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La destrucción del tejido social durante la pandemia repercute en los niveles de pobreza y vulnerabilidad que de a poco emergen de la cuarentena. Los esfuerzos inéditos en términos fiscales en todo el mundo dan cuenta de la gravedad de la situación.
Mientras en Argentina se dedica un 2% del Producto Bruto Interno en equipar al sistema de salud y sostener el empleo y el consumo, en Europa -con otra capacidad fiscal- la media de inversión es del 4%.
En otras palabras, el Estado como garante de la salud, economía y bienestar de la población no jugaba un rol tan preponderante desde la Segunda Guerra Mundial. Las razones de los rescates por la pandemia son obvias. Un panorama en datos de este año describen la magnitud del problema: 17.6 millones de infectados, 680.000 muertes, caída de la economía mundial del 4.9% (en abril, el Fondo Monetario Internacional predecía una caída del 3%), y una proyección de entre 71-
100 millones extra de personas en situación de pobreza extrema (en abril, el Banco Mundial predecía 60-80 millones). Solo para América Latina, la CEPAL (organismo de Naciones Unidas) predice una caída del 9%.
La dimensión de la crisis
Ahora bien, ¿qué significan estos números y cifras en el día a día de un país o en aquel que lee esta columna?
Significan, dolorosamente, la pérdida de condiciones y oportunidades para emprender, trabajar, estudiar y vivir por fuera de la ansiedad del presente.
En este contexto de dificultad cúlmine y de desesperación para el 40% de la población bajo la línea de pobreza, y la golpeada clase media, plantear un debate sobre inequidad y grandes riquezas no es sólo necesario, sino también es un imperativo ético como sociedad.
Muy posiblemente en el escenario asiduo actual de grieta en todos los ámbitos de la vida Argentina, la discusión termine empantanandose en cuestiones ideológicas o partidarias que nunca llegan al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es debatir las razones y efectos de la extrema inequidad en Argentina, la región y el mundo; el rol de la inversión pública, la transparencia fiscal y la debida rendición de cuentas en el esquema tributario.
Por eso, esta columna no se fundamenta desde lo político -aunque sea siempre un inherente necesario- sino más bien desde la realidad, y en datos. Un panorama global desde los estudios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Credit Suisse, Forbes, Oxfam y académicos de la talla de Thomas Piketty muestra que en 2019, diez personas tenían un patrimonio y riqueza equivalente a dos Argentinas, un Taiwan y medio, una Arabia Saudita y veinte Bolivias. A enero de 2020, 2153 personas tenían un patrimonio y riqueza equivalente a 4.600.000.000.000 personas, el 60% de la población mundial.
En Latinoamérica, ya en contexto de pandemia, entre marzo y julio, la riqueza de las 20 personas más ricas de la región creció en US$413 millones de dólares por día. Sí, leyó bien: por día. En Argentina, la riqueza y patrimonio combinado de sólo cuatro personas creció de US$8.8 mil millones a US$11.2 mil millones. Mientras tanto, en Salta, los datos del segundo semestre de 2019, daban 41,2% de pobreza, por encima de la media nacional de 35.5%. La actualización de estos datos pospandemia serán duros de leer y dolorosos de analizar su impacto en la niñez, adultos mayores, mujeres, y poblaciones originarias, entre otros.
Lo impostergable
Ante este escenario desolador como impresionante, la pregunta sobre la eficacia, estabilidad y arquitectura del sistema tributario debe ser puesta en debate. Es verdad que algunos comentaristas aludirán a la ineficacia y poca credibilidad en el Estado para dar una respuesta justa y equitativa a quienes producen riqueza para el país. Esa pregunta es parte del debate.
Lo que no debería ser impostergable, más aún ante la catástrofe de la pandemia, es conformar un consenso sobre la extrema riqueza y rol en la brecha entre los que tienen y no tienen. Es una cuestión de calidad de vida, y que tipo de sociedad queremos ser. Las cifras totalmente inmorales del párrafo anterior deberían ser justificativo suficiente para entablar un análisis serio y a largo plazo para crear mecanismos fiscales y tributarios justos. Este llamado a la acción ya se hizo eco en grandes partes del mundo, y se acrecentó en países que ya supieron dar una respuesta parcial al problema, como los países nórdicos. En julio, 83 millonarios de siete países agrupados en lo que llamaron "Millonarios para la Humanidad" demandaron en una carta abierta a sus gobiernos a subir la carga impositiva personal y de sus empresas. Acudiendo al concepto de solidaridad y alarmados por la inequidad global, insisten en que esos fondos sean utilizados para reparar la economía pospandemia y para abonar un plus salarial a los trabajadores de la salud, en especial a las mujeres.
El FMI en su último reporte regular sobre el estado de la economía mundial, reclamaba creatividad fiscal e impositiva a todos sus países miembros, empezando por un "impuesto solidario" a la riqueza y renta. El mismísimo Foro de Davos impulsaría la introducción de un impuesto progresista a la riqueza. Un impuesto que desapareció de la estructura tributaria en Europa con dicho impuesto presente en 12 países en 1990 a solo 3 en 2018.
El último estudio global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con datos de la Argentina incluidos, también recomienda la introducción de impuestos progresistas a la riqueza patrimonial, ya sea individual o corporativa. El informe Tax Policy Reforms 2020 dice: “se recomienda mantener los apoyos fiscales el tiempo que sea necesario para impulsar la recuperación y evitar caer en la trampa de la austeridad”. En la actualidad, 10 países - entre ellos Argentina - poseen propuestas para la creación de un impuesto a las grandes riquezas. El Reino Unido, con un gobierno liberal de derecha, seriamente considera romper su promesa de campaña para paliar la crisis fiscal por el coronavirus. Recordemos que en el Reino Unido, la sexta economía del mundo, durante la pandemia, 3 millones de personas no pudieron acceder a más de una comida por día. En España, Italia, Suiza, Rusia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador las propuestas de un impuesto único o continuo a las grandes riquezas rondan entre 1 al 9% al patrimonio personal o corporativo. Lo que estas propuestas develan es lo que economistas como Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, Thomas Piketty y Jayati Ghosh postulan hace décadas: el crecimiento de la inequidad global pone en riesgo la capacidad de reducir la pobreza, dinamizar la economía y el consumo, y proteger al ciudadano de catástrofes como el coronavirus.
Por ello, y queriendo saltar la grieta absurda en la Argentina, el proyecto de ley presentado para crear un impuesto único a las grandes riquezas de 12.000 personas (menos del 1% de la población total), debería ser tratado con la seriedad que el tema requiere, sabiendo que el contexto de la pandemia necesita una respuesta urgente. Ese debate debe ser transparente, cívico y con la capacidad técnica de debatir con claridad su posible implementación. Los griegos ya conocían de este tema cuando en el 431 AC instrumentaron la “eisphora”, un impuesto extraordinario un impuesto extraordinario a los atenienses más ricos para paliar una crisis que afectara a toda la polis. Será tiempo, en 2020, de aprender de la historia y reinventar el presente para un futuro mejor.