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El caso del preso de Metán que fue adjudicado para cobrar el denominado IFE se transformó en escándalo.
El lunes pasado Claudio Maximiliano Rivera, quien está acusado de hurto calificado y daños, fue trasladado, por un oficio judicial, desde la comisaría 1 de esa localidad a la sucursal del Banco Nación para percibir el denominado refuerzo alimentario, pero no lo pudo cobrar.
"Yo le hice la clave social a mi pareja y el trámite del IFE porque él no sabe manejar esa tecnología. A él lo aceptaron y luego fui a los Tribunales de Metán, al Juzgado de Garantías 1, para que le hagan el oficio para que lo puedan sacar a cobrar", dijo la mujer de Rivera a El Tribuno, quien prefirió mantener en reserva su nombre.
"El lunes lo llevaron al banco pero le dijeron que no le podían pagar porque la firma de él no estaba validada, que no tenía valor, o algo así, por lo que debía ir al Banco Nación en Salta capital o llamar por teléfono para que lo pudiera percibir. Quiero aclarar que él no hizo los trámites desde su lugar de detención, en la comisaría".
"A él le dieron el beneficio del IFE, pero en ningún momento Anses dijo que los presos no podían cobrar. Yo hice el trámite online y nunca preguntaron si estaba privado de la libertad, por eso me llama la atención todo lo que pasó y lo que se está diciendo en los medios", dijo la mujer de Metán.
"Mi pareja no robó una moto ni provocó daños en los hechos ocurridos en Río Piedras y por los cuales está detenido. Queríamos cobrar el IFE porque necesitamos la ayuda, por eso hice los trámites. Se iba a sacar el dinero y se nos iba a hacer entrega", destacó.
Rivera está detenido desde el pasado 7 de agosto, o sea hace más de dos meses.
La polémica fue por el oficio librado por el Juzgado de Garantías 1, a cargo del juez Mario Herminio Teseyra, que ordenaba que la Policía arbitrara los medios para trasladar, el lunes pasado, a Rivera al banco para percibir el refuerzo alimentario".
Solo auxiliares de Justicia
"Es real que ha llegado un oficio judicial para trasladar a esa persona al Banco Nación para cobrar el refuerzo alimentario. Nosotros somos auxiliares de la Justicia y cumplimos", confirmó el jefe de la Unidad Regional 3 de la Policía de la Provincia, Jorge Rivero.
"Hay personas privadas de su libertad que cobran beneficios y se las traslada y cobran también, por ejemplo, seguro de desempleo, y llegan los oficios para trasladarlos. Hay una coordinación con los bancos por la seguridad. En este caso particular fue como trasladar un demorado más para que cobre ese beneficio, pero la gente que estaba en el lugar se enojó porque había muchas personas. En general se coordina el horario porque no les resulta de agrado que llegue un preso al banco", explicó Rivero.
Falsa declaración
Autoridades nacionales de la Anses en contacto con El Tribuno adelantaron que iniciarán acciones legales contra Rivera ya que faltó a la declaración jurada que establece pautas para recibir el beneficio. El formulario establece declarar si el aspirante al beneficio se encuentra privado de su libertad. "Al parecer Rivera falseó esta declaración jurada" indicaron desde el organismo.
Además de ello adelantaron que blanquearán el listado de beneficiarios en la provincia, con un reporte actualizado de las personas privadas de libertad, para cruzarlo con los datos de Anses.
El Decreto es claro y determinante respecto a que el Refuerzo para Trabajadores Informales no es compatible para las personas privadas de su libertad. También respecto a que la evaluación socioeconómica que hace ANSES es a partir de la información brindada al momento de la solicitud.
Al haber una persona en esa situación que lo solicitó igual y firmó la Declaración Jurada, que informa detalladamente cada uno de los requisitos de esta medida, ANSES iniciará acciones al respecto, suspenderá el cobro recuperando el dinero, e instará al servicio penitenciario por ser el órgano responsable de informar cuáles son sus ciudadanos privados de libertad en su provincia.