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Ante nuevas realidades, nuevas estrategias. La situación actual exige a los líderes que replanteen el rol que cumple el Estado; su protagonismo, su capacidad de ser un factor de impulso de la equidad y el equilibrio en los países, provincias y municipios.
En la dinámica de la realidad, los sistemas o las instituciones que eligen estancarse tozudamente con sus estructuras y prácticas, sin atender a los cambios que suceden a su alrededor, están condenadas al fracaso. En ello, debemos replantearnos desde el Estado algunas cuestiones a futuro, entre ellas la recuperación de roles y su protagonismo como principal impulsor del desarrollo.
Algo debe quedar en claro: ya no estamos en la década de los noventa, cuando una de las elecciones posibles fue dejar en manos del capital privado el manejo de algunas competencias propias del Estado, entre ellas la función de agente financiero.
Hay interrogantes que parecen tener un haz críptico o, cuando menos, extremadamente reservado. Un ejemplo de ello son los costos que todos los salteños afrontamos para que un particular sea nuestro Agente Financiero.
Cuando fui legislador le pregunté al entonces presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, Oscar Salvatierra, cuáles eran las comisiones que se pagaban a nuestro Agente Financiero. No se me precisó la cuestión en ese entonces y han pasado 21 años sin respuestas.
Las provincias tienden a recuperar roles postergados cuando desde el Estado se anuncia que se van a articular políticas de desarrollo y estimular la producción con recursos propios y ahorros.
Recientemente el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció la creación de una línea de créditos de mil millones de pesos a tasa cero que se podrá obtener a través del Banco de La Pampa, con destino a productores y comerciantes, para desarrollar lo que su provincia necesita. Es un ejemplo claro de un Estado presente en el que el ánimo de lucro no es la motivación principal.
Creo que los estados deben replantearse el manejo del dinero de quienes ellos gobiernan. No hay posibilidades de desarrollo ni de mejorar nuestros hospitales, escuelas o crear infraestructura productiva si no tenemos el libre manejo de nuestros ingresos.
El acuerdo firmado para desempeñar el rol de agente financiero vence en 2026. Son tiempos de comenzar a pensar hacia dónde queremos dirigirnos, con un Estado que direccione esos recursos hacia sus necesidades.
Si existe una Salta postergada, es el producto de que haya una Salta con privilegios, que se generaron desde la política y que deben cambiarse desde la política. Cuando leemos a los grandes intérpretes de la realidad global sociólogos, filósofos, políticos- vemos que entienden que vamos hacia un cambio de parámetros, en dirección hacia un mundo más igualitario. Joseph Stiglitz, una de esas personalidades, ha remarcado que, entre otras, una de las causas del rápido avance del COVID-19 en EEUU ha sido el tener un sector público insuficientemente financiado.
Hoy en todo el mundo, aún en las naciones que promueven fervientemente el predominio de políticas de libre mercado, la pandemia llevó a que el Estado deba intervenir como regulador de la actividad sanitaria, comercial, industrial y financiera para evitar una sinarquía en la que se impongan los intereses de los más poderosos, pues por primera vez en mucho tiempo está en juego su futuro en tanto comunidades organizadas.
Hemos retrocedido como Provincia resignando el manejo de importantes producciones, industrias y tierras que eran propiedad de salteños y que hoy responden a intereses que están muy lejos de los de Salta.
Juntos, podemos hacer mejores cosas y dar una respuesta contundente que termine con el lamentablemente añejo concepto de la Salta postergada y atrasada, que no es una entelequia sino una realidad dolorosa que se hace patente en casi la mitad de nuestros comprovincianos, hoy sumergidos en una pobreza de la que, repitiendo políticas de privilegio, será improbable que puedan salir.