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El caos vehicular que se extiende desde las calles céntricas hasta las neurálgicas avenidas de la ciudad de Salta revela uno de los críticos costados de desarticulada expansión demográfica y el explosivo crecimiento de los parques vehiculares del área metropolitana de Salta.
En los últimos ocho meses se patentaron más de 36.000 autos y motos. El parque de vehículos se duplicó en diez años. Las arterias céntricas de la capital están cada vez más saturadas y aumentan los embotellamientos hasta en las autopistas urbanas. A lo largo de la semana, en horas pico, neurálgicas multitrochas como la Bolivia, Arenales, Juan Perón, Reyes Católicos, Paraguay, Ex Combatientes de Malvinas, Tavella y Banchik presentan colas interminables. En la zona oeste, los cruces de la inconclusa circunvalación Juan XXII con las vías de la avenida Entre Ríos también se volvieron infernales.
Patentamientos
En las 11 seccionales que tiene la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) en la provincia, se asentaron desde enero hasta agosto último 16.956 automóviles, camionetas y vehículos de mayor porte. En el mismo período de 2017 se habían patentado 16.614 automotores.
El 70,6% de las inscripciones iniciales de este año (11.987) se realizaron en los siete registros que funcionan en la capital salteña. A la par, se patentaron entre enero y agosto 19.335 motocicletas, de las que 10.010 (51,7%) fueron asentadas en los registros de la ciudad de Salta. Otras 4.049 motos se anotaron en Orán; 2.722, en Tartagal; 2.194, en Metán y 360, en Cafayate.
El Estudio Integral de Movilidad Urbana para el Area Metropolitana de Salta, que se elaboró con financiamiento del Banco Mundial, advierte que, por la antigedad de la ciudad y la conservación de su carácter histórico, las calles y veredas céntricas de la capital no fueron pensadas para grandes movimientos de personas y vehículos. Diseñados originariamente para carruajes y niveles bajos de tránsito, arterias, veredas y espacios para estacionamientos quedaron cada vez más chicos ante el explosivo y desordenado crecimiento poblacional y vehicular del Gran Salta.
Estacionamientos
En el casco céntrico capitalino, el sistema de estacionamiento medido tiene habilitados en la vía pública espacios para unos 3.000 vehículos. Las playas, a su vez, cuentan con otras 4.000 plazas. La oferta para estacionar vehículos en el área central es amplia, pero aun así resulta insuficiente ante los niveles de demanda.
Fincas convertidas en barrios
En las últimas décadas se produjo una gradual expulsión poblacional desde las áreas más antiguas y consolidadas de la capital provincial hacia sus periferias y los municipios aledaños, porque las inversiones sociales habitacionales se rigieron por el criterio de producir la mayor cantidad de viviendas al menor costo inicial posible.
Los patrones de localización de los proyectos del Estado se orientaron hacia áreas periurbanas, tradicionalmente agrícolas y productivas, por el menor precio del suelo en comparación con los grandes vacíos existentes en las áreas urbanas consolidadas.
Los supuestos ahorros en la inversión inicial, sin embargo, se tradujeron en una transferencia de sobrecostos insostenibles en la prestación de servicios públicos esenciales (recolección de residuos, transporte de pasajeros, alumbrado, limpieza, mantenimiento y pavimentación de calles), como así también en obras de infraestructura (agua, cloacas, redes eléctricas, canales pluviales, defensas hídricas) y equipamientos de salud, educación, culturales y espacios verdes.
Los criterios de urbanización de emprendedores privados tampoco escaparon a la lógica economisista de optimización de la brecha entre los costos de localización y los precios de venta de las parcelas.
Fincas agrícolas fueron convertidas en loteos, barrios cerrados y clubes de campo que fragmentaron el patrimonio ambiental y urbano, a costa de disfuncionalidades que afectan al resto de la sociedad y particularmente a los sectores de menores recursos.
El crítico contexto socioeconómico del área metropolitana determina bajos niveles de recaudación de impuestos y tasas municipales. Con un creciente déficit viviendas, el 90% de la población demandante no puede autofinanciar su construcción ni acceder a créditos, con la consiguiente presión sobre el suelo rural y natural.
Los servicios e infraestructuras que obligan a extender los dispersos desarrollos urbanísticos plantean una insustentabilidad económica que impacta no solo en los recursos de los municipios, sino también en el presupuesto del Estado provincial.