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La jueza de Metán, Carolina Poma Salvadores, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, ordenó una serie de mejoras edilicias, la designación de un psicólogo, acceso a la educación y recreación en el Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal 4, que funciona en una casa común, en el barrio Balneario.
Fue al resolver un hábeas corpus correctivo, colectivo, presentado en octubre pasado por la asesora de Incapaces 1, Marta del Milagro García, debido a las deficientes condiciones de alojamiento que observó en el lugar.
En ese lugar son privados de la libertad jóvenes de entre 16 y 18 años, que están en conflicto con la ley penal. Pero además, los vecinos del barrio Balneario se oponen de manera contundente al funcionamiento de ese centro, en ese barrio que se encuentra en la zona norte de San José de Metán.
La jueza Poma dispuso recientemente que el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia arbitre los medios necesarios para que en el término máximo de treinta días se designe un profesional psicólogo, para la cobertura de la vacante ya existente, con función en el Centro de Jóvenes.
Ordenó que se operativice el convenio existente con el Núcleo Educativo 7019, debiendo el señor secretario de Políticas Penales, Pablo Rafael Alavila, presentar un informe con los datos de el o los docentes que concurrirán a impartir clases y los días y horarios que se llevarán a cabo.
Por otra parte, la magistrada dispuso que se realicen, en el término de 90 días, las siguientes mejoras edilicias: provisión de un sistema de climatización, frío-calor, para esa vivienda, la optimización del sector de la cocina y refacciones en el baño existente, habida cuenta del desperfecto que presenta en el sistema de las cloacas.
La jueza Poma también ordenó la construcción de una medianera o barrera necesaria para la salida al exterior de los jóvenes, la dotación de ocho colchones ignífugos, la provisión de juegos didácticos y elementos lúdicos necesarios y que se traslade diariamente a los jóvenes alojados al Centro Integrador Comunitario (CIC), para su recreación.
La resolución también requiere que el Ministerio de Justicia arbitre los medios necesarios para la provisión de un vehículo para cubrir la movilidad necesaria de ese establecimiento.
Lo que vio la Asesora de Incapaces
El hábeas corpus correctivo, colectivo, fue presentado, en octubre pasado, por la Asesora de Incapaces 1 de Metán , Marta del Milagro García, por las deficientes condiciones de alojamiento que observó en la que se encontraban, en ese momento, ocho jóvenes en conflicto por la ley penal.
García realizó un recorrido por la casa común del barrio Balneario, en la que funciona el Centro, que se encuentra a cargo de personal del Servicio Penitenciario de la provincia.
“Me constituí en el lugar, constando que ocho menores se encuentran en deficientes condiciones. La residencia tiene sólo dos habitaciones y un baño y sin posibilidad de salir al exterior debido a la falta de barreras en el patio”, dijo.
La Asesora de Incapaces advirtió que: “Asimismo resulta imperioso destacar que además de la situación de hacinamiento y permanente encierro, en una reducida superficie, las condiciones de alojamiento se pueden resumir como pésimas e inaceptables”.
García dijo que no se verificaron lugares de esparcimiento donde puedan desplegar actividad deportiva, recreativa y lúdica. Tampoco hay medidas de seguridad contra incendios, ni salidas de emergencia.
La Asesora de Menores e Incapaces destacó en la presentación del hábeas corpus que: “Hago saber que tampoco cuentan con la asistencia de profesional psicólogo que efectúa el abordaje de cada caso particular, lo que resulta indispensable debido a que los jóvenes alojados, además de pertenecer a un grupo evolutivo frágil, vulnerable; y con mecanismos de resolución de veces inadecuados, tienen historias de vida marcadas por la carencia de adultos que oficien de estructurantes de una subjetividad saludable”.
García dijo que en esa realidad psico-afectiva la tarea de un equipo interdisciplinario permitiría brindar asistencia y fomentar aspectos contenedores del grupo familiar de origen, logrando la reinserción social de los menores alojados.
Argumentos de la asesora
Desde el punto de vista de la protección de la infancia y de la prevención del delito, la inclusión social, familiar, educativa y laboral de los jóvenes a su egreso de esta institución, es clave en el proceso de reinserción social, pero nada de estos elementos se estaban cumpliendo en la institución metanense, destacó la asesora García.
Una inspección ocular en las instalaciones
En la tramitación del hábeas corpus la jueza Poma ordenó que personal de la División de Criminalística de la Policía realice una inspección ocular en las instalaciones para corroborar el estado y la situación denunciada. Además convocó a una audiencia entre las partes involucradas.
Por otra parte, se supo que el fiscal Sergio Castellanos había solicitado que se haga lugar al pedido de la Asesora de Incapaces, para solucionar los problemas de alojamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
“La realidad constatada en el Centro Juvenil no satisface de manera alguna las exigencias de higiene y dignidad (regla 31 de Beijing) tal consta en el informe que acompaño. Además es dable considerar que todo lo señalado anteriormente impide que dicho centro cumpla con su finalidad que es la rehabilitación de los menores de edad detenidos; y la política criminal juvenil descuida una dimensión que es clave”