inicia sesión o regístrate.
Hubo en la marcha convocada por el oficialismo contra la Corte Suprema una apelación al sistema cesarista de gobierno, basado no en una democracia representativa a través del voto, sino directamente aclamativa, la de la ovación y el triunfo.
El derrotero de las coaliciones políticas en la historia argentina es desafortunado. La actual coalición de gobierno es original: no ostenta el poder quien detenta los votos; el que lo hace está sometido a un raro cuarto poder de aprobaciones tácitas, mediante misivas, tuits o silencios. Hay una tensión que revela el histórico dilema, y, en la confusión, no se sabe quién decide.
Esto explica contradicciones tan grandes como un entendimiento con el FMI y una marcha heterogénea contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin consensos internos.
Pero no es solo una fisonomía política novedosa. Hay más. Todo el ideario que durante años ha dado apoyatura al sector predominante de la coalición es el del Carl Schmitt. Para muchos (con Kelsen) el último gran jurista; para otros un hombre sin ética, que fue ni más ni menos quien dio justificativo jurídico al nazismo. Vale la pena indagar su pensamiento: aunque les cueste reconocerlo, todos son notas al pie o interpretaciones actualizadas del filósofo alemán.
Lo más importante de la tesis schmittiana tiene hoy un punto de partida fallido. Construye su sistema de pensamiento sobre una doble premisa que está ausente: legitimidad basada en al menos más del 50% del apoyo popular y un líder carismático.
Es una apelación al sistema cesarista de gobierno, basado no en una democracia representativa a través del voto, sino directamente aclamativa, la de la ovación y el triunfo. Entre las consecuencias se destaca una incomprensión del sistema de división de poderes, en un esquema en el que la Justicia es vista como "aristocracia de la toga", una astucia del liberalismo.
La marcha contra uno de los poderes del Estado, el hilarante "law fare", hasta la instauración del narcotráfico desde los organismos multilaterales se explican cuando se enmarcan en este ideario. La voluntad de todo un pueblo puede hacer justo hasta lo que es injusto, lo demás son cuentos chinos. Cuanto menos, no es válido el control por un poder que no es elegido por el pueblo, que pretende ser neutral en contra de los intereses populares. En definitiva, en esta visión el ordenamiento jurídico no es un acto de saber sino de poder.
Si por un minuto nos detenemos a pensar en la historia, no es difícil advertir que el futuro inmediato no es halageño. Una coalición de gobierno en ebullición, con su actor principal que no ocupa el poder y ha decidido emprender el uso de la acción directa para el que no tiene legitimidad ni en su propia teoría. Que deja hacer, pero calla su desacuerdo, esperando su mejor oportunidad. Es mucho lo que está en juego: el equilibrio de poderes, porque solo el poder contiene al poder.