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Doddy Arias, por su parte, reconoció que en anteriores ocasiones "el bloque radical, conformado por cuatro ediles, nunca me había acompañado; pero ahora lo hacen porque están viendo que no hay transparencia en la gestión de gobierno".
"Se han hecho más de 200 pedidos de informes y nunca han sido respondidos", explicó el edil norteño, quien anticipó que "si la nota de pedido de una sesión especial es rechazada, los cinco concejales nos vamos a autoconvocar y elegiremos a las nuevas autoridades para que ocupen la intendencia interina de Tartagal y la presidencia del cuerpo deliberativo", insistió.
"Ellos (la bancada oficialista) no son los dueños de la institución, no pueden seguir haciendo caso omiso a la decisión que hemos adoptado quienes somos legítimos representantes del pueblo", manifestó el edil opositor.
Lo que dice el asesor legal
Juan Martín Crossa, asesor legal del Concejo Deliberante de Tartagal, consultado por este medio, tuvo una visión diferente de la que le dio Doddy Arias al tema.
"El concejal Arias presentó un pedido para una sesión especial, para que se trate la remoción de las autoridades, secretarios y asesores del Concejo Deliberante", dijo el abogado.
"Pero el pedido no tiene razón de ser desde el momento en que el cuerpo sesiona normal y habitualmente todos los martes, por tanto ese pedido podría haberse presentado en la sesión ordinaria", acotó Crossa.
Y agregó: "Por otra parte, plantear una sesión especial implica que se necesita abordar un tema específico y puntual y se convoca a este tipo de sesiones ante una necesidad imperiosa y extrema que no admite demoras".
Para el asesor Crossa, el argumento jurídico para rechazar este pedido de sesión especial está establecido en el artículo 127 de la Carta Orgánica Municipal, y especificado también en el reglamento interno del cuerpo.
"Cuando se rechaza un proyecto no puede volver a tratarse en el mismo período de sesiones, incluyendo su prórroga. Este proyecto ya fue rechazado por 8 votos a 1, porque en esa oportunidad los concejales radicales también se opusieron a su tratamiento", recordó el letrado norteño con claridad.
"Pero, además, en la nota que solicita una sesión especial para remover autoridades adolece de la especificidad requerida que nos lleva (a interpretar) al artículo 85, que establece que los proyectos deben observar determinadas reglas y estar fundamentados. No se puede pedir una remoción sin argumentarla; para remover una autoridad es de sentido común que debe fundamentarse", agregó contundente.
Crossa recordó que "en un tratamiento anterior, Arias pretendía que se declare nula la sesión en la que se habían elegido a las autoridades, lo que fue rechazado por la bancada radical con el argumento de que era un tema que debía resolverlo la Justicia. Pero ahora acompañan con su firma ese pedido de sesión especial de Arias. Por eso yo interpreto que tiene un fin electoral que no escapa a esta coyuntura que estamos viviendo. El argumento que esgrimen es que hay un caos institucional que en Tartagal no existe, pero en todo caso quienes están propiciando que ese caos se produzca son ellos mismos", consideró el abogado.