Amira era menor de edad cuando desapareció de su casa. Un mes después la encontraron con el que sería su femicida. La mató a golpes, a pesar de que se multiplicaban las advertencias de que tal hecho podía suceder.
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Amira era menor de edad cuando desapareció de su casa. Un mes después la encontraron con el que sería su femicida. La mató a golpes, a pesar de que se multiplicaban las advertencias de que tal hecho podía suceder.
¿En qué fallamos? ¿No es acaso una advertencia que una menor de edad sea raptada por un hombre de 30 años? ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por la Justicia para protegerla? ¿Se dictó alguna prohibición de acercamiento? Si se dictó alguna medida, ¿por qué se consideró que no debía sostenerse en el tiempo si existía un contexto de delito y amenazas? ¿Cuántas denuncias deben interponerse para que se activen los equipos de la Provincia dedicados a estos temas? ¿Existen en la provincia, con larga tradición violenta, las redes adecuadas con municipios, instituciones, para prevenir y actuar en estos casos de violencia tan evidente? ¿Se siguen mecanismos de articulación y derivación? ¿Existen y funcionan protocolos de detección de violencia? ¿Por qué no se diagramó un seguimiento de este caso? ¿Ningún espacio provincial fue capaz de detectar este círculo de violencia para intervenir? ¿Cuántas de las sugerencias del Observatorio de Violencia están dispuestos a poner en acción? ¿Los municipios cuentan con recursos de asistencia a las mujeres? ¿Amira tuvo noticias en la escuela de las formas y manifestaciones de violencia que podían cruzarla? ¿Aún no están incorporada la violencia de género a los contenidos curriculares? ¿Se pusieron en marcha consejerías escolares? ¿Pudo alguna campaña de prevención/promoción de derechos haberla rodeado en algún momento de manera que pudiera darse cuenta de que estaba en riesgo?
¿Por qué no se le advirtió que tenía al frente un principio de ejecución de femicidio?
Las amenazas debían ser leídas en el contexto delictual previo. Y Salta, como el resto del país, tiene el deber de garantizar la protección de las víctimas de violencia de género. Solo tengo preguntas. La única certeza que me animo a sostener es que la política de la puesta en escena y del cinismo oficialista nos dejan la tragedia de 21 femicidios en el año. La cifra nos señala la enorme distancia entre los valores declarados y la pobre eficacia de las políticas públicas y acciones que se llevan a cabo. Y es ahí donde la ilusión se convierte en burdo simulacro.
Si no se asume un verdadero compromiso con la protección de derechos, ser mujer en Salta seguirá siendo un riesgo.