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El paquete de reformas tributaria, laboral y previsional, dentro de un acuerdo de responsabilidad fiscal entre la Nación y los gobernadores, propone una transformación que exigirá arduos sacrificios al Estado, a las provincias, a las empresas y a todas las personas. Si se adecua a la realidad económica y social del país, adquirirá proyección histórica. Por el contrario, si gobernantes, gremialistas y empresarios no están a la altura de las circunstancias, asistiremos a un nuevo fracaso. La situación social del país es muy grave y no puede ser evaluada ni abordada con categorías ideales del pasado. Pocas veces se menciona la tendencia decadente registrada en el país en las últimas cuatro décadas. En 1975, antes del golpe de Estado, el desempleo arrojaba porcentajes normales, alrededor del 5%, y la pobreza no superaba el 6%. Según un fundamentado informe realizado por el ex ministro Jorge Remes Lenicov y el economista Dante Sica, en 1983 la pobreza había aumentado al 16%, cuando en América latina se acercaba al 40%. En 2016 llegaba al 30,3%, mientras que en la región bajó a 29%.
En ese período, el crecimiento de la economía argentina fue 2,2% anual o 1,2% por habitante. El promedio mundial fue de 3,1%; Asia 7,6% y América latina, 3%.El mundo no se nos vino encima, sino que fuimos nosotros los que fallamos.
Este escenario obliga a tomar decisiones que solo pueden ser abordadas con grandeza y patriotismo.
Ninguna medida que se adopte deberá agravar la situación de los asalariados, los jubilados y los excluidos. Todo cambio exige sacrificios pero ningún beneficio futuro, por auspicioso que sea, justifica que el mayor costo lo paguen los más vulnerables.
La reforma propuesta es un proyecto de alto riesgo, pero resulta ineludible una negociación que no prive al asalariado de ninguno de sus derechos, salariales o de seguridad social, pero que no niegue a la población económicamente activa el acceso al empleo. Nadie debe ignorar que si los derechos de los trabajadores son irrenunciables, los desempleados y los trabajadores en negro carecen de todos esos derechos.
Sin seguridad jurídica no hay inversión; sin inversión, no se genera empleo; sin empleo, prolifera la pobreza. Este razonamiento es compartido por la mayoría de la población argentina, pero la dirigencia tiende a reclinarse en la comodidad de la retórica demagógica.
No puede haber seguridad jurídica ni garantías políticas si gobernantes y opositores no se ponen de acuerdo para brindarlas. El país que declaró el default por aclamación, como lo hizo el Congreso en 2001, o que con los mismos protagonistas cambia diametralmente las reglas de juego en pocos años, es un país que no puede desarrollarse, porque nadie lo toma en serio.
La seriedad es una condición esencial y no debe dejar sombra de dudas.
Los derechos de los trabajadores no deben convertirse, como ocurre hoy, en garantías para abusos y estafas laborales, o en un negocio para la industria del juicio.
Hoy, el país atraviesa una transición en la que puede quedar encerrado entre la visión unilateral del sindicalismo o la de su contrapartida, la de una dirigencia empresaria que exige beneficios sin tomar en cuenta que el costo social de cualquier cambio pone en riesgo el orden y la tan invocada seguridad jurídica.
El problema social del país debe ser resuelto con sabiduría.
Los empresarios salteños temen, con razón, que el complejo entramado de reformas, una vez más, termine privilegiando la exigencia de las grandes empresas, con medidas contraproducentes para las pymes, y que la atención del Gobierno nacional que es el que impulsa las nuevas legislaciones, se incline hacia la región central, donde se concentran los votos y los mercados.
El proceso en marcha es imprescindible, pero su éxito dependerá de la responsabilidad de todos los involucrados. Hacen falta sacrificios, pero que sean compartidos. El gobierno de Cambiemos no debe aprovecharse de su posición de poder para imponer criterios mezquinos, y la oposición debe asumir la tarea de colaborar, controlar y gestionar para que las medidas que el Congreso finalmente apruebe sean las mejores, las más equitativas y con proyección de largo plazo.