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El vasto terremoto político que sacude México puede empalidecer a los escándalos de corrupción más importantes de la historia reciente. Ni la famosa "mani puliti" en Italia en la década del 90 ni el "Lava Jato" en Brasil podrían compararse en sus derivaciones con los resultados de las investigaciones judiciales estadounidenses que comprometen a altos funcionarios de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), los tres últimos presidentes del país azteca, acusados ahora por sus vínculos con los carteles del narcotráfico.
El desencadenante de los episodios que monopolizan la atención de la opinión pública y hace temblar hasta sus cimientos el sistema político mexicano, históricamente considerado el más sólido de América Latina, fue la detención en Texas de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública de Calderón y arquitecto de la "guerra contra el narco" desatada durante aquella presidencia, detenido a raíz de una investigación secreta iniciada en 2001 y orientada a corroborar que el "zar antidrogas" recibió millones de dólares del cartel de Sinaloa, conducido por Joaquín "Chapo" Guzmán, actualmente condenado a cadena perpetua y preso en una cárcel estadounidense de máxima seguridad.
Una historia de película
Difícilmente una novela policial pueda igualar en intriga y suspenso las peripecias de esta investigación iniciada hace dieciocho años, durante el gobierno de Vicente Fox, el presidente que puso término a setenta años de gobierno ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional (PRI). García Luna dirigía entonces la Agencia Federal de Investigación, con un fuerte apoyo del FBI.
El expediente judicial, propio de una narración cinematográfica, consigna la acción de la DEA, que durante años vigiló las operaciones comerciales de García Luna en Miami y en Dallas, con un secretismo tan absoluto como para posibilitar que en 2012 el organismo, casi en un chiste de humor negro, condecorara al funcionario por su aporte a la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que la periodista mexicana Anabel Hernández, en su célebre libro "Los señores del narco", ya había denunciado al entonces todopoderoso funcionario y se viera visto obligada a abandonar el país.
Richard Donoghue, fiscal general del Distrito Este de Nueva York, confirmó que "García Luna está acusado de tomar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa del "Chapo" Guzmán mientras controlaba la Policía Federal y era responsable de garantizar la seguridad pública en México", lo que permitió a esa organización criminal "operar con impunidad" e "infringir un daño devastador en Estados Unidos y en México".
Coletazos de un juicio histórico
En el proceso judicial contra Guzmán, los testimonios bajo juramento del narcotraficante mexicano Jesús "El Rey" Zambada, identificado como el "Jefe de Operaciones" del Cartel de Sinaloa, y del colombiano Axel Cifuentes, habían revelado las estrechas vinculaciones entre los grupos criminales y los tres mencionados exmandatarios. Para demostrar que el círculo no se cerraba en los dos expresidentes del Partido Acción Nacional (Fox y Calderón), Cifuentes agregó que Peña Nieto, el último mandatario del PRI, había recibido cien millones de dólares
Según las investigaciones que recién empiezan a conocerse, el punto de partida de esa red de complicidades fue en enero de 2001, durante el mandato de Fox, la fuga de Guzmán de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, donde se encontraba detenido. Zambada manifestó también que desde 2000 había transferido personalmente 300.000 dólares mensuales a funcionarios del gobierno de Fox.
Ismael Zambada, hermano de Jesús, aseguró también haber entregado tres millones de dólares a funcionarios del gobierno de Fox para que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán, un asalariado del cártel, como jefe regional de la Agencia federal de Investigaciones en Culiacán, Sinaloa, asiento principal de la banda criminal.
En su alegato inicial, el abogado defensor de Guzmán, Jeffrey Lichtman, sostuvo que Peña Nieto y Calderón habían recibido sobornos de su defendido. Ambos reaccionaron airadamente y amenazaron al letrado con demandarlo judicialmente.
Tras conocerse la detención de García Luna, Lichtman les preguntó socarronamente, a través de un twit, si insistirían en iniciar su anunciado juicio por difamación.
Tras esas impactantes revelaciones del juicio de Nueva York, José Luis González Meza, abogado de Guzmán en México, sostuvo que, desde su campaña proselitista de 2012, Peña Nieto había recibido de su cliente la friolera de 1800 millones de dólares.
.Para probar sus aventuradas y al menos exageradas afirmaciones, el letrado luego presentó una denuncia penal contra el expresidente, su lugarteniente político, Miguel Ángel Osorio Chong, el excanciller Luis Videgaray y otros ex altos funcionarios de esa administración. Pero este tremendo vendaval que azota a la política mexicana no se agota en las investigaciones judiciales en curso. Un informe difundido por el Servicio de Investigación del Congreso norteamericano identifica con nombre y apellido a una veintena de ex altos funcionarios aztecas, entre ellos varios gobernadores y ex gobernadores de distintos estados, vinculados con el crimen organizado. El informe considera que los cárteles de la droga mexicanos constituyen la mayor amenaza criminal que afronta actualmente Estados Unidos. Advierte también que “el uso ocasional de coches bomba, granadas y lanzacohetes plantea que algunos traficantes de drogas mexicanos pueden estar adoptando técnicas de insurgentes o terroristas”. Sobre la base de esa estimación, Donald Trump amenazó con incluir a los cárteles mexicanos en el listado de “organizaciones terroristas”, lo que dejaría abierta la alternativa de habilitar represalias en el país azteca. La reacción desfavorable que generó esa hipótesis en el gobierno de Andrés López Obrador hizo que el mandatario estadounidense optara por no avanzar en esa dirección.
Las denuncias contra sus tres predecesores y varios ex funcionarios no molestaron a López Obrador. Al contrario, le permitieron contragolpear duramente contra sus adversarios políticos: “ahora nos estamos dando cuenta, hay ya noticias de cómo estaba el asunto, de cómo los encargados de garantizar la seguridad estaban trabajando al servicio de la delincuencia. Eso fue lo que empeoró la situación de inseguridad en nuestro país”, aseveró el mandatario. Una lectura de los acontecimientos bastante extendida en los círculos periodísticos mexicanos indica que este “tsunami” político sería una señal de la secreta sintonía existente entre Trump y López Obrador. En esa interpretación, Trump gana la colaboración de su colega mexicano en la preservación de la frontera entre ambos países y en la lucha contra la inmigración ilegal. Mientras tanto, las investigaciones judiciales estadounidenses facilitan a López Obrador el camino para arrasar con la dirigencia política opositora.
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