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El tema más importante de la agenda gubernamental de los últimos años es el de las reformas tributaria, laboral y previsional que impulsa el presidente Mauricio Macri y que tienen como correlato necesario la responsabilidad fiscal.
Se trata de una coyuntura fundamental, que con diálogo y prudencia puede encaminar el país hacia un horizonte superador; al mismo tiempo, si el gobierno de deja tentar por el mesianismo y la soberbia, el fracaso puede ser colosal. Desde el punto de vista de la administración nacional, se proponen reformas cuyo objetivo es reducir el déficit y eludir las dos formas de financiamiento vicioso que son la emisión de billetes, que es inflacionaria, o la deuda externa. Ambos son males endémicos que durante al menos medio siglo vienen enrareciendo el desarrollo económico y llevaron al país a una situación social explosiva: 30% de pobreza, deterioro laboral severo y el auge de una economía informal que se vuelve insostenible. La coyuntura actual revela el fracaso de muchos experimentos y cualquier solución que se busque debe ser acordada con la dirigencia opositora y con los representantes de gremios y empresas. Ese consenso no será sencillo. El Gobierno nacional propuso reformas que suponen rebajas de algunos impuestos, aumentos de otros e, incluso, la disminución del poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones. Además, para alentar la generación de empleo registrado, incluyen medidas que afectan derechos institucionalizados de los asalariados, al modificar las formas de contratación y la creación de un fondo que, llegado el caso, se incluirá en la indemnización. Las propuestas deberán ser debatidas en el Congreso. El presidente Mauricio Macri desarrolló la iniciativa en su discurso del lunes en el Centro Cultural Kirchner. El primer mandatario, y luego los ministros Marcos Peña, Jorge Triacca y Nicolás Dujovne, presentan los proyectos en términos optimistas y señalando que representan la única alternativa posible para evitar colapsos como los de 1989 y 2001. Además, como un sacrificio necesario para alentar la inversión, generar empleo y hacer retroceder los índices de pobreza. Todos estos funcionarios saben que los legisladores de la izquierda clásica y los del kirchnerismo no facilitarán ningún consenso. Sin embargo, a partir del 10 de diciembre esos votos dejarán de ser decisivos.
La invitación al consenso está dirigida a los gobernadores y legisladores, de diversos espacios del espectro político, con los que cree posible acordar una estrategia de transformación nacional en la que todos estén dispuestos a pagar el costo político, que no será menor.
El espaldarazo electoral insufló confianza al presidente, que desafía al gremialismo tradicional, preocupado por su propio futuro en un país donde, a partir de ahora, se contemplarán exigencias propias de los modelos de desarrollo capitalista.
El gobierno deberá asumir que será imprescindible la humildad, porque sin ella podrá sentir, erróneamente, que el triunfo electoral le otorga autosuficiencia y, enamorado de su proyecto, pretender que los demás le den apoyo incondicional.
Esto será imposible. En primer lugar, hay señales de alerta, como los reclamos que ya hicieron sentir gobernantes, gremios y empresarios de las provincias productoras de vinos, azúcar y bioetanol, así como las que son beneficiadas con regímenes especiales de estímulo a la industria.
La transformación que se pretende tiene rasgos de cirugía mayor. No solo se reformula el régimen impositivo, sino que se exige a las provincias la reducción de impuestos como Ingresos Brutos y una reducción de gastos de 200 mil millones de pesos, para reducir el déficit del país.
Las provincias, Salta incluida, tienen entre sus gastos los sueldos de importante número de empleados estatales y los subsidios para sectores vulnerables que no pueden suspender de un día para el otro. Hay muchos gastos destinados a financiar la política en los que será imprescindible aplicar recortes, pero no se puede poner en riesgo la subsistencia de las familias.
El país necesita tomar un camino de racionalidad. Los resultados electorales avalan esta certeza, porque es injusto que tantos argentinos vivan mal y sin expectativas de vivir mejor.
La condición para alcanzar esa racionalidad es un diálogo maduro y sincero entre quienes estén dispuestos a corregir pésimas tradiciones políticas argentinas para dar un giro decisivo hacia el desarrollo.