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La cuestión mapuche vuelve a estar en el centro del escenario político chileno. La decisión del gobierno de Gabriel Boric de dar marcha atrás con su medida de derogar el estado de emergencia que había sido decretado por la administración de Sebastián Piñera y volver a militarizar la zona de la Araucania, para frenar la escalada de actos de violencia protagonizados por los sectores más radicalizados de la comunidad aborigen desató fuertes tensiones en la coalición gubernamental, cuya plataforma hacía hincapié en aquel compromiso ahora incumplido, y agitó el debate sobre el polémico texto constitucional que será sometido a un referéndum el próximo 24 de septiembre.
La asamblea constituyente encargada de reformar la Carta Magna establecida durante el régimen de Augusto Pinochet es presidida por Elisa Loncón, una diputada de origen mapuche. Los representantes de las comunidades aborígenes impusieron la incorporación de cláusulas que garantizan muchas de sus reivindicaciones, entre ellas la definición de Chile como un "Estado plurinacional", como hizo Evo Mortales en Bolivia, el autogobierno en las regiones de mayoría aborigen (incluido el reconocimiento en esas jurisdicciones del derecho consuetudinario indígena), el derecho a la propiedad de la tierra y la enseñanza del idioma mapuche en las escuelas.
A pesar de ello, Juan Pichún, vocero de la Coordinadora Arauco - Malleco (CAM), sostiene que la reforma "es una nueva forma de colonialismo del pueblo mapuche. La asamblea constituyente y la nueva Constitución no nos representarán. El poder económico es más poderoso que una Constitución". De allí la continuidad de los hechos de violencia contra empresas, propiedades o personas, perpetrados por las denominadas "Organizaciones de Resistencia Territorial" (ORT), unidades que constituyen el brazo armado de la CAM. El blanco principal de estos ataques son las compañías forestales que operan en el sur trasandino.
La situación se agravó sensiblemente por el avance de la Weichan Auka Mapu (WAM), que en idioma aborigen significa "Lucha del territorio rebelde", una escisión de izquierda de la CAM, cuya prédica ataca incluso a la Iglesia Católica, ya que "esta religión provocó grandes desequilibrios espirituales y emocionales en nuestra sociedad, incluso desmembrándonos culturalmente, ya que nuestras autoridades espirituales tales como las (os) machi fueron tildadas de hechiceras, llegando en muchos casos a asesinarlas". Este creciente protagonismo de la WAM generó una competencia con la CAM en cantidad y calidad de ataques a personas y propiedades hasta tornar virtualmente imposible todo tipo de negociación con las autoridades.
Indigenismo e izquierda
Las etnias aborígenes representan el 12,7% de una población de 19 millones de habitantes, pero el peso histórico de ese conflicto le otorga singular vigencia política. Los mapuches presentaron una feroz resistencia a los conquistadores españoles, quienes en 1641 se vieron forzados a suscribir un tratado de paz que les reconocía el ejercicio de su autogobierno al sur del río Biobío, un acuerdo que fue suscripto por el gobernador Francisco López de Zúñiga y refrendado en 1643 por una Cédula Real firmada por Felipe IV. Aquel pacto rigió durante más de un siglo y medio hasta la independencia de Chile.
El tratado incluía el compromiso indígena de alistarse con los españoles ante cualquier agresión externa. Por ese motivo, combatientes mapuches lucharon del lado realista en la guerra de la independencia. Ese reconocimiento de derechos territoriales, único en toda la América hispana, recién fue alterado por la ocupación de la región por el Ejército chileno mucho después de finalizada la guerra de la independencia, en una prolongada campaña realizada entre 1861 y 1883, equivalente a la Conquista del Desierto realizada en la Argentina por Julio A. Roca.
Desde entonces, con mayor o menor intensidad según los tiempos políticos, un conjunto de organizaciones indígenas que asumieron la representación de los aborígenes enarbolaron sus reivindicaciones y negociaron con los sucesivos gobiernos. Al mismo tiempo, grupos más beligerantes protagonizaron ocupaciones de tierras, en muchos casos reprimidas y en otros legalizadas por el Estado, sobre todo durante el derrocado gobierno socialista de Salvador Allende.
El punto de inflexión ocurrió en 1992, cuando la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América desencadenó una oleada de protesta indigenista a escala continental, que recibió el respaldo de un sector de la izquierda latinoamericana que había quedado sin brújula tras el colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991. En Chile, ese apoyo fue oficializado por el Partido Comunista, que entonces estaba afuera del gobierno de la Concertación Democrática, integrado por la democracia cristiana y el Partido Socialista. Conviene consignar que el PC trasandino, reputado el más sólido y mejor organizado de América del Sur, es hoy una parte fundamental de la coalición que llevó al gobierno a Boric.
Esta confluencia entre la causa indigenista y la izquierda radicalizada eclosionó en 1998 con la fundación de la CAM, que legitimó el uso de la violencia como método para lograr la creación de un "Estado mapuche" independiente de Chile.
El líder de la CAM, Héctor Llaitul, es un exmilitante de la juventud del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y luego del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización militar del Partido Comunista que combatió a la dictadura de Pinochet .
Cruzando la cordillera
Sugestivamente, esta reivindicación indigenista que abarca a la Patagonia argentina tiene una base de operaciones en Gran Bretaña. En la ciudad portuaria de Bristol funciona Mapuche International Link (MIL), una entidad que denuncia internacionalmente el “genocidio” practicado por los estados de Chile y Argentina y asocia la causa mapuche con las reivindicaciones independentistas de los vascos, los catalanes y los kurdos. En un mapa publicado en la página web de la organización, las islas Malvinas figuran como parte del territorio mapuche.
Estos propagandistas reivindican a Orélie Antoine De Tounens, un abogado francés que con el apoyo de una logia masónica desembarcó en Chile en 1858, logró el respaldo de algunas tribus mapuches que resistían la embestida del gobierno de Santiago y fue proclamado Rey de la Araucania y de la Patagonia. El pintoresco aventurero fue apresado y deportado a Francia en 1860, pero sus descendientes todavía reclaman sus derechos.
La coincidencia entre la insurgencia de la CAM y la WAM en Chile con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) encabezada por Facundo Jones Huala en Río Negro indica que el conflicto, si bien tiene su epicentro en territorio trasandino, trasciende sus fronteras nacionales. Los servicios de inteligencia chilenos sostienen que estos grupos armados tienen vínculos con la fracción disidente de las FARC, que brindó entrenamiento a algunos de sus combatientes, y con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
La evolución de los acontecimientos en los próximos meses, que estará condicionada por el trámite y el resultado del referéndum constitucional de septiembre en Chile, obliga a reflexionar acerca de una nueva hipótesis de conflicto, materializada en la aparición de una nueva amenaza a la seguridad regional en el extremo sur del continente americano.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico