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Desafortunadamente, el 2021 no parece ser muy diferente al año que pasó. La pandemia de COVID-19 sigue siendo el factor primordial de riesgo en nuestras vidas, como en la economía, la educación, la sanidad, la industria, y la capacidad de los gobiernos de emprender una gestión planificada y al servicio del ciudadano.
Sin ir más lejos, en Salta se registra un incremento de casos desde diciembre 2020 a enero 2021, con cifras que ya sobrepasan los 23.000 contagios y 1.000 muertes.
La mayoría de los aglomerados urbanos de la provincia están en niveles altos o medios de circulación del virus. En este contexto, cada fallecimiento es una tragedia -a veces- evitable.
La confusión
La pandemia significa en Salta un cambio de época acerca de la relación entre la ciudadanía y la salud pública como institución; también es disruptiva en la relación con el futuro del trabajo y la dependencia de nuestra provincia del sector turístico.
La pandemia es un evento de tal magnitud que debería tomarse con la seriedad que implica. En esto, hablamos de la capacidad de la ciudadanía de adoptar comportamientos de cuidado, los gobiernos de ofrecer políticas públicas de acceso y acompañamiento, y el sector privado innovando en procesos, servicios y responsabilidad social. Cada sector de una comunidad organizada juega su parte y en varias oportunidades surgió resultado. Aun así, inclusive con el programa de vacunación en camino, la necesidad de tomarse la pandemia en serio es imperativo para evaluar y mitigar riesgos al individuo y la sociedad. Y no habrá momento más importante para mitigar riesgos que en las elecciones provinciales donde elegiremos a 12 senadores, 30 diputados, 343 concejales y el intendente de Aguaray.
A contramano de este cuadro de situación, el decreto 39/21 del Gobierno de Salta llamando a elecciones en julio, utiliza a la pandemia como excusa y no como fuente del riesgo que representa.
La metodología de políticas públicas electorales nota la necesidad de analizar qué condiciones son las más favorables para motivar participación ciudadana. Parte de este análisis, quizás una de las aristas más importantes, es la confianza que tiene el votante hacia el gobierno como organizador del proceso electoral. En la situación del decreto 39/21, con la previa cancelación de las PASO provinciales, el votante está en su derecho de exhibir confusión e intentar crear sentido en la respuesta confusa que percibe del sistema político salteño.
La confusión nace desde los argumentos de que la pandemia crea un contexto de excepcionalidad extrema que pide suspender el proceso normal a uno creado particularmente para esta situación de anormalidad.
Mirando alrededor
Ya no será posible la aglomeración de multitudes, utilizar espacios cerrados, motivar movilizaciones y traslados masivos, erogaciones económicas prepandemia para financiar el proceso electoral, y se intentará evitar cualquier actividad que incremente el riesgo de transmisión del coronavirus.
Lógico, estas estrategias de prevención del riesgo en un proceso electoral es lo que países como Chile, Bolivia, Estados Unidos, Honduras y República Dominicana pusieron en marcha durante el 2020. Sí el objetivo de un proceso electoral en medio de una pandemia es motivar la participación ciudadana junto con los máximos cuidados para prevenir más muertes por COVID-19, entonces la decisión del Gobierno de Salta parecería, más bien, tomar la pandemia como excusa para fines político - tácticos.
Veamos algunos ejemplos de la disonancia entre las posturas de prevención de riesgo versus cálculo político.
El primer ejemplo tiene que ver con la relación obvia entre el riesgo de aglomeraciones en espacios cerrados y la propagación del virus.
Con el argumento, y razón válida para proteger al sistema de salud pública, se sancionó la Ley 8.825 suspendiendo las PASO provinciales. En parte, la suspensión fue justamente para evitar movilizaciones adicionales en campaña, durante la votación de las PASO y en las generales.
Ahora bien, si el objetivo es reducir el riesgo de contagio por aglomeración, y por ende suspender las PASO provinciales, ¿no tendría sentido unificar la fecha de las elecciones provinciales con las nacionales?
La unificación de fechas reduciría el riesgo de contagio, enfocaría esfuerzos de cuidado, y otorgaría a la población la seguridad de ejercer su derecho con eficacia. De igual manera, si la intención del gobierno es promover acciones públicas que minimicen el riesgo de contagio, ¿por qué se llama a elecciones durante el mes de julio, el mes más frío del año, según el Servicio Meteorológico Nacional?
