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El desalojo de la familia Martínez, en la Quebrada del Toro, dispuesto por el juez de garantías Diego Rodríguez Pipino, aparece como la cabeza del témpano de un vacío jurídico de origen nacional -quizá internacional- pero que repercute con mucha fuerza en las provincias donde residen comunidades aborígenes.
Más allá de la situación particular de la familia de Irene Martínez, desalojada de un predio privado perteneciente a la familia Usandivaras, y en situación de indefensión, para los propietarios de tierras en la Quebrada del Toro, el problema es de fondo, es jurídico y constituye un factor de imprevisibilidad.
La abogada María Julia Quipildor, cuya familia acredita títulos del año 1870 como propietaria de una extensa finca ubicada en El Alisal, a 15 kilómetros de Campo Quijano, sintetizó su preocupación.
"La supuesta comunidad, que se autodefine perteneciente a la etnia Tastil es, en realidad, la familia Farfán. Y está integrada por un grupo de personas que en su mayoría distan mucho de ser pobres, tienen vehículos y casas en otros pueblos", sostiene la letrada.
La historia en este caso es similar a otras que se repiten en los Valles Calchaquíes, con otras etnias: los propietarios les facilitaron tierras a personas de su confianza, con o sin arriendo, según el caso; luego, entusiasmados, los ocupantes piden el derecho de posesión veinteañal. Hasta hace una década sus reclamos no tenían éxito porque las tierras tenían dueño y los propietarios legales pagaban los impuestos. La Ley 26.160 abrió las puertas a la "propiedad comunitaria".
"La ley tiene un buen espíritu, ya que atiende a necesidades reales de las comunidades aborígenes. Las que hablan sus lenguas ancestrales, observan sus ritos y creencias y que viven casi excluidas del trabajo, la educación y la salud... Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Puesteros, pastajeros y serenos vieron la oportunidad de "autopercibirse' originarios y ahí nomás aparecieron los punteros políticos convertidos en caciques, y abogados", reseña la abogada.
Ayer tarde un grupo de propietarios de la Quebrada del Toro va a reunirse para tratar de definir una estrategia que les permita gestionar una seguridad jurídica de la que hoy carecen. "Hoy tenemos un litigio contra la empresa Pigé, que presta servicios viales, por el arriendo de una parte de nuestra finca. Ellos se niegan a pagar, porque dicen que la supuesta comunidad se presentó como propietaria y ellos no quieren tener problemas con esa gente. Y no nos pagan a nosotros, que somos los locado res".
Tanto la familia Quipildor como sus vecinos señalan ambivalencias. Un caso: la suspensión de las acciones de desalojo no supone la paralización de las causas, pero algunos jueces las frenan. Una finca donde se instalan supuestos "comunitarios" queda al borde de una usurpación, sin respuesta en la Justicia. Para los propietarios, la imprecisión de definiciones como la autopercepción; la confusión entre "propiedad comunitaria" y "propiedad privada"; los relevamientos, realizados por las propias comunidades y convalidados por el INAI sin verificarlos, y la ocupación de predios privados invocando una "presencia ancestral" son el escenario, opinan los damnificados, de "esta nueva forma de clientelismo político".