inicia sesión o regístrate.
La eyección de Matías Kulfas marcó el punto máximo (por lo menos hasta ahora) del vaciamiento del poder presidencial que signa hoy el escenario político. Si hiciera falta algo para calibrar su significado, baste recordar que, horas antes de difundirse el texto de la renuncia el secretario de la Agencia Federal de Información (AFI), Agustín Rossi, afirmó que el acto de celebración del centenario de YPF, donde la vicepresidenta amonestó públicamente a Alberto Fernández, había sido "una muy buena puesta en escena que afloja las tensiones de aquí en adelante" y subrayó también que Kulfas es "el economista que mejor expresa el pensamiento del Presidente".
Con independencia de los ingredientes que colorearon este episodio, el conflicto exteriorizó una cuestión estructural que golpea a la economía argentina. El déficit energético exige la erogación de miles de millones de dólares anuales para la compra de combustibles a un precio que aumenta por la guerra de Ucrania, torna inviable el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI y hace que, pese a que el mismo conflicto permite que las exportaciones agroindustriales (por valor, no por volumen) alcancen en 2022 un récord histórico, la Argentina sufra un estrangulamiento en la balanza de pagos que incrementa el clima de desconfianza interna y externa y se manifiesta en el alza de la tasa riesgo país.
Lo que sucede con el gasoducto Néstor Kirchner no es un rayo que cayó en medio de una noche estrellada. Por encima de las razones y sinrazones argumentadas por los distintos actores de esta disputa para deslindar sus respectivas responsabilidades políticas, quedó en claro que esta obra de importancia estratégica podría estar terminada hace ya más de doce meses, lo que hubiera permitido ahorrar un sideral monto de divisas gastadas en importaciones de energía y evitado el faltante de gasoil que afecta a la mayor parte del territorio nacional.
La razón de este fracaso tiene una raíz eminentemente política. Desde diciembre de 2019, el área energética del gobierno, incluidas la Secretaría de Energía, YPF, la empresa Energía Argentina (ex Enarsa) y los entes reguladores del gas y la electricidad, quedó "tercerizada" en manos de un equipo del Instituto Patria. La permanencia del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, frente al pedido de renuncia que le hiciera el ministro de Economía, Martín Guzmán, simbolizó la dimensión de una anomalía estructural.
En los hechos, la Secretaría de Energía y sus organismos y empresas dependientes no están sujetos a la autoridad presidencial. Es como si la realización del gasoducto no dependiera de un solo gobierno, sino que exigiese la coordinación entre dos poderes autónomos. Esto ayuda a entender las causas de la demora en la construcción.
Lo que ocurrió constituye entonces una consecuencia directa de la debilidad de origen que afecta a la institución presidencial, cuya evaporación definitiva comienza a olfatearse en el peronismo. En diciembre de 2019, la mayoría de los gobernadores peronistas, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales todavía alentaban una ruptura de Alberto Fernández con Cristina Kirchner para construir un poder político con capacidad suficiente para ejercer el poder. Treinta meses después aquellas expectativas originarias aparecen absolutamente diluidas. Con un agravante: quienes entonces apostaban a ese acto de emancipación presidencial contemplan ahora con preocupación el fenómeno inverso. No es Fernández quien rompe sino la vicepresidenta la que busca desentenderse de la suerte de un gobierno surgido de su iniciativa política.
Cada vez más aislado, Fernández llama desesperadamente a la unidad del Frente de Todos para evitar el retorno de Mauricio Macri y de la "derecha maldita". La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, advierte que "si seguimos así, en 2023 gana la derecha". Para Cristina Kirchner, la unidad no es un fin en sí mismo. Según su análisis, lo fundamental en esta etapa es no desdibujar una identidad construida durante diecinueve años y consolidar una estructura territorial basada en la provincia de Buenos Aires y en el sistema de cuadros de La Cámpora, abastecido por las estructuras de la Anses, el PAMI, YPF y otras "cajas" estatales, para sobrevivir a una derrota electoral en 2023.
Paradójicamente, o no tanto, esa visión de la vicepresidenta, que privilegia una reafirmación identitaria por sobre la unidad de la coalición que en 2019 le permitió unificar a la mayoría del peronismo y llevar al gobierno a Fernández, guarda un extraordinario paralelismo con el planteo de Macri en Juntos por el Cambio. Para Macri, lo principal es profundizar la pureza ideológica del PRO, diferenciada del radicalismo, dejando una puerta abierta para un entendimiento con Javier Milei, aunque esa opción haga estallar por los aires el acuerdo que en 2015 le posibilitó derrotar al ahora reaparecido Daniel Scioli.
La lucha política tiene características sistémicas. La pérdida de centralidad de Cristina Kirchner como factor determinante promueve entonces un reacomodamiento en todos los sistemas de alianzas que afecta tanto al oficialismo como a la oposición en todas sus variantes. El epicentro de la política argentina ya no es la fuerte concentración del poder que caracterizó a la "era" K sino más bien su desintegración.
En el peronismo este nuevo escenario de vacancia de liderazgo provoca un estado de desorientación que genera diversos intentos orientados a cubrir ese vacío, sea por dentro o por fuera del Frente de Todos.
En Juntos por el Cambio el agotamiento del “kirchnerismo” fortalece la voluntad del radicalismo, ratificada en la última convención nacional partidaria realizada en La Plata, de disputar al PRO el liderazgo de la coalición, vetar la incorporación de Milei, promover una ampliación hacia sectores del peronismo “anti K”, tal cual postula también, y coincidentemente, Horacio Rodríguez Larreta, y potenciar la candidatura de Facundo Manes, un “outsider” ajeno a la política tradicional que forjó un acuerdo estratégico con el gobernador de Jujuy y con Enrique Nosiglia. La ácida carta pública que el titular de la UCR, Gerardo Morales envió a Macri por sus críticas al “populismo” de Hipólito Yrigoyen traduce la existencia de un replanteo estratégico de todavía incierto final.
Puesto entre la espada y la pared, Fernández queda obligado a sostener a cualquier costo la unidad del Frente de Todos. Ese esfuerzo lo lleva a respaldar la propuesta de ampliación de la Corte Suprema de Justicia y el proyecto de impuesto a la “renta inesperada”, dos iniciativas “principistas” de imposible materialización, motorizadas por el “kirchnerismo”, que abren sendos nuevos frentes de conflicto. Mientras obligado por las circunstancias transita una vez más un camino de confrontación destinado al fracaso, el gobierno tiene que lidiar con el agravamiento de la crisis económica, exhibida en la tasa de inflación y el déficit energético. Nada indica que pueda hacerlo con éxito.
Al igual que la naturaleza, la política aborrece al vacío. La actual descomposición del poder es la fase preliminar de un ineludible proceso de recomposición, cuya direccionalidad hay que rastrear en los síntomas de la actual desintegración. Con semejante panorama por delante, 2023 aparece todavía un horizonte aún demasiado lejano. Para avizorar el futuro, convendría focalizar primero la atención en lo que ocurra en este amenazante invierno político de 2022 que recién comienza.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y Miembro del Centro de reflexión política Segundo Centenario.