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Esta semana, un informe de El Tribuno dio cuenta de que de las 112 mujeres detenidas en el penal de Villa Las Rosas, el 70% tiene entre 18 y 30 años. La mitad está en la cárcel por delitos vinculados al narcotráfico; nueve niños conviven con sus madres en el pabellón y dos de las detenidas está embarazada.
A nivel nacional, el 56% de las detenidas cumple condenas por delitos vinculados con el tráfico de drogas, cifra que alcanza el 85% si se suman las que están detenidas por robos menores. La población femenina del total de las cárceles de la Argentina es del 9% pero desde 1990 creció un 193%, contra 111% en los varones.
No se trata de una mera descripción carcelaria, sino de historias personales que se asocian con la decadencia educativa y laboral sufrida por el país en las últimas cuatro décadas. Hablamos de mujeres nacidas entre 1987 y 2000, y sus historias exhiben abandonos, vidas en las calles, violencia de todo tipo y ninguna disciplina de estudio o de trabajo.
Son el testimonio vivo de la exclusión, justamente, el problema más mencionado por los gobiernos que hacen de la plena inclusión su caballito de batalla.
Esta realidad se vio brutalmente expresada hace pocas semanas en el video que mostraba torturas y vejámenes a las que eran sometidas jóvenes "mecheras" en ese ícono del país al margen de la ley que es la feria de La Salada.
Según la Defensoría General de la Nación, la mayoría de las detenidas "son mulas que ocupan un nivel bajo en la cadena de tráfico de drogas y que son forzadas a adoptar ese rol por necesidad económica, ya que el 75% de ellas son sostén de familia".
Según datos del Banco Mundial, hay casi un millón de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja, son los denominados jóvenes "ni-ni". Paradojalmente, en una época en la que permanentemente se exalta el reconocimiento de los derechos de la mujer, el Indec informa que, para la desocupación promedio de las jóvenes menores de 29 años es del 22,3%, mientras que es un 16,6% el de sus pares hombres.
Los empleadores buscan hoy personal con formación específica pero las búsquedas de perfiles masculinos quintuplican a las de trabajadoras mujeres. Según la "Encuesta permanente de hogares", las mujeres perciben en promedio un salario equivalente al 74,2% del de los hombres. En las labores no calificadas, las mujeres ganan un 64,6% de lo que se les paga a los hombres.
Sin aptitud laboral y siendo mujer, el narcomenudeo o los pequeños robos resultan la salida más accesible y desesperada para quienes viven además en ambientes de violencia de género y abandono, y suelen cargar con maternidad precoz.
Hay que asumir el declive de la calidad educativa, provocado por un sistema pensado en otra época, con un modelo productivo del que ya no queda casi nada; según las pruebas Aprender, la escuela no permite a los estudiantes vislumbrar un buen futuro, y por eso los desmotiva y los aburre.
Esto se manifiesta con crudeza en los cordones de menores ingresos, donde varias familias alojan a tres generaciones de desempleados. El mundo cambia a un ritmo mucho más acelerado que las políticas públicas inclusivas, es decir, la formación laboral y la oferta de empleo genuino.
Cada persona es responsable de sus actos y la pobreza no es justificativo para el delito, pero los problemas sociales más graves comienzan a resolverse cuando cada uno encuentra sentido a su existencia.
No se trata de repartir subsidios y de generar empleos innecesarios y artificiales en el Estado, sino de generar confianza en la ley, las instituciones y en las propias posibilidades de cada joven.
Hoy, la terminología garantista no habla de "delincuentes" sino de personas "en conflicto con la ley". En realidad, son muchos y están en conflicto con la sociedad y con los demás.
Pero la sociedad y su organización jurídica, el Estado, están obligados a resolver las propias falencias en materia de educación y empleo para reducir al máximo la conflictividad, garantizar la seguridad y hacer respetar los derechos de todos.