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La ratificación del líder socialista Pedro Sánchez como jefe de Gobierno español no permite augurar un horizonte de gobernabilidad en un país atravesado por una intensa polarización política. Fue homologada por una mínima mayoría parlamentaria producto de una ardua negociación con el independentismo catalán, que incluye la sanción de una ley de amnistía que beneficiaría a su máximo referente, Carles Puigdemont (actualmente exiliado en Bélgica), y a otros dirigentes de su partido condenados por el delito de sedición. Puigdemont y sus principales allegados fueron condenados por haber sido autores desde el gobierno regional de Cataluña de la convocatoria al referéndum independentista de 2017, cuya realización fue considerada violatoria de la Constitución española.
La investidura de Sánchez fue confirmada con el voto de 179 diputados, apenas tres más que el número mínimo necesario para su consagración legal en un Parlamento fragmentado en el que el opositor Partido Popular (PP) tiene 136 diputados, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 122 y el resto está distribuido entre pequeñas bancadas, que incluyen a Vox, expresión de una ultraderecha en ascenso, la izquierda del Partido Suma (una versión ampliada del cogobernante Podemos) y un archipiélago de partidos regionales. Siete de esos 179 diputados que permitieron la nominación de Sánchez pertenecen a Juntos por Cataluña, el partido separatista de Puigdemont.
En un hecho históricamente inédito, la oposición conservadora encarnada por el PP, comandado por Alberto Núñez Feijóo, que fue el candidato más votado en las recientes elecciones legislativas pero que no logró el consenso necesario para ser ungido por el Parlamento, desconoce la legitimidad de la investidura de Sánchez y exige una nueva convocatoria electoral. Esta postura "destituyente" cuenta con el militante respaldo de Vox.
"No nos callaremos hasta que haya nuevas elecciones", proclamó Núñez Feijóo. Añadió que la decisión del Parlamento es "lo contrario de lo votado en las urnas por primera vez en la historia de España". Advirtió también que "España no puede ser objeto de una compraventa". Puntualizó que "España va a tener un presidente que compró su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios, pagada con el impuesto de los españoles".
Antes de la ratificación parlamentaria del líder socialista, centenares de miles de españoles inundaron las calles de más de cincuenta ciudades al grito de "no a la amnistía". En Madrid, epicentro de las movilizaciones, una gigantesca marea de belicosos manifestantes desplegaba banderas españolas y pancartas que rezaban "Sánchez, rompes la Nación" mientras entonaban la consigna "íPedro Sánchez dimisión!".
Esta oleada de protestas está acicateada por la mayoría de los medios de comunicación. Juan Luis Cibrián, un ícono de la prensa española, fundador y exdirector del prestigioso diario El País, publicó una flamígera columna titulada "Disculpa a la traición, premio a la culpa", en la que denuncia que "el esperpento protagonizado por el presidente del gobierno español en funciones y presidente de turno de la Unión Europea pone de relieve la ausencia de sentido común y capacidad racional en la dirección de un Partido Socialista que amenaza con convertirse en una secta". Según Cibrián, "Pedro Sánchez no debe preocuparse por su lugar en la historia: con toda probabilidad acabará metido entre la chatarra".
La situación planteada tiene implicancias institucionales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un organismo constitucional autónomo en el que están representados los magistrados, emitió una declaración que sostiene que la mera intención de aprobar la ley de amnistía supone "degradar y convertir el Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal". Los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil difundieron pronunciamientos análogos.
En este contexto, dirigentes de la oposición anunciaron ya su intención de presentar recursos de inconstitucionalidad contra esa futura legislación. Por la atmósfera predominante en la magistratura, cabe prever que esas eventuales acciones legales tendrían serias posibilidades de prosperar, lo que desataría un inédito conflicto de poderes.
Los fantasmas del pasado
Las advertencias alarmistas difundidas por Vox trazan un inquietante paralelismo entre la presente situación y los prolegómenos de la guerra civil que azotó a España entre 1936 y 1939. Según esta interpretación, el disparador de aquel conflicto, que dio por tierra con la Segunda República, fue que el gobierno del Frente Popular, encabezado por el primer ministro Francisco Largo Caballero, un dirigente del ala izquierda del PSOE aliado con los comunistas y otras fuerzas de izquierda en una coalición altamente inestable, se mostró demasiado permeable a las demandas separatistas de los nacionalistas vascos y catalanes. Esa debilidad habría favorecido el levantamiento del general Francisco Franco, que fundamentó la necesidad de restaurar la monarquía en salvaguarda de la unidad y la integridad territorial de España.
Sánchez también expresa el ala izquierda del PSOE, aliada a la llamada "izquierda alternativa" en una alianza heterogénea que para sobrevivir en el gobierno tras su derrota en las recientes elecciones legislativas se vio forzada a pactar con el Partido Nacionalista Vasco y EH Bidou (integrado por exmilitantes de la ETA), los separatistas catalanes de la Esquerra Republicana y de Juntos por Cataluña y el Bloque Nacionalista Gallego, una agrupación ultraizquierdista que reivindica la independencia de Galicia. La supervivencia del nuevo gobierno estará subordinada al apoyo de estas fuerzas regionales con escasa representación parlamentaria. Esa dependencia lo torna vulnerable a las previsibles presiones extorsivas de algunos de estos grupos minoritarios. Simbólicamente, el Parlamento autorizó ya la utilización en sus deliberaciones de los idiomas vasco, catalán y gallego.
Una corriente minoritaria del PSOE, liderada por el ex secretario general Nicolás Redondo Terrero, pidió a los jefes de las dos fuerzas mayoritarias un acuerdo bipartidista para que "España no dependa de Puigdemont", con el argumento de que "es imposible cualquier negociación con una persona que ha huido de la Justicia española". Esa postura está inspirada en el pensamiento del líder histórico Felipe González, quien gobernó España entre 1982 y 1996. "Felipillo" permaneció al margen de la última contienda electoral, aunque sostuvo que el partido que obtuviera más votos, como ocurrió después con el PP, debería tener derecho a formar gobierno. Sánchez proviene del ala izquierda impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, jefe de Gobierno entre 2004 y 2011 y firme defensor de un "principismo", enfrentado con el pragmatismo de González.
Nada indica que los trágicos presagios de Vox tengan algún asidero en la realidad. No existen ni por asomo en la España de hoy, que es parte de la Unión Europea, condiciones equivalentes a las de 1936. Hay empero una fractura política muy profunda entre dos fuerzas que protagonizan un empate de poder que hace que ninguna de ambas esté en aptitud de gobernar. Sánchez se apresta a ratificarlo.
La negociación de un pacto de gobernabilidad, que obligaría a ambos signatarios a romper con los aliados situados a su derecha y a su izquierda, aparece en este horizonte como el único camino viable para salir de este atolladero. Tarde o temprano, aquel famoso "espíritu de la Moncloa", que inspiró los pactos que en 1977 posibilitaron la transición democrática a partir de la muerte de Franco, prevalecerá sobre los fantasmas de la guerra civil.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico