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Nuestro sistema se apoya en tres pilares: es representativo, republicano y federal. Son dispositivos ordenadores del conjunto, en base a conceptos simples y de efectos complejos. Aquí radica el nudo gordiano institucional del país: se comprenden mal y se aplican peor, lo que es garantía de falta de garantías y desorden.
Anomia, digamos.
De los tres, el federalismo es nuestra mayor frustración constitucional. Parece mentira: es el más mentado pero el menos desarrollado, a pesar de que es el vector que explica históricamente nuestras desavenencias. Sus mayores manifestaciones son una ley de coparticipación sin parir y un esquema que consagra una política de despojo y sometimiento.
¿Qué tiene que ver el "impuesto a la renta inesperada" y la ampliación de la Corte a un representante por Provincia? La respuesta es más honda que un manotazo de ahogado coyuntural para desviar la atención y salir del apuro. Es una y otra vez el federalismo practicado como feudalismo de frontera, como en los tiempos de la anarquía del año 1820. La Nación recauda y parte y reparte el nuevo impuesto como mejor le place. A cambio, el plan es convertir el máximo tribunal del país en un foro de delegados provinciales. De yapa, se desvalija a un par, la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo se puede explicar tanto desvarío institucional, tanta contradicción y, sobre todo, tanta aceptación cómplice?
Hay un aspecto poco analizado en este intríngulis que es la autarquía: bastarse con sus propios recursos. La independencia económica, hacerse cargo cada uno de lo suyo. Esto es lo que nunca entendimos o no queremos entender. Es una renuncia vergonzante a ejercer las facultades provinciales no delegadas con tal de no asumir la responsabilidad. Todos los incentivos están mal alineados: con el esquema vigente, a ninguna provincia le cuadra fomentar la inversión, asumir riesgo y cuidar sus arcas.
Hay que agregarle una trampa mortal: sin ley de coparticipación no se puede escapar. Esa ley solo puede regir en todo el país con el acuerdo unánime de las provincias, lo que termina de imponer un candado imposible de abrir. Es la garantía para que siga en pie un unitarismo disfrazado de federalismo. Ni siquiera. Un federalismo de vasallaje, que llega al extremo de apoyar tergiversaciones institucionales graves (la ampliación de la Corte a 25) y, sobre todo, a que se cobren cada vez más impuestos. Total, el costo lo paga otro (la Nación) y algo de lo recaudado llegará.
Allá por 1880 se discutía la ley de federalización, por la que la Provincia de Buenos Aires cedió terrenos para que el país tuviera su capital. La votaron todos, menos Leandro Alem. Argumentó que se estaba consagrando un cuerpo de enano con cabeza de gigante, el Estado federal en una capital que, por su ubicación portuaria lo iba a concentrar todo. Desde entonces nada ha cambiado y hasta se ha vuelto peor. El primer paso para un auténtico federalismo es hacerse cargo. Es lo que está faltando, para terminar con los desvaríos.