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Cada femicidio es un fracaso, nos dice Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
El caso de Úrsula nos obliga a mirar de frente ese fracaso que es multinivel: es un fracaso de la justicia, de la institución policial, de las políticas públicas. Un fracaso de la coordinación del Estado que, recordemos, tiene el deber de garantizarnos una vida libre de violencias.
Úrsula Bahillo denunció al menos 17 veces a su victimario, quien tenía gravísimos antecedentes de violencias y abusos. Horas después, en Jujuy, Rosita Patagua era asesinada también a puñaladas por su ex pareja que había sido liberada en enero por el juez Pullen Llermanos, el que decidió ignorar las amenazas de muerte y los informes psicológicos negativos.
Úrsula, Rosita, y otras como Paola Tacacho en Tucumán, eran víctimas anunciadas. ¿No las vimos, no las escuchamos? ¿Los sistemas institucionales que se pensaron para protegerlas no funcionaron o no son adecuados para lograr sus fines?
Los casos como el de Úrsula, Rosita o Paola se multiplican en la tragedia de los mas de 46 femicidios en casi dos meses que lleva este año.
Fracasa el modelo de gestión de las situaciones de las violencias tal como está diseñado. La interinstitucionalidad fragmentada con la que abordamos las situaciones resulta un esquema deficitario que no evita la tragedia diaria de mujeres asesinadas.
La complejidad del fenómeno de las violencias desborda no solo las herramientas usuales que se utilizan dentro de las distintas áreas sino también las respuestas tradicionales con la que resolvemos los demás problemas: los femicidios no se asemejan a cualquier delito, reconocen un potente sustrato cultural de desigualdad que además debe ser revertido con insistentes políticas educativas y de prevención. Es imperativo revisar los modelos que aplicamos.
El sistema institucionalmente fraccionado en compartimentos en general desarticulados, cuando funciona, genera respuestas cerradas y estandarizadas: policía toma la denuncia y deriva, justicia dicta medidas de protección. Estas respuestas no siempre son aptas para eliminar el riesgo de vida de las mujeres que lo activan, ni tampoco logran mirar de modo integral el contexto y la situación de cada caso.
Si acercamos el lente a los casos recientes, las fallas se repiten: la policía muchas veces es reticente en recibir las denuncias. Una vez que las recibe, no las deriva a la justicia o bien lo hace con dilaciones inadmisibles. Es evidente que las capacitaciones en materia de género y violencias no tienen los resultados que se esperaban. ¿Se mide el impacto de estas capacitaciones? La ley Micaela no alcanza: es un paso mas, pero no suficiente.
Las falencias patentes en el caso de Úrsula, cuya última denuncia fue rechazada por la comisaría bonaerense por ser fin de semana, se repiten en tantas otras. En algunas comisarías salteñas minimizan la importancia de las denuncias de mujeres en peligro y no existen consecuencias para los remisos.
Cuando la policía logra coordinar con la Justicia, las respuestas a la víctima llegan bajo la forma de medidas de protección estandarizadas, ciegas en cierta forma al riesgo real en la que se encuentra quien denuncia. En este esquema, es inquietante admitir que las medidas de protección son efectivas para tranquilizar a quienes las dictan y las diseñan, pero no alcanzan para proteger a todas las víctimas.
Si existen seguimientos en algunos casos, no son efectivos. Tampoco lo son los controles del acatamiento de las medidas de protección. Depositamos en las mujeres atemorizadas la carga de alertar el peligro inminente.
En materia de violencias contamos con leyes adecuadas y modernas, creamos instituciones destinadas al tema, diseñamos capacitaciones específicas, políticas públicas, asignamos presupuestos como consecuencia de un movimiento de mujeres alerta que sostiene el tema en la agenda pública.
Sin embargo, el desafío urgente es pensar respuestas dinámicas y exigir articulaciones efectivas entre las instituciones estatales, celeridad y agilidad en las derivaciones y en las decisiones, monitoreos permanentes de las medidas que se dicten, sanciones a quienes no respondan con la rapidez y compromiso necesarios.
Tal vez es hora de un nuevo modelo de gestión de las violencias que sea capaz de hacer foco en el riesgo en el que se encuentra la mujer que busca protección a través de la denuncia y que supere las fragmentaciones del sistema que se ofrece hoy como respuesta estatal.
Reformular el sistema institucional vigente en uno integral, dinámico, con capacidad de evaluarse de manera crítica y rediseñarse, de revisar competencias y ajustarlas. Un sistema capaz de aprendizaje institucional. Por ello es clave el compromiso y la capacidad técnica y profesional de los/las agentes de cada área involucrada.
Toda mujer que denuncia está en riesgo y se debe activar de manera automática, urgente y, sobre todo, integral, una protección efectiva del Estado. Es un ineludible deber del Estado y requiere el compromiso activo de todos/as.
* La autora es Consejera de la Magistratura en Salta y docente en la Cátedra Feminismos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán