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Los hechos de violencia que se vienen sucediendo y agravando en la Patagonia desde hace al menos una década, provocados por organizaciones como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) o la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), afectan profundamente los derechos de los habitantes de la región. Además, apoyados por sectores políticos, dentro y fuera del actual oficialismo, generan un clima de anarquización política y profundizan la decadencia social y económica.
El desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en lago Mascardi, fue realizado el martes pasado por las fuerzas federales, por orden judicial y luego de casi un año de ataques a los vecinos y a la Gendarmería.
El operativo se desarrolló en el marco del orden legal y con acuerdo entre las autoridades nacionales y la gobernadora Arabela Carreras. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández creó para el caso un comando específico integrado por efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Fue, en mucho tiempo, la primera reacción responsable del gobierno ante el desafío que representa para la soberanía nacional la presencia de organizaciones violentas, que quieren fundar la "nación mapuche". La tierra que pretenden "territorio sagrado" y "región usurpada por los Estados de Argentina y Chile" abarca desde el sur del río Bío-Bío (Chile) en Argentina desde los ríos Colorado y Salado hasta el estrecho de Magallanes. La ambigüedad del kirchnerismo frente a estas organizaciones se había puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades, incluso con la reciente defensa del embajador Rafael Bielsa a favor del dirigente de la RAM Facundo Jones Huala.
Por eso, el desalojo en Mascardi produjo una nueva crisis en el seno del oficialismo cuyo punto culminante fue la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. También abundaron las críticas de la organización La Cámpora y del activista Juan Grabois, quien impulsa la organización de los "trabajadores de la economía popular" y propone una "repoblación del territorio argentino"
Gómez Alcorta fue abogada de Jones Huala, actualmente prófugo de la Justicia. Su detención, cinco años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, generó incidentes graves que derivaron en la muerte de Santiago Maldonado, a quien pretendieron presentar como víctima de una "desaparición forzada".
La ministra, que presentó ahora su "renuncia indeclinable", se define militante en la causa de los pueblos indígenas. Esa militancia la llevó a defender a la activista jujeña Milagro Sala y a descalificar el sistema jurídico argentino, comparando este caso con detenciones arbitrarias ocurridas durante la dictadura.
El texto de su renuncia incluye un desconocimiento a la autoridad de la jueza federal Silvina Domínguez -, que ordenó siete detenciones y el traslado de cuatro mujeres al penal de Ezeiza-, al Gobierno del que forma parte hasta que no se le acepte formalmente la renuncia, y sobre todo, a las denuncias de las víctimas de las violentas usurpaciones.
La resistencia mapuche va a seguir y es la manifestación más grave de un fenómeno político con perspectivas anarquizantes. Los miembros de las comunidades originarias son ciudadanos de los Estados que habitan y gozan de los mismos derechos que sus compatriotas. El reconocimiento de los derechos especiales de los pueblos originarios no incluye, en ninguna legislación vigente, la habilitación para ocupar tierras privadas ni del Estado, aunque le imponen a ese Estado la obligación de asegurar la calidad de vida a cada una de esas comunidades.
En un país donde prolifera la marginalización y la indigencia, los gobiernos nacional y provinciales deben defender con todos los instrumentos legales la seguridad jurídica y social. Ninguna economía puede salir adelante si quienes producen, trabajan, generan empleo y pagan los impuestos no reciben garantías suficientes para invertir, innovar y dinamizar la actividad.
Admitir las usurpaciones de tierras y la violencia pone en crisis el Estado de Derecho. Las autoridades nacionales no las deben tolerar - como lo venían haciendo hasta ahora - sino que deben exigir el cumplimiento de ley y la vigencia de los derechos humanos, que son los mismos para todas las personas.