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La Argentina sufre de inflación. La de la economía es un síntoma más, de aquella otra que es causa causarum, más densa, que afecta con su hinchazón, sus excesos y desvaríos, la totalidad del cuerpo institucional del país.
No es un esfuerzo fútil por buscar causalidades infinitas. Es que en un país institucionalmente enfermo todo está relacionado con todo. Y como decía Gramsci, en ese interregno entre un mundo que no termina de morir y un mundo que no termina de nacer, ocurren todo tipo de incongruencias, los peores dislates. En esa vigilia estamos, en plena resaca después del fin de la ilusión de los ábrete sésamos y las varitas mágicas, volviendo al primer casillero de siempre.
¿Qué tendrá que ver el Consejo de la Magistratura con una inflación económica galopante? Es difícil el vínculo, pero es central para entender cómo pasar al casillero siguiente, de una vez. El análisis de su anatomía y lo que está ocurriendo en su seno permite trazar un diagnóstico.
El Consejo
Para muchos el Consejo fue parte del precio para justificar uno de los peores desvíos, la reelección presidencial instaurada en 1994. Nació con un mal nombre y un propósito fundamental para la salud institucional del país: reemplazar el sistema de designación de los jueces a dedo en la comisión de acuerdos del Senado.
Si le sumamos la remoción de los magistrados (y el manejo de la caja del Poder Judicial) estamos hablando del corazón del sistema.
Representó un paso bienintencionado a la estabilidad institucional, tan importante como la ansiada estabilidad monetaria. Y la relación entre esos dos pilares es más que estrecha: si la Justicia anda bien, aunque todo ande mal, todo puede andar bien; si la Justicia anda mal, nada puede andar bien.
Esa verdad de Perogrullo lo explica todo: la Justicia, como único poder no político, es la base de todo el edificio, aunque no se note en la coyuntura.
Una Argentina atravesada históricamente por el patrimonialismo colonial del que no nos podemos despojar lleva a los ocupantes ocasionales del poder al convencimiento de que el Estado es de su propiedad, provocando una tergiversación tan grande que creen que son las instituciones, no sus representantes. De ahí a cambiar el principio filosófico de identidad, un paso: la emisión monetaria descontrolada no causa inflación y los jueces no son ni pueden ser ni competentes ni independientes: tienen que ser propios, porque como sentenció uno ya jubilado, con aires de arrabal y en plan de mensaje: "Los funcionarios son como el tuco; un día están arriba de la pasta, pero al otro abajo ...".
El mal
El mal que sufre el país se cura con competencias morales y técnicas elementales, pero sobre todo con respeto irrestricto a la ley. Sin la improvisación del que se niega a cumplir un fallo de la Corte Suprema y que recurre al manotazo de ahogado de un juez dispuesto a cualquier cosa. Y sí, nuestra inflación no es solo de precios, también de arbitrariedades.