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La Argentina se ha convertido, en los últimos 40 años, en una fábrica de frustraciones y pobreza. Esto se debe a motivos de diversos órdenes. Uno de ellos es la vulnerabilidad del Poder Judicial.
El trámite de las causas que involucran a la expresidenta y a los principales funcionarios del gobierno anterior ponen a prueba al sistema judicial, que debe decidir de acuerdo a principios jurídicos y al análisis de los hechos, sin someterse al capricho de los tiempos y de los humores políticos. Si la Justicia no es independiente, no es Justicia.
En estos días, varios expresidentes de la región han sufrido fuertes traspiés por hechos de corrupción, Lula Da Silva, de Brasil, recibió una condena por supuestos sobornos y afronta otras cuatro causas. El peruano Ollanta Humala y su esposa están detenidos y su compatriota Alejando Toledo, con pedido de captura. En la Argentina, los escándalos de corrupción y muchos hechos flagrantes de inseguridad duermen por décadas en los tribunales. Así, las denuncias se convierten en manchas para el prestigio de las personas y las instituciones, al tiempo que se consolida una corrosiva sensación de impunidad. El exsecretario de Cultura hasta 2008, José Nun, dijo estos días: "Que Cristina sea candidata es un fracaso de la Justicia".
No es bueno que los jueces impulsen o frenen investigaciones según soplen los vientos del poder. Tampoco, desplazar a funcionarios de la Justicia o del Ministerio Público sin respetar los principios constitucionales. El intento de despedir por decreto a la procuradora general Alejandra Gils Carbó es solo una muestra de que los peores vicios del pasado inmediato siguen latentes en algunas figuras cercanas al presidente Mauricio Macri.
La democracia no soporta arbitrariedades como la expulsión compulsiva e irregular de cinco miembros de la Corte en el primer tamo de la presidencia de Néstor Kirchner. Mucho menos el degradante acoso de que fue objeto un jurista digno y preclaro, Carlos Fayt, a quien Cristina Fernández hostigó, sin éxito, invocando razones de edad con el solo propósito de reemplazarlo por un juez genuflexo.
La procuradora Gils Carbó debería haber renunciado, como lo hizo en 2012 su antecesor, Esteban Righi, un hombre de trayectoria histórica del peronismo, que no aceptó las presiones para proteger al entonces vicepresidente Amado Boudou por la denuncia del escándalo Ciccone.
La actual procuradora está imputada por un caso de soborno, lo cual virtualmente la inhabilita para el cargo. A esto se suma que durante la gestión de la expresidenta que la nombró, nunca promovió acciones por denuncias por corrupción y castigó con una suspensión al fiscal José María Campagnoli cuando quiso investigar los delitos de Lázaro Báez.
Además, aparece involucrada en el caso del fiscal Alberto Nisman, muerto trágicamente cuando sostenía que la procuradora quería desplazarlo. Gils Carbó actuó con negligencia frente a la denuncia de Nisman por presuntos negociados en el acuerdo con Irán, que involucran a Cristina Fernández; y a esto se añade la responsabilidad del Ministerio Público que, dos años y medio más tarde, no esclareció las circunstancias de la muerte de fiscal del caso AMIA.
No es un episodio más, sino una cuestión de Estado. Todo indica que se trató de un acuerdo diplomático contrario a los intereses de la Nación, que erosionaba la institución judicial argentina frente a un gobierno sospechado de haber atacado dos veces al país, y que culmina en una muerte no esclarecida, con todos los rasgos de un crimen vinculado al terrorismo internacional.
Como Righi, vale reiterar, Gils Carbó debió renunciar hace tiempo, por dignidad. Sin embargo, bajo ningún concepto Macri puede recurrir a malas artes para desplazarla.
Mejorar la Justicia supone respetar la ley. El Gobierno nacional debe lograr que el Congreso, por convicción, la desplace a través del juicio político. Sin presiones ni componendas, y sin recurrir a artilugios como leyes retroactivas que modifiquen los plazos del mandato o el número de legisladores que se requieren para expulsarla. El cambio que necesita nuestro país no es de nombres ni de figuras, sino de convicciones y de prácticas. Si el actual gobierno no asume que la ley debe estar por encima de las perso nas y de las circunstancias, todo se guirá igual, aunque parezca distinto.