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El germen de la reelección indefinida amenaza las democracias latinoamericanas.
Paradójicamente, esto empezó a diseminarse desde Costa Rica, una de las democracias más vigorosas del continente.
En 2003, el expresidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, interpuso un recurso ante la Corte Suprema de su país a fin de dejar sin efecto la prohibición constitucional contra la reelección, alegando que ello supuestamente violaba sus derechos humanos.
Los jueces rechazaron in limine la presentación, pero luego de manera inexplicable habilitaron su candidatura, lo que sentó un nefasto precedente para otros mandatarios con intenciones de perpetuarse en el poder a través de artilugios, manipulaciones judiciales y transgresiones al Estado de derecho.
En Nicaragua, Daniel Ortega utilizó el mismo razonamiento con el propósito de modificar la Constitución en 2009 para permitir su reelección perpetua, lográndolo con la complacencia de jueces aliados en la Corte Suprema de Justicia y luego, en 2014 a través de la Asamblea Nacional, controlada igualmente por el sandinismo.
En Venezuela, Hugo Chávez bajo el argumento de "ampliar los derechos políticos de los venezolanos" propuso una reforma de la Constitución para posibilitar la reelección inmediata e ilimitada del presidente. A pesar de haber recibido una contundente repuesta negativa del electorado en el plebiscito de diciembre de 2007, un año más tarde, en la Asamblea Nacional compuesta por una abrumadora mayoría chavista propició una enmienda constitucional que establecía la reelección de cargos de elección popular, entre los que se incluía de manera solapada el de presidente. La reforma fue aprobada por referéndum en febrero de 2009.
En Honduras, el expresidente Rafael Callejas y varios diputados del Congreso Nacional recurrieron en 2015 a la Corte Suprema requiriendo la inaplicabilidad de los artículos 239 de la Constitución que prohíbe la reelección y 330 del Código Penal en tanto penaliza toda discusión o debate que pretenda modificarlo, aduciendo que dichos preceptos vulneraban sus derechos humanos, entre ellos el de libertad de expresión y el derecho de ser elegido.
No obstante que en 2009 el Congreso destituyó al expresidente Manuel Zelaya por haber intentado idéntico procedimiento, el Alto Tribunal se pronunció a favor de la reelección continua o alternada por un solo término adicional, favoreciendo a los partidos tradicionales, el Liberal y el Nacional, y al presidente en ejercicio Juan Orlando Hernández que buscaba su reelección, la que consiguió en 2017.
La explosión boliviana
En Bolivia, la ciudadanía aprobó por referéndum en 2009 una nueva Carta Magna que prevé un mandato de 5 años y solo una reelección continua. Evo Morales ha ejercido la presidencia por tres períodos consecutivos desde 2006, convocando en 2016 un plebiscito para modificar la Constitución y permitir su reelección eterna.
En esa ocasión Evo había afirmado que, "gane el sí o gane el no, vamos a respetar, porque eso es la democracia". El 51% del electorado le dijo que no a su pretensión de relección indefinida, expresando en esa oportunidad que, no volvería a presentarse para una cuarta reelección, se entendió con ello que acataba el resultado.
Pero al año siguiente los integrantes del partido del presidente, quien no podía seguir ya gobernando conforme lo establecido en la cláusula constitucional, formularon un petitorio al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto el resultado plebiscitario bajo el argumento de que el "NO", había ganado por una escasa diferencia, indicando que el artículo de la Ley Fundamental que prohíbe la reelección del primer mandatario vulneraba su derecho humano a reelegirse indefinidamente.
El órgano constitucional y posteriormente la Corte Electoral (ambos controlados por Morales) y sin tener facultades para ello, autorizaron a Evo para que nuevamente pudiera postularse en los comicios del 2019.
Tales desbordes constitucionales fueron caldeando los ánimos de los ciudadanos bolivianos.
El eclipse de Evo
Es así que la imagen del estadista que marcó diferencias a su favor en Sudamérica comenzó a debilitarse, sumándose a ello el hecho de que en las controvertidas elecciones del pasado 20 de octubre Evo había sido proclamado como ganador en primera vuelta, pero un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos daba cuenta de que había evidencias de fraude en la votación que lo consagró ganador en la pulseada presidencial y reclamaba una nueva convocatoria a elecciones.
