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El paro general del jueves es un síntoma de los tiempos que se viven y de la vulnerabilidad de nuestro sistema institucional, que no alcanza a responder a las demandas sociales.
Un paro nacional siempre tiene motivaciones estrictamente políticas. De hecho, los reclamos de las distintas vertientes sindicales que lo convocaron solo confluyeron en la exigencia de un cambio en las políticas del gobierno de Mauricio Macri.
Los conceptos de "ajuste", "desempleo" y "empobrecimiento" que esgrimieron los dirigentes en los discursos, sometidos a un análisis riguroso, obligarían a una autocrítica profunda de quienes fueron protagonistas en los últimos 33 años de democracia. Los dirigentes de la CGT y de la CTA no pueden actuar como recién llegados, ya que todos son también actores destacados de la decadencia argentina, que castiga especialmente a los sectores de menos recursos.
Es importante señalar que una amplia mayoría de los argentinos, según las distintas encuestas, repudió el paro y hubiera ido a trabajar de haber contado con medios de transporte. Este dato contextualiza las amenazas del taxista Omar Viviani, que convocó a sus afiliados a volcar los taxis que circularan el día de la huelga. Ese discurso trascendió por una infidencia, pero es el que puertas adentro pronuncian muchos dirigentes sindicales. No basta con calificar a estas de "conductas mafiosas". El problema es más profundo.
A los gestos violentos se sumaron las estrategias oportunistas de agrupaciones minoritarias que ganaron cámaras con cortes de rutas. Los paros políticos solo agravan los problemas. Nunca hay ganadores, aunque saquen algún rédito los pescadores de río revuelto.
El país no está bien y sería mezquino y suicida atribuir una exclusiva responsabilidad a este gobierno o al anterior. Desde 1983 a la fecha, la Argentina fue gobernada durante más de 24 años por el justicialismo y, durante casi ocho años, por los radicales y sus aliados.
En ese período, según un estudio del ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, la pobreza creció desde el 16% al 30,3%, mientras que en América latina retrocedió desde el 40% al 29%. El crecimiento de la economía argentina fue del 2,2% anual frente a un promedio latinoamericano del 3%. La inflación anual fue del 71% contra el 10,4% de promedio mundial.
Contra el rigor de la realidad se agota la retórica.
Esta misma semana, en medio del paro, se reunió en Buenos Aires el capítulo latinoamericano del World Economic Forum. El diagnóstico de este organismo ubica a la competitividad argentina en el puesto 104 sobre 144 países, uno de los peores de la región solo superado por Venezuela y Paraguay. Para entenderlo basta ver los otros indicadores: acceso al crédito (puesto 134), institucionalidad (puesto 137), corrupción (puesto 139) y eficiencia gubernamental (puesto 142).
Pero ese mismo informe destaca señales favorables que quienes tienen el poder de decisión, políticos, empresarios y sindicalistas, deberían considerar: el mercado doméstico argentino ocupa el puesto 21; el mercado extranjero, el puesto 39; el nivel de lectura digital, el puesto 61 y el de matriculación universitaria, el puesto 15.
Ante esto, cabe observar que desde 1983 hubo cuarenta paros generales, la mayoría contra gobiernos no peronistas, y todo fue para peor. El diagnóstico social del país obliga a asumir que el incremento de la pobreza va de la mano del deterioro del empleo. Hoy, los excluidos y los desempleados tienen derechos vulnerados que requieren políticas específicas. Los trabajadores en relación de dependencia y las pymes, a su vez, necesitan garantías de estabilidad, previsibilidad y preservación del poder adquisitivo de sus ingresos. En este punto, los empresarios argentinos deben asumir a su vez un compromiso firme, inequívoco y de largo plazo, con los valores del desarrollo. Ningún sector puede ignorar la realidad social, que es dramática y que no se resuelve con conflictos inducidos, voluntarismo o ideologías utópicas. El país está como está porque no se han respetado los principios y el espíritu de la democracia, que arraigan en el respeto profundo por cada persona y cada familia. Si toda la dirigencia no modifica su actitud, la degradación social, que es nuestro problema más grave, se profundizará cada vez más.