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El 17 de diciembre los chilenos decidirán por "sí" o por "no" al proyecto de reforma constitucional elaborado por un Consejo Constitucional surgido de las elecciones de mayo pasado. Lo curioso es que este debate, promovido en principio por la izquierda para derogar la Carta Magna sancionada en 1980 por el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), culmina con la discusión acerca de un texto que está situado ideológicamente "a la derecha" de la constitución vigente. Tanto es así que las fuerzas de izquierda que antes instaban a votar por el "sí" a la necesidad de la reforma ahora promueven el "no" en el referéndum de diciembre y, a la inversa, los partidos de derecha, que se oponían a todo cambio de la constitución vigente, ahora pretenden la aprobación de las modificaciones propuestas.
Entre las normas más polémicas de la iniciativa figuran la que establece que "la ley protege la vida de quien está por nacer", que según los críticos colisiona con la ley vigente sobre el aborto, y la cláusula relativa a la expulsión "en el menor tiempo posible" de los inmigrantes ilegales. Otro punto controvertido es la creación de una veintena de nuevos órganos estatales que actuarían como contrapeso o como supervisores de otros órganos ya existentes, una disposición que, paradójicamente, buscaría controlar la discrecionalidad del Estado pero sin reducir su tamaño, sino por el contrario, agrandándolo.
La propuesta fue elaborada por una "comisión de expertos", integrada por veinticuatro juristas, que tomó como punto de partida las doce "Bases Constitucionales" acordadas por el heterogéneo espectro multipartidario que conformaba el Consejo Constituyente, donde la derecha recalcitrante nucleada en Fuerza Republicana y la derecha moderada de Vamos Chile tuvo 35 representantes entre cincuenta escaños, cuatro bancas más del 60% establecido por la ley de convocatoria como el mínimo necesario para aprobar el nuevo texto.
Ese documento de "coincidencias básicas" incluyó el mantenimiento de Chile como Estado unitario (una característica única en América Latina), el respeto a la propiedad privada, el derecho a la vida (un concepto cuya interpretación es hoy fuente de conflictos), la preservación del sistema parlamentario bicameral y el principio de la "indivisibilidad de la nación chilena". También excluyó taxativamente la introducción de cambios "refundacionales", como la creación de una "República Plurinacional" basada en la autonomía de los pueblos indígenas, tal como había sido incorporado en el texto rechazado en 2021.
Un caso muy especial
En Chile el proceso de transición democrática tuvo características muy especiales en comparación con otros países de la región. Porque aquella misma constitución dictada por Pinochet en 1980 instituyó el mecanismo del referéndum que en 1988 le negó la prórroga de su mandato presidencial y habilitó la apertura política coronada con las elecciones presidenciales de 1990. No obstante, aún después de dejar el gobierno, Pinochet continuó como Jefe del Ejército y asumió luego como senador vitalicio. Al mismo tiempo, el modelo económico liberal instaurado en 1973 permaneció básicamente inalterado durante el último medio siglo.
Los violentos disturbios callejeros de 2019, que colocaron contra las cuerdas al gobierno conservador de Sebastián Piñera, fueron interpretados como un quiebre en esa continuidad implícita entre el régimen militar y las tres décadas de alternancia en el poder, en las que se rotaban la centro-izquierda de la Concertación Democrática, cimentada sobre la base de un acuerdo entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, al que pertenecía el derrocado presidente Salvador Allende, y la coalición de centro derecha, cuya ala más radicalizada reivindicaba la herencia de Pinochet.
En un intento de descomprimir la situación política, Piñera promovió entonces el proceso de reforma constitucional y convocó a un referéndum, en que el "sí" obtuvo el 78% de los votos. La irrupción de una nueva izquierda más radicalizada, crítica de la experiencia de la Concertación y aliada al indigenismo mapuche, reflejada en su victoria en las elecciones constituyentes de 2021 y en el posterior triunfo de Boric en las elecciones presidenciales de ese año corroboraron la validez de ese diagnóstico de fin de ciclo aunque sus efectos inmediatos no permitieron percibir tal vez la dimensión de los verdaderos alcances de esa mutación.
El resultado de este convulsionado proceso fue el ascenso al gobierno de una coalición signada por la notoria influencia del Partido Comunista (históricamente el más importante de América del Sur), el funcionamiento de una Convención Constituyente que aprobó un proyecto "refundacional", que favorecía las reivindicaciones autonómicas de la etnia mapuche, y una ola de violencia desencadenada en el sur chileno por los separatistas de la Coordinadora Arauco - Mapuche.
Este cocktail explosivo, unido al rápido desgaste de la imagen de Boric, generó una reacción en sentido contrario en la opinión pública, traducida en el triunfo del "no" en el referéndum de septiembre de 2022 y luego en el amplio triunfo del bloque de derecha encabezado por Juan Manuel Kast en la elección del Consejo Constitucional y la elaboración de este nuevo proyecto de reforma rechazado por la izquierda con la misma beligerancia con que la derecha rechazó el de 2021.
¿El "no" al "no"?
Lo paradójico de esta situación es que, según las encuestas, la mayoría de la opinión pública trasandina, hastiada de las idas y vueltas de esta discusión, parece más predispuesta a votar también por el rechazo a este proyecto constitucional "de derecha" tanto como lo hizo anteriormente con la propuesta de "izquierda". Más aún cuando Boric se apresuró a aclarar que si en el referéndum del 17 de diciembre triunfa el "no", el debate constitucional quedaría archivado durante el resto de su mandato.
De todos modos, y contra la opinión de una facción de su propio partido, Kast resolvió dar la batalla a favor del "sí" al nuevo proyecto de reforma. Para fundamentar su postura sostiene que "necesitamos una Constitución que nos vuelva a hacer crecer, que nos vuelva a dar con esa confianza de que volvamos a creer en la política. Y para eso necesitamos modernizar el Estado, aumentar la responsabilidad fiscal. Todas estas cosas se están haciendo. Han quedado redactadas y muy bien redactadas".
El líder derechista menciona un sondeo de opinión realizado por el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) que consigna que antes de conocerse los contenidos de la propuesta, el 40% de los consultados rechazaba la iniciativa y apenas el 12% la aprobaba pero que luego de difundirse el texto del proyecto el rechazo había disminuido al 38% y la aprobación había trepado al 36%.
En cualquier circunstancia el resultado de esta verdadera batalla cultural favorece a la derecha. Porque si el referéndum del 17 de diciembre aprueba el texto propuesto por el Consejo Constitucional habrá triunfado un proyecto con un contenido abiertamente conservador y si lo rechaza quedará definitivamente convalidada la constitución dictada por Pinochet, cuya impugnación inauguró esta intensa controversia de cuatro años.
Entretanto, a sólo veinte meses de su asunción, el gobierno de Boric languidece con un alto índice de desaprobación de la opinión pública y Kast espera pacientemente su turno. Si bien falta mucho tiempo, ya que la próxima contienda presidencial tendrá lugar el 2025, cuenta con un aval estadístico significativo: de las últimas veinte elecciones presidenciales realizadas en el continente americano en dieciocho triunfaron candidatos de la oposición. El ejemplo más reciente fue la victoria de Javier Milei.