inicia sesión o regístrate.
A partir del informe aprobado en Ginebra por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus ministros de Interior, Néstor Reverol, y de Defensa, general Vladimiro Padrino López, quedaron legalmente en condiciones de ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, por crímenes de lesa humanidad, tal cual sucedió con el exmandatario serbio Slobodan Milosevic, a raíz de la "limpieza étnica" practicada en la guerra civil de la ex-Yugoeslavia.
Informe contundente
La alternativa de una intervención de la CPI surge de las contundentes conclusiones del documento emitido por la Comisión de Verificación de los Hechos creada por las Naciones Unidas, que certificó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela consignadas en el informe difundido en julio de 2019 por la expresidenta chilena Michele Bachelet, en su carácter de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la organización.
El texto homologado en la reciente reunión de Ginebra incluye una conclusión que equivale a una sentencia: "La misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros de Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe".
En un meticuloso trabajo de investigación de 411 páginas, la comisión no solo corroboró las conclusiones del "informe Bachelet" sino que, en un acontecimiento sin precedentes en la historia de la ONU, adjudicó responsabilidades individuales en los hechos examinados.
En el informe original, Bachelet había enfatizado las persecuciones a la oposición política y la prensa independiente de Venezuela y detallado las graves acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas perpetrados por el régimen de Caracas, particularmente a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior.
Cárceles infrahumanas
El "informe Bachelet" puntualizó también las condiciones infrahumanas a la que estaban sometidos los presos políticos: "En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y a los hombres detenidos a una o más formas de tortura trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas".
Los funcionarios de la ONU fueron esta vez inusualmente explícitos en la atribución de responsabilidades. Marta Valiñas, titular de la comisión verificadora, subrayó que "lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno".
"En las décadas del 60 y del 70, los derechos humanos fueron una bandera de la izquierda".
Francisco Fox, otro miembro de la comisión, apuntó a la cabeza: "tenemos intervención y contribución al crimen por parte del señor Maduro, ya sea directamente o a través de la cadena de mando, y en ocasiones evadiendo la cadena de mando y dando la orden directa".
Entre las señalizaciones del trabajo, hay dos referencias que llaman la atención por su contundencia. Una alude a la llamada "Operación Tun Tun", puesta en marcha por las fuerzas de seguridad para reprimir las multitudinarias manifestaciones callejeras de la oposición de 2017.
Otra es la mención a la denominada "Operación para la Liberación del Pueblo" que implicó más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales en 2018.
De Pinochet a Maduro
Desde ya que las acusaciones formuladas en el Informe Bachelet, confirmadas ahora por esta comisión especial de la ONU y ratificadas luego en la reciente reunión de Ginebra, no son un rayo caído en medio de una noche estrellada.
Hace varios años que Amnesty International y Human Rights, las dos principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos vienen denunciando estos hechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo arribo a Caracas fue prohibido en febrero pasado por Maduro, denunció oficialmente en 2017 la desaparición del Estado de Derecho en Venezuela.
La Organización de Estados Americanos tiene documentado que el régimen de Caracas viola las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana aprobada por la organización en 2001. Su secretario general, el exdirigente socialista uruguayo Luis Almagro, aunque ahora separado del Frente Amplio, fue canciller de José Mujica.
Si bien Maduro y una nutrida franja de dirigentes de la izquierda latinoamericana intentan descalificar estas acusaciones con el argumento de que forman parte de una estrategia de desestabilización pergeñada por Washington, los hechos tienden a desacreditar esa argumentación.
Bachelet es dirigente del Partido Socialista chileno (el partido de Salvador Allende).
Más aún, puede ser nuevamente la candidata presidencial de la coalición de izquierda trasandina. Es experta en dictaduras: su padre fue un general del Ejército que murió torturado en la cárcel bajo el régimen de Augusto Pinochet.
Surge una paradoja histórica.
Durante las décadas del 60 y del 70, en pleno desarrollo de la guerra fría y de la acción de las organizaciones guerrilleras que reivindicaban el camino de la Revolución Cubana, la defensa de los derechos humanos fue asumida como una bandera de lucha por la mayoría de la izquierda latinoamericana en respuesta a los regímenes militares imperantes en la región.
A la inversa, los panegiristas de dichos regímenes desacreditaban a esas acusaciones y a sus portavoces por considerarlas una afrenta a la soberanía nacional y una intervención en los asuntos internos de sus respectivos países.
Todavía se recuerda la airada reacción del gobierno argentino ante el lapidario informe de la CIDH en 1979, cuando miles de exiliados de distintos países latinoamericanos, pero en especial argentinos y chilenos, encontraban refugio en la Venezuela previa a Hugo Chávez, visualizada como una “isla democrática” en un archipiélago de dictaduras militares.
La paradoja
Las permanentes denuncias de las violaciones a los derechos humanos en América Latina difundidas por la CIDH, Amnesty International y Human Rights eran calificadas por los gobiernos aludidos de instrumentos del “comunismo internacional”.
En cambio, eran recibidas con alborozo por la militancia de izquierda.
Hoy, la CIDH y esas dos entidades identifican al régimen de Venezuela como el máximo responsable de la violación de los derechos humanos en América Latina.
En un gesto equivalente a una virtual confesión de parte, en 2013 Chávez había llegado a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en 1969 y más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, para que nadie pudiese exigirle su cumplimiento.
Las respuestas de Maduro y sus acólitos latinoamericanos al “informe Bachelet” se asemejan a las invectivas de aquellas dictaduras contra las denuncias de la CIDH y las organizaciones de derechos humanos. La diferencia reside en que los partidarios de los regímenes militares, en vez de refutar esas denuncias, atacaban a la Unión Soviética y Maduro y los suyos embisten contra Estados Unidos.
En ambos casos, antes y ahora, el problema no está en lo que dicen sino en lo que ocultan.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico