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La realidad económica impuso que el Gobierno provincial se saque las botas de plomo con las que se vino transitando la cuarentena para poder alcanzar y al menos llegar a ponerse a la par de los hechos. La habilitación de la actividad comercial con atención al público en la capital salteña era necesaria y urgente. No solo por la agonizante situación de centenares de pymes, que con cada día del aislamiento social se entierran más profundo en un pozo del que les vas costar salir e incluso va a dejar a muchas bajo tierra, sino también por la propia supervivencia del Estado, cuya recaudación tributaria quedó en la mínima expresión.
Según datos aportados por el Ministerio de Economía a legisladores, en abril los ingresos de Rentas provincial cayeron un 40% interanual.
Si bien la liberación de los comercios llega por los destacables aciertos de las medidas gubernamentales para evitar con éxito que en Salta exista circulación viral del COVID-19, no puede dejarse de lado que no quedaba otro camino que exceptuar del confinamiento lo más rápido posible a la actividad que mayores recursos y empleos genera en la provincia. Por ello es que la decisión se tomó de manera rápida e intempestiva. Ningún funcionario, ni el propio gobernador, había dado señales, hasta la entrevista que concedió el lunes a El Tribuno, de que se iba a reactivar en lo inmediato el sector comercial. Más bien se estaba en un modo de "análisis" y prudencia.
Salta no es Nueva York, Madrid o Ciudad de Buenos Aires, donde las reservas permiten sobrellevar de mejor manera la coyuntura de la pandemia. Es una de las provincias más pobres de Argentina. El aglomerado Salta (capital y alrededores) cerró 2019 con el segundo mayor índice de pobreza. El 45,5% de la población no llegaba a satisfacer las necesidades básicas y se entiende, la lógica lo marca, que ahora la cantidad de personas en esa condición debe ser mucho más. Ni hablar en las localidades del norte y este provincial, donde los indicadores sociales y económicos se pueden comparar con las regiones más postergadas de África.
Los comerciantes salteños venían de un año con fuertes pérdidas de ganancias, despidos de empleados (600 formales solo en la capital) y cierres de locales. Cuando la actividad empezaba a brindar un panorama de recuperación a comienzos de este año, la enfermedad del coronavirus vino a atropellar todas las ilusiones. Solo el 14% de los asociados de la Cámara de Comercio e Industria de Salta pudo pagar los sueldos de marzo completos y los salarios de abril, que en estos días se abonan, tendría peores porcentajes.
El titular de esa cámara empresaria, Daniel Betzel, dio a conocer que la mayoría de las pymes no pudo acceder a los préstamos bancarios para pagar sueldos.
El 8% de las empresas locales obtuvo un crédito para cumplir con sus empleados (con una tasa del 24%) y otro 21% esperan llegar al préstamo. El resto está en la nada misma y sus empleados, peor. A los trabajadores que no tuvieron actividad en este tiempo se les reducirá un 25% del salario por un convenio entre el sindicato que los representa con los dirigentes comerciales, en el cual a los bancos, que nunca pierden, ni se los menciona.
Los comerciantes y trabajadores del rubro que están afuera de todos esos planes y que solo figuran en las planillas de informalidad laboral del Indec están aún más a la deriva y son la misma cantidad de personas que las que están en blanco. Salta tiene el mayor índice de empleo en negro del país: alrededor del 50% de los trabajadores están en esa situación.