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La maratónica sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que fracasó el intento de excluir por inhabilidad moral al exministro de Infraestructura Julio De Vido, deja una profunda sensación de impunidad y acrecienta la certeza de que, en la Argentina, cualquier cosa es posible cuando se tiene poder. Sobre De Vido pesan más de 100 denuncias, 26 imputaciones y 5 procesamientos. Entre esas causas se cuenta la tragedia ferroviaria de Once, que costó 51 vidas y por la cual fueron condenadas 21 personas, incluidos los exsecretarios de Transporte, subordinados del exministro, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Por presuntos hechos de lavado de dinero y desvío de fondos, vinculados a esa cartera, están presos el exsecretario de Obras Públicas, José López; el operador kirchnerista Lázaro Báez, el contador Víctor Manzanares y la dirigente de Tupac Amaru, Milagro Sala. El exministro, en su defensa, denunció "un plan sistemático de marketing" y sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento. Pasó por alto que, tres semanas antes, el fiscal Carlos Stornelli había pedido su desafuero y detención. Lo saludable hubiera sido que De Vido solicitara licencia y afrontara las denuncias como un ciudadano de a pie. Eso lo hubieran agradecido todos los diputados, tanto los que votaron por su exclusión como quienes lo ampararon por disciplina partidaria. Sería un error juzgar este escándalo con criterios maniqueos. Las imputaciones a De Vido son por cierto las más graves y bochornosas, pero en un país que elude el rigor de la ley y funciona en un clima constante de emergencia y excepcionalidad. La corrupción no es patrimonio de un partido o una facción; es endémica, porque está naturalizada. Desde el poder se pueden cometer ilícitos porque hay una Justicia sin voluntad de aplicar la ley y que busca recovecos jurídicos y jurisprudenciales para demorar los trámites. La impunidad en los atentados antisemitas de los años 90 y en la muerte del fiscal Alberto Nisman, y la tardía condena a Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, son casos testigo de una morosidad exasperante.
Ninguno de los tres poderes del Estado se desempeña con la integridad que requiere el orden institucional.
Probablemente, la precipitación de esta sesión cuyo resultado era conocido desde el comienzo se deba a las urgencias de Cambiemos, hoy enfrentado a una elección muy difícil, en un escenario adverso. Buscar ventajas de este tipo con propósitos electorales está reñido con la ética ciudadana. Plantear una sesión donde queden de un lado los supuestos "enemigos de la corrupción" y del otro los "cómplices y encubridores" no refleja la realidad, que es mucho más compleja. Quien gobierna debe competir haciendo valer los logros de la propia gestión. Ampararse en la corrupción ajena no disimula las falencias, los incumplimientos y las expectativas frustradas. Con el antecedente que se intentaba establecer, dos expresidentes y ahora precandidatos, Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Menem, hubieran quedado expuestos a que el Senado no aceptara sus incorporaciones. Esto es prueba más que contundente de que el saneamiento de la política requiere convicciones y decisiones de fondo. No puede construirse una nueva cultura utilizando al Congreso como instrumento de campaña.
El oficialismo parece haber olvidado, además, los argumentos que en 2006 utilizaron los diputados del PRO para evitar que se rechazara la incorporación de Luis Patti; entonces, daban las mismas razones que ahora utilizaron los kirchneristas para proteger De Vido. Estos, a su vez, pasaron por alto numerosos discursos de la ex presidente, pidiendo sanciones a la corrupción.
Es que no solo las instituciones soportan la degradación por estas prácticas tramposas y contradictorias: los valores de fondo, como el respeto por la palabra y la dignidad de la cosa pública han sido olvidados y descartados. Esa decadencia se traduce hoy en el deterioro de la vida institucional y social de nuestro país. Para terminar con la corrupción y salir adelante será imprescindible una Justicia invulnerable e independiente, un Congreso al servicio de la gente y una práctica política que se rija por los valores república nos.