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El mundo no está hecho para quienes tienen disminuidas sus facultades intelectuales, sensitivas o motoras, pero la toma de conciencia avanza muy lentamente.
Los derechos de las personas discapacitadas fueron el centro de un debate, con ribetes escandalosos, desencadenado cuando en forma compulsiva se retiraron las pensiones a unos 70 mil beneficiarios.
El resultado final fue positivo, ya que la ministra Carolina Stanley no solo anunció que "todas las personas con discapacidad cobrarán el beneficio" sino que el Gobierno va a derogar y reemplazar al anacrónico decreto 432/97, que reglamentó la creación de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a Personas con Discapacidad, y que contiene exigencias y requisitos restrictivos que han quedado obsoletos, aunque todos los gobiernos continuaron aplicándolo durante dos décadas, sin derogarlo.
Sorprendidos por el aumento de pensiones a la invalidez, que crecieron en los últimos años de 300.000 a 1.500.000, sumado este dato a la detección de numerosos casos de utilización clientelar de las pensiones, los funcionarios optaron por aferrarse a la letra del viejo decreto sin considerar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que el país adhirió por ley en 2008 y le reconoció rango constitucional en 2014.
Quienes tomaron la decisión consideraron que "no hubo guerra ni catástrofe que justifique este aumento de los beneficiarios".
El responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote Pablo Molero, les respondió que esas pensiones "han generado la posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente". Y añadió que "aplicar hoy un decreto de 1997 es olvidar lo que sucedió en el 2001 y el crecimiento de la pobreza estructural de años". En un país donde se estima que viven cinco millones de discapacitados, es claro que las pensiones en cuestión son paliativo para unos pocos. La OMS y la ONU sostienen en diversos documentos a los que adhiere nuestro país que "la discapacidad es un concepto que evoluciona" y advierten con insistencia que "se siguen vulnerando los derechos humanos" de los discapacitados de los sectores más vulnerables y con menores ingresos.
Dejando de lado la idea del subsidio tradicional, estas entidades convierten a la asistencia económica en un derecho y recalcan "la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones". Estos principios resultan incompatibles con un decreto del siglo pasado que sostiene que "la pensión por invalidez es un recurso de última instancia de nuestro sistema de seguridad social, no un subsidio genérico a la discapacidad".
El decreto 432/97 reglamenta la ley 13.478, de 1948 y establece que "la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en la capacidad laborativa una disminución del 76 % o más"; advierte que "ni el beneficiario ni el cónyuge podrán ser titulares en otro régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna", que ninguna persona inválida podrá recibir el beneficio si puede ser mantenido por un familiar y que tampoco "deberán tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia". Este decreto es, a las claras, una pieza caduca y deberá ser reemplazado, lisa y llanamente por otro, aplicando, como lo anunció la ministra Stanley, un "cambio de criterio", acorde al derecho de los más vulnerables. Debe quedar en claro que la venta de pensiones a cambio de votos, o cualquier otra forma de extorsión sobre las necesidades de la gente, es una inmoralidad, generalizada en la práctica del clientelismo político, pero repugnante y que debe ser erradicada. Si el gobierno está dispuesto a combatirla, debe hacerlo, pero poniendo bajo un paraguas los derechos y las necesidades de los discapacitados. También vale señalar que, más allá del sistema asistencial, el Estado argentino está muy lejos de avanzar con acciones firmes e inversiones que faciliten la vida de las personas discapacitadas, adaptando las ciudades, las calles y todos los espacios públicos a esas situaciones especia les, y también ahorrando burocracia y agilizando los trámites a favor de aquellos para quienes todo es, siem pre, más complicado.Las
Es hora, en esto también, de proce der a un cambio de criterio y de políticas públicas sobre este tema.