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Cuando alguien llega a la cima de la montaña, sólo le queda emprender el descenso.
El éxito sanitario de las restricciones impuestas a la circulación de personas fortaleció notoriamente la imagen positiva de Alberto Fernández, catapultada en las encuestas a índices que nadie hubiera podido imaginar a principios de marzo. Pero semejante capital político, acumulado a velocidad supersónica tiene que ser invertido ahora en pagar los elevados e inevitables costos económicos y sociales de las decisiones adoptadas para contener la expansión de la pandemia. Quiso el azar, o tal vez la lógica implacable de los hechos, que esta instancia crítica coincida en el tiempo con la definición de la encrucijada estratégica originaria que atravesaba fatídicamente el gobierno de Alberto Fernández desde su asunción y antes de la irrupción de la pandemia: la renegociación de los vencimientos de la deuda pública argentina, en particular con los tenedores de bonos amparados en legislación extranjera.
El famoso "paso a paso" de Reinaldo "Mostaza" Merlo, transformado en un "día a día" en la gestión gubernamental, llegó para quedarse por un período todavía indeterminado. Ese reino de la provisoriedad sólo puede traducirse en una mayor dosis de incertidumbre. La cuestión ya no es quejarse por su existencia, sino ver cómo convivir con ella.
Cristina Kirchner tomó debida nota del deslizamiento de poder registrado en la coalición gubernamental a partir del fortalecimiento de la imagen presidencial y ensayó una estrategia para retornar al equilibrio de fuerzas anterior a la crisis sanitaria, lo que en los hechos implica dinamitar los acuerdos alcanzados con sectores de la oposición.
El lanzamiento del controvertido proyecto de ley de impuesto de emergencia a las "grandes fortunas" constituyó el punto de partida de esa contraofensiva en curso. Resultó entonces natural que esa iniciativa fuera encarnada por Máximo Kirchner, quien además preside el bloque de diputados nacionales del oficialismo. De esta forma, Fernández volvería a quedar prisionero de la hegemonía de Cristina Kirchner dentro de la alianza oficialista, un cepo del que sólo podría liberarse, aunque sólo sea parcialmente, a partir de la profundización de esos mismos acuerdos torpedeados desde el "kirchnerismo". Jaqueado en su frente interno por esa contraofensiva de su vicepresidenta, Fernández intentó negociar sus alcances. Para ello, buscó afanosamente morigerar los términos del impuesto proyectado. A tal efecto, tomó distancia del texto y utilizó un argumento tan endeble como que el tema impositivo es una facultad constitucional que corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo.
Simultáneamente, Sergio Massa acudió en auxilio de Fernández y sostuvo que el oficialismo parlamentario no debe aprobar ningún proyecto de reforma del sistema impositivo que no cuente con el aval del Poder Ejecutivo.
La intención presidencial es que la pulseada culmine con la aprobación de una ley de contenido "ultralight" que permita al "kirchnerismo" reivindicar un triunfo político de carácter simbólico y el regreso de la ex mandataria a la escena pública pero su "letra chica" no triture el sistema de acuerdos con la oposición política y los sectores empresarios. Fernández apela, además de la colaboración Massa, al auxilio de los otros dos socios políticos más significativos de la coalición gubernamental: los gobernadores peronistas y las organizaciones sindicales.
Pero ese round, posiblemente empatado, puede haber sido el primero pero no fue el último.