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Las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo en defensa de los derechos de las mujeres se multiplicaron en muchas ciudades y pusieron de manifiesto que, al menos en los países occidentales, una profunda transformación cultural está alcanzando en estos tiempos su punto culminante.
El impacto de la conmemoración, este año, fue muy particular. Es probable que la catarata de denuncias de acoso sexual y abusos formuladas por actrices y famosas de todo el mundo haya potenciado la convocatoria.
Por lo pronto, en el mundo pero especialmente en Salta, los femicidios y otros delitos de género siguen siendo incontenibles y asombran por la perversidad de su ejecución y la impunidad y el amparo institucional de que aún gozan, de hecho, los criminales.
El machismo sigue en pie, pero las pancartas, los grafitti callejeros y las consignas no son el espacio ideal para abordar cuestiones tan sensibles como el aborto, el acoso y la violencia de género. De la misma manera, las respuestas simplistas y emocionales contra los planteos feministas solo sirven para ocultar o postergar problemas reales.
Ninguna legislación concebida para garantizar los derechos y la seguridad de la mujer puede ser tratada con ligereza.
El proyecto oficial para sancionar por ley la equidad laboral entre varones y mujeres genera interrogantes. Se trata de derechos consagrados por ley desde 1973, y por convenios internacionales con rango constitucional, que castigan cualquier forma de discriminación.
El texto elaborado por el gobierno del presidente Mauricio Macri dispone "garantizar la equidad de género, de oportunidades y de salario en todos los aspectos de la vida laboral y prohibir cualquier tipo de discriminación por el género o estado civil de las personas". Sin embargo, su lanzamiento parece más vinculado a la oportunidad del Día de la Mujer y al impacto que tuvieron las movilizaciones este año, que a la voluntad de construir un régimen laboral realmente equitativo. Tampoco es posible desligar la iniciativa del inminente lanzamiento, con un año y medio de anticipación, de la campaña por la reelección del presidente.
La inequidad existe, pero en la práctica, porque los hombres tienen de hecho más facilidades que las mujeres para acceder a cargos jerárquicos, tanto en el sector público como en el privado. En la Justicia como en la educación, donde las mujeres son mayoría, los cargos relevantes están ocupados generalmente por varones. En los parlamentos, a pesar de regir leyes como las de igualdad de género, esta no se manifiesta automáticamente en la composición legislativa. En el caso de Salta, la ley de igualdad es inaplicable en la elección de senadores o de cargos ejecutivos.
Modificar la legislación requiere evitar equívocos, ya que establecer remuneraciones imponiendo una condición subjetiva, como es el género, puede relativizar la idoneidad, que es el factor que debería ser decisivo en cualquier carrera profesional.
Es difícil encontrar hoy en nuestras leyes convalidación alguna del predominio masculino propio de la sociedad denominada "patriarcal".
Los reclamos feministas, tomados en forma ligera, podrían inducir a nuevas inequidades, como la que se plantea en algunos de los proyectos de legalización del aborto. El que ya se encuentra en la Cámara Baja del Congreso, con la firma de 71 diputados, establece que la mujer tiene derecho a pedir que se le practique un aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación y el sistema de salud debe garantizarlo en los cinco días inmediatos.
Así formulado, el texto se desentiende por completo de los derechos del padre, quien por otra parte tiene obligaciones muy severas que se hacen valer en el juicio por paternidad.
Los reclamos feministas son un testimonio de una sociedad y un mundo en cambio. La cuestión de fondo, que es la urgencia por garantizar absoluta equidad entre hombres y mujeres, merece el apoyo unánime. Los desbordes y las imprudencias de algunas frases de barricada, así como el oportunismo de gobernantes y políticos, no deben ocultar la verdadera dimensión de esta transformación realmente progresista y revolu cionaria.