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La Provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado que encabeza Juan Agustín Pérez Alsina, presentó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La iniciativa fue instruida directamente por el gobernador Gustavo Sáenz y se complementa con una medida cautelar y un pedido de audiencia pública.
El objetivo central de la demanda es restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en la provincia durante los últimos meses. Según el escrito, esas suspensiones se realizaron en el marco de "procedimientos arbitrarios e irregulares" aplicados por el gobierno nacional, con una "evidente falta de transparencia" que terminó afectando a los sectores de mayor vulnerabilidad social.
La Provincia no solo reclama el restablecimiento inmediato de los beneficios, sino también el pago retroactivo de las pensiones que fueron retenidas. Asimismo, solicita a la Corte que ordene la implementación de un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible, en el que se respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad. En paralelo, se pide convocar a una audiencia pública en la que participen todas las partes involucradas para garantizar un ámbito informativo y conciliador.
La acción de amparo se funda en la suspensión masiva de 129 pensiones registrada en julio de 2025 y en las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS. La Provincia considera que esos procedimientos fueron "arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales", y advierte que el organismo nacional incluso se negó a entregar información nominal de los beneficiarios ni los detalles de las evaluaciones que derivaron en la quita de beneficios.
La presentación de este amparo es la consecuencia de una decisión que el gobernador Sáenz había anticipado hace seis días, cuando instruyó públicamente a la Fiscalía de Estado.
Entre las anomalías denunciadas se enumeran la falta de notificación previa a los beneficiarios, la aplicación de criterios médicos dispares en las evaluaciones y la realización de auditorías por personal sin habilitación profesional. La presentación también describe un destrato institucional hacia los organismos provinciales y los propios damnificados, quienes en muchos casos debieron recorrer largas distancias para trámites que nunca se concretaban.
Según la Fiscalía de Estado, las medidas adoptadas por la Nación incumplen con la obligación constitucional de proteger a los grupos más vulnerables y, lejos de resolver posibles irregularidades, "agravan la situación de personas que dependen de estas pensiones para garantizar derechos esenciales como la vida, la salud y la dignidad humana".
El gobierno provincial interpreta la decisión de la ANDIS como parte de una política fiscalista orientada a recortar gastos sin contemplar el impacto social. "Se trata de un atropello a los derechos de los ciudadanos más indefensos", señalaron desde la Fiscalía, al remarcar que el ajuste recayó sobre personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad.
La acción judicial también busca marcar un precedente político: Salta se presenta como una de las primeras provincias en acudir a la Corte Suprema para frenar este tipo de recortes y exigir reglas claras en la revisión de las pensiones.