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El "santuario de Cristina", tal como lo definió el camporista Andrés Larroque, se ha convertido en el centro de las preocupaciones de una pequeña elite, la del mundillo de la política, donde cada gesto y cada palabra se miden pensando en la porción de poder a la que aspiran alcanzar en 2023.
Pero las verdaderas preocupaciones, en las que se juega el futuro del país y de su gente, pasan por otro lado.
Como se sabe, el "santuario" en cuestión no está en La Matanza, esa Meca kirchnerista de los discursos, sino en el "barrio de ricachones", como ellos lo llaman, la Recoleta.
La escenografía de la "líder amenazada", sin embargo, solo convoca a un número modesto de "feligreses".
La crisis de las economías familiares causada por la inflación hace poco creíble una movilización espontánea para una vigilia sin sentido.
Lo que sí es cierto es que los hechos de violencia ocurridos el sábado son responsabilidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien convocó a sus seguidores y debió pedirles que abandonaran esa guardia teatral para que dejaran de molestar a los vecinos del barrio. Cristina no es la Difunta Correa ni el Gauchito Gil, por más que Larroque y todos los funcionarios que alentaron la agresión a los policías quieran construirla como mito.
A su vez, la intervención del juez Roberto Gallardo, a instancia de legisladores K, ordenando la no intervención de la Policía de la Ciudad en el lugar, muestra exactamente lo que Cristina considera "justicia legítima": la sumisión al liderazgo, más allá de la ley, la competencia y la responsabilidad del gobierno de la Ciudad por la seguridad en Recoleta. Porque la custodia de la vicepresidenta está a cargo de la Policía Federal, pero ella no corre ningún riesgo. El juez ignoró, en cambio, al resto de los vecinos y transeúntes.
La ciudad de Buenos Aires vive cortada por movilizaciones en nombre de los excluidos del sistema. Este no es el caso. En cambio, la paralización del Congreso por el conflicto político es una prueba cabal de cuáles son los intereses que se privilegian en esta instancia.
En este marco, resulta evidente que la dirigencia de Juntos por el Cambio tampoco está calibrando la gravedad de la coyuntura. El país está en situación límite y sin alternativas a la vista. Las encuestas proyectan una paridad fuerte entre las dos coaliciones enfrentadas, pero al mismo tiempo, una decepción muy grande con la política.
Las peleas a cielo abierto entre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes y otras figuras notorias que aspiran a competir con Mauricio Macri dejan en evidencia que ellos no asumen un rol a la altura de las circunstancias.
La indiferencia de la ciudadanía es la respuesta a una dirigencia (sin distinción de banderías) cuyo horizonte abarca desde Puerto Madero hasta Nordelta y hasta Pilar, el espacio físico donde viven ellos. La elite política. Esa indiferencia puede derivar en sorpresas; quizá, la búsqueda de un mesías nuevo, ya que nadie se preocupa en mostrar con claridad un proyecto de país.
Ayer volvió a aparecer el ministro Sergio Massa. Anunció que van a decretar un adelanto de $55.000 millones del impuesto a las ganancias para beneficiar a los trabajadores registrados y del escalón más bajo de ingresos. Aseguró, extrañamente, que ningún trabajador argentino es pobre. Sin embargo, cerca del 60% de los niños y adolescentes del país vive en la pobreza y cada vez más cerca de la exclusión.
Del laberinto del dólar, la inflación y el gasto público no se saldrá con juegos de palabras.
El ajuste tan temido está en marcha: tratan de llegar a un recorte de gastos de 350 mil millones hasta fin de año. Todos los gastos presupuestados y no ejecutados por los ministerios están cancelados. Al mismo tiempo, el déficit energético, la demanda excepcional de dólares a futuro y el drenaje por la vía del dólar ahorro muestran al país en situación límite. Ayer una movilización -sin remises ni colectivos oficiales- realizada por organizaciones y familias exigió en todo el país que se suspenda un ajuste encubierto que deja sin tratamientos esenciales a cientos de miles de personas discapacitadas. Ese reclamo genuino ofrece un contraste lacerante con la imagen del santuario, de la violencia mezquina y de las disputas frívolas como las que se multiplicaron en los últimos días.