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La carta de los senadores oficialistas al FMI puede leerse en distintas claves; ninguna, tranquilizadora.
El lenguaje adoptado recuerda mucho aquella noche del 23 de diciembre de 2001, cuando el Congreso proclamó el default del país. En ese momento, el presidente era Adolfo Rodríguez Saa, hoy firmante de la carta. "No es justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros". Era el corolario de una coalición de gobierno amañada, la Alianza, de la que el Frente de Todos tiene reminiscencias.
La carta es una intromisión en una gestión que le corresponde al presidente y para la cual no necesita ningún respaldo. Alberto Fernández y el FMI saben perfectamente que el país va a pagar si puede; y que a los dos les conviene que pueda.
La carta, más bien, debilita la autoridad del presidente, que actúa como si no se diera cuenta.
La primera debilidad es el engrietamiento del oficialismo, que hace difícil definir metas y pasos a dar. Pero no es una división en dos, sino en tres partes. El presidente amenaza a los acreedores diciendo que el ajuste "lo van a pagar ellos". Sergio Massa les recomienda "ir a reclamarle a los que tomaron la deuda" y los senadores elaboran un documento que parece el discurso de un dirigente estudiantil. Cada uno tira para su lado, pero las tres partes del oficialismo coinciden en algo: desconocer la continuidad del Estado. Un país que no se asume como tal no puede hacerse cargo de la catástrofe macroeconómica, que es la madre de todos los males. Si el oficialismo culpa al FMI por la inflación registrada desde 1956, es porque no reconoce que en ese período gobernó más de treinta años y condicionó a los pocos gobiernos democráticos de otros signos.
El déficit económico y social del país no da margen para la especulación. La crisis actual se remonta a cuatro décadas, por lo menos. Ni los legisladores ni el Poder Ejecutivo están en condiciones de desentenderse de la "gestación del monstruo". Pretender que la deuda actual fue fruto de un acuerdo espurio entre Donald Trump y Mauricio Macri es una forma de ocultar la duplicación del gasto público a partir de 2011, la caída progresiva de la inversión, la deuda superior a los 300.000 millones de dólares acumulada hasta 2015, la crisis enegética, la intervención del INDEC y la incapacidad de la economía de lograr competividad, eficiencia y equilibrio social.
Las perspectivas inmediatas son sombrías. Las promesas de seguir repartiendo dinero, incumplibles. De hecho, el ajuste ya empezó y no precisamente por los acreedores ni por la política, sino por los jubilados.