inicia sesión o regístrate.
Este último tramo del año electoral depara a los argentinos enormes tensiones, por intereses muy mezquinos de poder, y que se añaden a la incertidumbre y el descreimiento generalizados, y a la cruda realidad social que se agrava cada día por la inflación.
Ayer el presidente Alberto Fernández salió de su letargo y emitió un decreto para prorrogar el mandato de Ana María Figueroa como miembro de la sala 5 del Tribunal de Casación por cinco años más. Lo hizo a pesar de que desde el 9 de agosto pasado la doctora Figueroa dejó de ser jueza, ya que cumplió los 75 años que establece la Constitución Nacional como edad límite para los magistrados. Y hace ya un mes los cuatro miembros de la Corte Suprema determinaron el fin de su carrera. Para los intereses de Cristina de Kirchner esa jueza es fundamental, ya que su voto puede ser decisivo en el tratamiento de los "Los Sauces - Hotesur" y el memorándum de entendimiento con Irán.
Casi en simultáneo, el máximo tribunal ratificó el apartamiento de la jueza Sabrina Namer, que había sido fiscal en la Unidad AMIA y ahora volvería a ocuparse del tema, ya como integrante del Tribunal Oral Federal N°8.
Evidentemente ni los inquilinos de la Casa Rosada ni los senadores oficialistas se muestran tan preocupados por la suerte de los veinte millones de pobres como por los avatares judiciales de la vicepresidenta.
Incluso el Senado logró quórum y el número estricto de votos (debió desempatar la presidenta de la sesión) para lograr ese acuerdo y unos cuantos más; sin embargo, de los 988 cargos de jueces federales de cualquier instancia, hay casi 250 que están vacantes, en un país donde la celeridad de la Justicia es una de las mayores demandas.
Todo anticipa un nuevo conflicto de poderes, en un país atravesado por una crisis cuya magnitud la reconoce el mismo candidato oficialista, Sergio Massa. En el orden institucional esta debacle se materializa en el espectáculo deplorable que protagonizan los diputados oficialistas, intentando un inviable juicio político contra los cuatro miembros de la Corte. Es una verdadera mascarada que solo es posible con una cultura dirigencial que considera que el poder está por encima de la ley y que los mecanismos de control atentan contra la voluntad del "pueblo".
En esta cultura política desapegada de las instituciones es esperable el escándalo protagonizado por el multimillonario divorcio del jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Martín Insaurralde, seguido de su paseo por Marbella con su nueva pareja, en un yate propio de un jeque, que lleva el significativo nombre de "Bandido". Pero este bochorno terminó eclipsando el episodio que sacó a la luz el nudo más profundo de la manipulación de los fondos públicos sin control. El puntero Julio Rigau, alias Chocolate y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense, fue detenido en flagrancia mientras extraía más de dos millones de pesos de 48 tarjetas sueldo de esa cámara, sueldos de personas nombradas, inventadas o prestanombres. El presidente de la Cámara es Federico Otermin, delfín de Insaurralde. El dinero que manipulaba Chocolate llega al Banco Provincia desde el Estado nacional y el responsable primero es el gobernador Axel Kicillof.
Cómo estalló el escándalo, no se sabe. Solo que los jueces que inventaron un "per saltum" para dejar en libertad al puntero, devolverle las tarjetas y el dinero y clausurar la causa demuestran que se trata de una olla que no se puede destapar. El silencio de todo el espectro político muestra la dimensión de la complicidad.
Es que no es mera corrupción de algunos dirigentes: es un sistema corrupto en sí mismo. Es el clientelismo en estado puro, que se extiende por todas las provincias y termina desplazando a la democracia.
La única posibilidad de despegue es desatar este nudo, el de la degradación institucional.