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El derecho ha sido el mayor dispositivo de transformación social desde por lo menos la ley de las doce tablas: el régimen civil de Roma, el privado de las repúblicas libres italianas (y Amsterdam), el internacional público de España (y Grocio), y el administrativo en Francia. Aportes paradigmáticos en esa larga lucha cultural de los hechos al derecho.
La salud institucional de un país se mide certeramente desde esa óptica: cuando el derecho deja de ser un elemento de cambio cultural y social, y deviene una herramienta de manipulación, pues todo está dicho.
El estado de derecho deja paso a otro patológico de desviación de poder. Eso es la Argentina de hoy. Para un buen análisis toca poner la lupa en el derecho público, y en particular en tres ítems que lo evidencian todo: el régimen electoral, la ley de presupuesto y el mercado cambiario.
Una ley electoral es la base del sistema democrático, por la sencilla razón que condiciona la formación de la opinión pública y la soberanía popular. Es por eso que exige la vara más alta de previsión y de concertación política. Cambiar las reglas de juego en la víspera de una elección es mucho más que un amaño picaresco de menor calibre: es un atentado contra la rotación esencial del poder.
La ley de presupuesto es la ley de leyes, la autorización para gastar que hace el Congreso al Ejecutivo cada año, fijando con precisión los ingresos y erogaciones de toda la sociedad (los dineros públicos del Estado).
Instalar como costumbre la subestimación de la inflación, para escapar al control del Congreso por lo que luego se recaude como consecuencia de la inflación real es mucho más que una trampa: es un atentado al control del poder. En pocos meses se han creado al menos once tipos de cambio. Ya no es un cepo sino un régimen esquizoide, que asfixia y libera desde la arbitrariedad, sin otro criterio que la capacidad de mejor llegada informal al poder. Algunos pierden dimensión y se contentan con un equilibrio intrínsecamente inestable, que está instalando una bomba cada vez más difícil de desactivar. Es mucho más que picardía política: es un atentado al bienestar general, a la propiedad y a la igualdad bien entendida ante la ley.
Es triste, pero somos un cuerpo social enfermo, anestesiado ante hechos de gravedad institucional mayúscula. Saber analizar exige una mirada compleja: no puede limitarse a la coyuntura política, porque después vienen las quejas desde la inmadurez, que pretende que hay soluciones mágicas e inmediatas para un problema que es ontológicamente cultural, definido por una tendencia constante a la anomia. La base del futuro pasa por redefinir la relación de la ley con los hechos, especialmente desde el derecho público. Las normas deben establecer un marco para la libertad a través del Estado, y no un marco para que el Estado asfixie la libertad.
Esta debe ser la base y el punto de partida para el gobierno que viene. Si no entendemos esto, vamos a persistir en el círculo perverso del eterno retorno argentino.