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En una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y publicada hoy en el Boletín Oficial se determinó que los gastos que se realicen para la investigación de delitos federales serán costeados por los mismos delincuentes: es decir, los narcotraficantes, falsificadores, tratantes de personas o contrabandistas.
La Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura deberán informar a los jueces de cada investigación sobre los gastos en la realización de tareas encomendadas para resolver los casos. Así, los narcos u otros delincuentes de casos federales deberán pagar las pericias, traslados, narcotest, tareas de intervención telefónica o pericias contables y otras medidas, que se hagan durante la investigación.
Los costos serán presentados en los fallos pero además, la ministra Bullrich explicó que no esperarán en todas las ocasiones a que haya un fallo definitivo, sino que presentará medidas cautelares intermedias para hacer que a los delincuentes se les incauten los bienes en medio del proceso judicial.
La medida se desprende del artículo 531 del Código Procesal Penal que desde 1991 refería este tema de las costas para los delincuentes pero que hasta ahora nunca había sido aplicado. “Es el momento para que el Estado destine los fondos en seguridad para prevención y no para sustentar los costos de una investigación”, dijo Bullrich.
Sucede que hasta ahora nunca había sido aplicado este artículo y el Estado seguía pagando por trámites de investigación muy caros. A modo de ejemplo, Bullrich comentó que en el último operativo de incautación de 4.200 kilos de marihuana en Misiones le demandó al Estado 1,2 millones de pesos en traslados de los delincuentes y pericias. En rigor, este es un caso menor si se lo compara con operativos que llegan a costar entre 30 y 40 millones de pesos. El costo promedio de una investigación le insume al Estado unos 3 millones de pesos.