Dado como está estipulado en la Ley 8.825 que modifica a la ley electoral 7.697, existe la facultad de llamar a elecciones durante épocas más cálidas sin tener que promover grandes modificaciones al calendario electoral. Entonces, sí la unificación y la fecha de las elecciones a meses más cálidos es posible, y hasta deseable desde el punto de vista de mitigar el riesgo de coronavirus, ¿cuál es el análisis que hacen los funcionarios públicos del gobierno para promulgar el decreto 39/21? Como acto público de gobierno, uno esperaría que las decisiones se tomaran en función del bien público y sin consideraciones tácticas-políticas que sobrepasan la necesidad de garantizar el acceso a la salud.
El argumento político empleado durante las últimas décadas en Salta radica en la necesidad de provincializar la elección, focalizando sobre temas netamente locales sin la distracción de agendas nacionales. Desde el punto de vista de estrategia política, este argumento puede ser válido en un contexto “pos-COVID” de “nueva normalidad”, jamás en medio de la pandemia, y en pleno invierno.
* Segundo, el argumento económico. Suspender las PASO provinciales es un ahorro para Salta al disminuir los costos asociados a la organización del comicio de las primarias y de las generales. En un contexto de pandemia con una caída del 12,5% de la economía a nivel país, e índices de desarrollo humano desesperantes en Salta, reasignar esos recursos a programas de apoyo social durante la pandemia es lógico, y deseable. Pero, tanto la Ley 8.825 como el decreto 39/21, hacen referencia al uso del voto electrónico por 500 millones de pesos en el Presupuesto Provincial 2021 recientemente aprobado. Ahora bien, este autor cree que el voto electrónico como política de estado en Salta es una innovación que debe ser parte de cada elección. Pero, las elecciones de 2021 no transcurren en un contexto de normalidad. Por ende, si el objetivo -aparte del sanitario- es ser fiscalmente responsables durante un terremoto económico como lo es la pandemia, la erogación de 500 millones de pesos parecería excesiva en medio de una crisis inigualable. Entonces, nuevamente, ¿cual es el análisis económico que hace el gobierno del costo de una elección por duplicado cuando los recursos no sobran en Salta?
* Por último, el argumento más importante, el político. Los artículos 2, 3 y 9 de la Ley que suspende las PASO provee a agrupaciones políticas con la posibilidad de revitalizar su vida interna. Aun con pandemia de por medio, la literatura académica (ver por ejemplo Landman & Splendore, 2020) demuestra que la vida interna e institucional de los partidos políticos se correlaciona con sus chances de triunfar en las urnas. En Salta, este período de enfoque interno puede significar la reforma de Cartas Orgánicas, elecciones internas para seleccionar candidatos, el armado de frentes electorales y la presentación de propuestas políticas superadoras a la ciudadanía. Repito: este enfoque debería ser prioridad aun con PASO y sin pandemia. Ahora bien, ante esta oportunidad, las declaraciones públicas de referentes de los partidos políticos más importantes de Salta, demuestra la tendencia de limitar la vida interna para la elección de candidatos a un proceso más bien express, ejecutivo y poco participativo. Quizás, lo que las PASO forzaba dentro de un desorden, es mejor que la arbitrariedad. También, en el afán de desarrollar procesos internos superadores, la realidad es que los partidos políticos en Salta atraviesan una crisis de representatividad, de institucionalidad, de identidad y de capacidad técnica para ofrecer una plataforma electoral superadora. Por ello, en vez de utilizar el contexto de pandemia para instruir con políticas públicas la profesionalización de la política, el decreto 39/21 motiva una regresión en la calidad institucional del sector político en Salta.
Claramente, el cálculo político - electoral actual predice la concentración de la oferta, la imposibilidad de distinguir plataformas electorales, y la confusión del electorado que intentará -inevitablemente- entender su contexto provincial con el nacional, yendo, desgraciadamente, y con riesgo de contagiarse de coronavirus, a votar dos o tres veces en este 2021.
* Mg. Políticas Públicas; codirector Jiménez - Buttazzoni Consultoría