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El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó al presidente boliviano Evo Morales a postularse para un nuevo mandato en las elecciones del año próximo desencadenó un terremoto político en el país del altiplano.
El tribunal interpretó que el artículo del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica que consagra el "derecho a elegir y ser elegido" está por encima de la disposición constitucional que impide una nueva reelección. La sentencia desconoció el resultado del referéndum que en febrero de 2016 resolvió, por un ajustado margen del 51% al 49% de los votos, denegar la posibilidad de un nuevo mandato de Morales, cuyo gobierno ya es el más prolongado de toda la historia de Bolivia.
La oposición boliviana se apresuró a denunciar el peligro de una "venezonalización" de Bolivia y decidió acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Manifestaciones de protesta inundaron las calles de distintas ciudades del país, especialmente en Santa Cruz de la Sierra, mientras que algunos grupos de activistas iniciaron huelgas de hambre en distintos puntos del país.
Incógnitas sombrías
Un reciente sondeo indicó que el expresidente Carlos Mesa, de la Alianza Comunidad Ciudadana, cuenta con el 34% de intención de voto frente a un 29% de Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), el 10% del empresario Samuel Dora Medina (una figura independiente que ya anunció que no se postulará), un 4% del exmandatario Jaime Paz Zamora, respaldado por la democracia cristiana, un 3% del también exmandatario Víctor Hugo Cárdenas, de la Unión Cívica Solidaridad y un 2% de Félix Patzi, actual gobernador de La Paz, del Movimiento Tercer Sistema.
Según la misma medición, si Doria Medina no se presenta, ese 10% se distribuiría entre un 5% para Mesa, el 1% para Morales y el resto para Paz Zamora y Cárdenas.
Estas cifras augurarían una victoria opositora. La encuesta indica que en una eventual y altamente probable segunda vuelta el 51% de los votantes apoyaría a Mesa, el 36% a Morales, un 9% a ninguno de ambos y el 4% se manifestó indeciso ante la opción.
Como una muestra de la tensión política imperante, una pregunta específica acerca de si Morales entregaría el mando en caso de perder las elecciones arrojó que el 45% de los consultados estimó que no, el 42% que sí y el resto no supo responder.
Un modelo exitoso
Más allá de los naturales improperios de la oposición, nada sería más equivocado que comparar la experiencia de Morales con el régimen venezolano.
Cualquier ranking fundado en cifras confiables revela que Venezuela tiene el peor desempeño económico de la región y que, para sorpresa de muchos, Bolivia es el país sudamericano con el mayor índice de crecimiento en la última década.
En los doce años de Morales, la economía boliviana creció a un ritmo del 4,9% anual, superando con creces al promedio regional del 2,7%. La inflación anual es inferior al 3% y la tasa del desempleo del 5%. El ingreso por habitante aumentó de 4.180 dólares en 2005 a 7.543 dólares en 2017. 1.600.000 personas salieron de la pobreza extrema, una situación en la que ahora se encuentra el 17,9% de la población, contra el 35% de 2003. Esa mejora fue particularmente notoria en las zonas urbanas, donde disminuyó del 24,3% al 9,9%. En 2005 había 3.300.000 personas pertenecientes a la clase media, es decir un 35% del total de la población, mientras que en 2017 esa cifra subió a 6.500.000 personas, el 58%.
Las reservas monetarias del Banco Central equivalen al 50% del PBI, uno de los porcentajes más altos del mundo. Esa solidez monetaria hizo que la deuda pública ascienda a sólo el 31% del PBI, pero también explica por qué Bolivia, después de una prolongada etapa de marginación, pudo regresar al mercado financiero internacional y consiguió crédito externo a tasas bajas para emprender obras de infraestructura, algo que no habían logrado los gobiernos que lo antecedieron en los últimos 90 años.
Los empresarios elogian calurosamente a Luis Alberto Arce, un técnico de formación marxista que durante diecinueve años se había desempeñado en el Banco Central y al que Morales designó ministro de Economía, cargo que ejerció hasta 2017, cuando se retiró para atenderse de una grave enfermedad. Arce, quien tenía en su despacho una foto del "Che" Guevara y solía citar a Carlos Marx para afirmar que la prioridad estratégica para Bolivia era "desarrollar sus fuerzas productivas", explicó que "el primer desafío que teníamos era demostrar que nosotros, la izquierda, manejamos mejor la economía que la derecha".
La nueva burguesía aymara
Ese pragmatismo hizo que los críticos de izquierda calificaran al equipo económico de Morales de "Chuquiago boys", en alusión a que Chuquiago es el nombre indígena de la ciudad de La Paz. En su libro "Hacer sin plata: el desborde de los comerciantes populares en Bolivia", Nico Tassi y Carmen Medeiros explican este fenómeno por la irrupción de las comunidades indígenas en la economía de mercado, un proceso iniciado hace tres décadas con la migración del campo a las ciudades, pero vertiginosamente acelerado por la política de Morales, cuyo "indigenismo" alentó el surgimiento de una nueva burguesía aymara.
El paradigma de esa transformación es El Alto, la ciudad satélite de La Paz, con una población de más de un millón de habitantes, convertida en un emporio de comercio minorista y en sede de más de 5.000 empresas pequeñas y medianas. Ese dinamismo fue incentivado por las conexiones que estos empresarios de origen aymara establecieron con China. En las agencias de turismo de La Paz proliferan las promociones para viajar a las grandes ferias comerciales en el coloso asiático. Cuando se discutió la reforma educativa, un grupo de comerciantes indígenas propuso incorporar en las escuelas la enseñanza del chino mandarín. El Alto es precisamente el lugar donde mejor se expresa el giro político experimentado por esta nueva clase media boliviana, de raigambre indígena, que apoyó a Morales pero ahora tiene otras demandas. Los reclamos contra el intervencionismo estatal, la corrupción gubernamental, la expansión del narcotráfico y la subordinación política del Poder Judicial, promovieron ese deslizamiento político. Ya en 2015, Soledad Chapeton, una mujer indígena de 35 años, apoyada por Unidad Nacional, el partido de centroderecha liderado por Medina Doria, ganó la alcaldía de El Alto al derrotar a Edgard Patana, su contrincante del MAS, quien iba por un nuevo mandato. En la campaña del referéndum de 2016 por la reelección, un graffiti estampado en las paredes de la ciudad despedía a Morales con una consigna elocuente, no exenta de cariño: “Gracias, pero no”.
Morales puede ser derrotado en las urnas, pero lo que venga después no será ya la restauración de la “Bolivia blanca”, sino la consolidación del “capitalismo indígena”. Ese solo dato le garantiza su lugar en la historia.