Este exceso institucional desembarcó en una crisis sin precedentes, provocando una fuerte y sostenida eclosión social. La indignación callejera se instaló en el país andino. Las fuerzas armadas y de seguridad le retiraron el apoyo al presidente al comunicarle que no procederían en contra del pueblo.
Resulta oportuno destacar que, cuando las demandas sociales están rebasando las capacidades de los estados para buscarles una solución o, cuando el núcleo de la población no aguanta más o tiene problemas con las condiciones de vida y no encuentra una salida institucional, sea porque los canales están cerrados o no se cree en ellos, entonces el pueblo se vuelca a las calles para hacer oír lo que considera su justo reclamo.
La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Bolivia y asociaciones sindicales (entre ellas la Central Obrera Boliviana COB, el Sindicato más grande del país), aconsejaron al presidente que dimitiera a fin de prevenir enfrentamientos violentos que podrían llegar a producir saldos trágicos en todo el territorio, las FFAA sugirieron también su renuncia. La abdicación de Evo Morales, precipitada por la presión política y social, estuvo a un paso de ocasionar la ruptura del orden institucional, lo que no acaeció porque la vicepresidenta del Senado al no apartarse del cargo impidió que se produjera un vaciamiento de poder.
En relación a los acontecimientos detallados, una parte de la dirigencia política definió a la situación como un golpe de Estado, en estricta consonancia con las manifestaciones que hizo el expresidente boliviano. Otras voces enarbolaron la teoría negacionista del golpe al considerar que las fuerzas del orden no son las que derrocaron a Evo porque solo dejaron de sostenerlo, pronunciándose en el mismo sentido quienes argumentan que no se configuran los presupuestos que completan la definición de golpe al no haber asumido las Fuerzas Armadas el poder del Estado. Mas allá de las disquisiciones que se vienen gestando en torno de ello, hay un hecho palpable que no puede ser desmentido ni negado, esto es, la existencia de la reacción masiva de una sociedad que se reveló en contra de prácticas antidemocráticas a través de movilizaciones sociales. Resulta innegable que este levantamiento popular no pueda ser considerado como producto de un proceso con visos de legitimidad, al representar la voluntad de un pueblo que se expresó a conciencia.
El desmoronamiento de las instituciones bolivianas prosiguió tras la renuncia de las autoridades del Congreso, seguida por la dimisión de los miembros del Poder Judicial y, si bien la sucesión pudo ponerse en marcha, les incumbe a los países de la región que no reafirmaron la tesis de golpe, (salvo Cuba, Venezuela y México) cooperar para que las autoridades de transición garanticen una nueva elección dotada de la transparencia necesaria que debe presidir todo acto comicial.
Tormenta regional
El actual contexto de convulsión social que atraviesa Bolivia, y que cruza a varios países latinoamericanos, es una señal de alarma de lo que está ocurriendo hoy en el seno de las sociedades civiles, esto es, la existencia de una resistencia popular con un alto grado de compromiso cívico que está dispuesta a combatir las dictaduras, la corrupción, las injusticias, el fraude, el narcotráfico, las desigualdades sociales, las postulaciones ilimitadas. Estas movilizaciones sociales trasuntan asimismo el correlato de erigirse en un poderoso factor de disuasión y advertencia a los gobernantes en el sentido de que no deben utilizar las instituciones para llegar al poder, modificando Constituciones y prorrogando mandatos una y otra vez. Las barreras que se imponen a la reelección indefinida representan una garantía contra la perpetuación en el poder, ya que ello lleva a su abuso. El propósito de toda Constitución republicana y democrática es limitar el poder y prevenir la tiranía, con sus pesos y contrapesos, la división de poderes, la periodicidad en la duración de los cargos, el respeto irrestricto al Estado constitucional de Derecho, a la libertad de prensa, libertad de expresión, entre otros. La democracia es una institución que no puede ni debe ser violentada. Los Estados miembros de la OEA, que asumieron el compromiso de defenderla en la Carta Democrática Interamericana de 2001, deben condenar esta perniciosa práctica reeleccionista para impedir que ella siga erosionando las democracias de las Américas.