigdemont y de algunos legisladores, sin votación, y dejando la puerta abierta al diálogo. La posibilidad de una mediación de otro Estado entre los gobiernos de España y Cataluña es inviable, porque supondría un reconocimiento previo a una autonomía catalana que la Constitución de 1978 no le asigna. Pero el conflicto es histórico y seguirá latente.
La región catalana es una potencia económica, con producto bruto per capita que la ubica en segundo lugar después de la comunidad de Madrid y bastante por encima de las otras regiones. Sin embargo, presenta problemas de financiamiento en el sistema de seguridad social y déficit en la balanza comercial con el exterior.
Con un PBI regional de 250 mil millones de dólares, un 20% del nacional, los catalanes están convencidos de que la región "aporta económicamente más a España que lo que España da a Cataluña". Sin embargo, se trata de la región más endeudada y su principal acreedor no es otro que el estado español, al que le debe 62 mil millones de dólares.
Pero lo que pesa decididamente en el conflicto es la profunda identidad catalana, que se expresa en la defensa del idioma, en el orgullo de la propia prosperidad y en malas experiencias históricas en los vínculos con el poder central.
La obstinación de la dictadura de Francisco Franco para erradicar violentamente los sentimientos localistas y autonomistas fue compensada en los acuerdos de 1978 que se plasmaron en una Constitución acordada que admitió y reglamentó las autonomías.
Sin embargo, la gestión del Partido Popular enmarcada en una encrucijada nacional compleja terminó haciendo revivir los fantasmas del franquismo.
Las imágenes de la violencia policial del domingo anterior quedaron guardadas en la retina y alentaron los sentimientos separatistas. Todo parece indicar que finalmente se impondrá la permanencia de Cataluña en España. Europa apuesta, aunque con fundados temores, a que no se produzcan nuevos hechos de violencia y, especialmente, que no haya una intervención militar.
Los separatismos, que parecen la contracara de un mundo globalizado, expresan una realidad que solo puede encauzarse a través del realismo, el diálogo y la sensatez política. Y esto vale especialmente, hoy, para España y Cataluña.