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Con niveles de tasas de interés e inflación “razonables”, los programas que promociona ahora el Gobierno nacional para la construcción de viviendas serían excelentes herramientas para impulsar los desarrollos urbanísticos. Sin embargo, el panorama económico recesivo del país atenta contra las buenas intenciones y los anuncios de planes de reactivación de la obra privada y pública suenan más a campaña proselitista.
El miércoles pasado, el director de Política Habitacional de Nación, Marcelo Busellini, se reunió en la capital salteña con empresarios de la construcción, funcionarios locales y autoridades del Banco Macro.
Vino a presentar tres líneas de acción que se complementan para incentivar la edificación de complejos habitacionales y que requieren la adhesión del Estado provincial, pero, ante todo, precisan de inversores.
Uno de los planes es el de promoción fiscal, que se incluyó en el Presupuesto nacional de este año. Consiste en la exención del 10% del IVA (impuesto al valor agregado) a los proyectos urbanísticos de por lo menos 20 viviendas, con un precio de comercialización de hasta 140.000 UVA (cerca de $4.600.000) por cada una. Los proyectos deben ser aprobados por la Secretaría de Vivienda.
Las medidas apuntan a que se puedan ofrecer viviendas “en pozo” y así financiar las construcciones. El ahorro que estiman para los compradores es de al menos el 30%, según dijo Busellini a El Tribuno.
“Estamos invitando a las provincias para que también colaboren con una reducción en los impuestos de ingresos brutos y sellos y así abaratar más los costos”, apuntó el funcionario.
Otro de los programas que Nación quiere implementar en Salta permite que los boletos de compra y venta de propiedades sean considerados como una certificación de escritura y de esa manera los bancos puedan saltar un paso burocrático y otorgar créditos hipotecarios.
Esa facilitación de los trámites ya rige en Capital Federal, donde el Registro de la Propiedad Inmueble es una dependencia de la Nación. Para que se aplique la misma medida en Salta, el Gobierno provincial tendría que adherir al decreto presidencial emitido en octubre del año pasado.
“Los desarrolladores podrán inscribir el boleto de compra y venta y los bancos estarán habilitados para prestar contra el pozo a los beneficiarios”, aclaró Busellini.
La tercera herramienta promocionada es la creación de un fondo de garantía de vivienda social, subvencionado con una parte de los recursos del Fonavi, que en Salta administra el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
“La idea es que con el fondo se garantice el crédito intermedio a los desarrolladores”, señaló el funcionario nacional.
Incertidumbre
“Estamos implementando todas estas herramientas para cuando bajen las tasas de interés. La idea es que, justamente, en algún momento la inflación aminore un poco y los bancos vuelvan a prestar a tasas más razonables. Cuando eso suceda quedarán preparadas todas las herramientas”, advirtió Busellini. La misma limitación se aplica, dijo el director, para las más de 1.600 viviendas que se iban a construir bajo el programa de participación pública y privada (PPP) en Salta, cuyas carpetas están paralizadas desde principios de 2018.
De mal en peor, los índices de la construcción cayeron
En Salta, 2018 terminó con 57 constructoras y subcontratistas menos que lo que había en el mismo mes de 2017. La caída interanual del 11% posiciona a la provincia como la tercera del país (por debajo Catamarca y Chaco) donde mayor retroceso hubo el año pasado en la cantidad de empleadores del rubro de la construcción, según reveló el último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).
Otro dato alarmante que aportó el Ieric es que en noviembre la provincia tuvo la mayor retracción, por lo menos hasta ese mes, de empleados formales contratados de 2018. La merma de trabajadores en blanco fue del 13,6% comparado con el mismo período de 2017.
Entre enero y noviembre la cifra de desempleados de la construcción creció un 8,2% interanual, mientras que la media nacional tuvo una suba positiva del 3,3%, apalancada por la inversión en obra pública que se registró en Capital Federal (subió un 10,3%), Jujuy (17%), Córdoba (12,5%) y Tierra del Fuego (20,4%).
Los números de consumo de cemento en la provincia completan el panorama sombrío de la construcción salteña. Ese indicador es clave para medir la actividad.
De acuerdo a los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), en todo el año pasado el retroceso en la compra de ese material en la provincia fue del 12% comparado con 2017. Para encontrar una caída porcentual interanual semejante hay que remontarse al 2002, a la crisis de hace 16 años, cuando la baja llegó al 22%. En los últimos seis meses de 2018 la merma internanual fue del 27%.