inicia sesión o regístrate.
Ayer, un grupo de personas identificadas como "la comunidad Los Alisos, de la Quebrada del Toro", encabezados por Evaristo Barboza, se quejaron ante la Cámara de Diputados por el desalojo de una familia de apellido Martínez de un predio privado. A su vez, el juez interviniente informó que las personas denunciadas no acreditan su pertenencia a la comunidad aborigen y señaló graves falencias en los relevamientos del INAI. Por otra parte, las familias Quipildor y Serapio, propietarias de Quebrada del Toro, solicitaron audiencia al presidente de la Cámara, Manuel Godoy, para pedir la intervención del Estado frente a las usurpaciones.
Las leyes sobre derechos indígenas reconocen la "propiedad comunitaria" a comunidades milenarias que habitan un espacio determinado, hablan la lengua ancestral y conservan los ritos y costumbres. En ese caso, verificadas esas condiciones, el Estado debería cederles los lotes fiscales y, en caso de tratarse de tierras privadas, iniciar un trámite de expropiación, indemnización mediante a los legítimos propietarios."Nosotros vivimos todos en un mismo territorio" aseguró ayer Barboza al reclamar que se suspendan los desalojos.
El desalojo fue dispuesto por el juez Diego Rodríguez Pipino, quien ayer, en una entrevista con Radio Nacional Salta, precisó que se trató de "una resolución cautelar" ante una denuncia de usurpación de tierras planteada por la familia Solá Usandivaras. El Ministerio Público verificó que las personas denunciadas no están censadas en ninguna comunidad aborigen y que su domicilio real está en Campo Quijano, a 15 kilómetros de El Alisal.
La caracterización de "usurpación" supone el uso de la fuerza para apoderarse de un predio. En otras palabras, que se metieron por la fuerza invocando una identidad y una propiedad no verificadas. El juez no aceptó a la comunidad como representante de los imputados, que deben recurrir a un abogado.
La comunidad reclama que se le reconozcan como propias más de 43.000 hectáreas que abarcan rutas nacionales y provinciales, vías férreas, estaciones de trenes, escuelas, obras eléctricas e hídricas y otros bienes de propiedad privada, provincial y federal.
El juez consideró que no existe un "vacío jurídico" en materia de la propiedad comunitaria, sino "falta de definición en los procedimientos administrativos", debido a razones políticas o de gestión, por lo cual "se generan expectativas de derechos que contradicen la titularidad registral". De hecho, los relevamientos del INAI y los reconocimientos de personería están inconclusos o son dudosos, tal como ocurre con otras comunidades de los valles.
Por otra parte, ayer los propietarios de las fincas El Alisal y Cerro Redondo, de Quebrada del Toro, solicitaron una audiencia al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Godoy, a fin de informar "las irregularidades suscitadas por un grupo de personas que de manera maliciosa e ilegítima intentan apoderarse de fincas y tierras que por derechos nos corresponden".
Los productores denuncian "una situación cada vez más violenta", fruto de la "manipulación política" y desconocen a la supuesta comunidad originaria denominada Los Alisos de Pueblo Tastil; afirman que "tenemos conocimiento de que obtuvo de manera irregular su personería jurídica, no tienen posesión ancestral ni habitan el lugar".