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Solana M. asegura que su caso es una muestra de la falta de sentido común que tienen algunos jueces provinciales. Su hija de tan solo dos años debe viajar todas las semanas de Mosconi a Salta como parte del régimen de visitas que acordaron sus progenitores. Sin embargo, la mujer asegura que fue presionada para firmar y advierte que el régimen de visitas es "injusto, sin perspectiva de infancia" y que le provoca estrés a su hija.
"Desde que viaja semana a semana la veo peor, se golpea la cara con las dos manitos. No quiere estar sola ni un segundo. Yo le dije a la jueza que es muy chica para ese régimen, y que aún toma teta, pero me contestó que eso le deformaba el paladar", contó la mujer angustiada. Su caso lo lleva adelante la magistrada Claudia Güemes, jueza de Familia.
La mujer se separó del padre de su hija a fines del año pasado y aseguró que se debió a episodios de violencia física y psíquica. Ella contó que, en un principio, se quedó en el departamento céntrico que compartían, pero luego no pudo pagarlo. "En febrero llegan más episodios de violencia y por primera vez lo denuncio y me ponen prohibición de acercamiento.No encontraba trabajo y se vencía el contrato del departamento y me volví con mi mamá a Mosconi (norte de la provincia)", relató.
Al regresar a Mosconi el padre de su hija, docente universitario que vive en la ciudad, se acercó algunas oportunidades para mantener contacto con la pequeña. "Nunca le negué a su hija, él tiene derecho por ser padre, pero se la llevaba y la traía a las 0. Cuando le preguntaba a qué hora la dejaría me amenazaba que no la iba a traer, me insultaba cuando la dejaba", indicó la mujer. A raíz de dichos episodios, en julio lo denunció, pero en Tartagal la jueza de Violencia Familiar y de Género, Elba Menéndez, le dictó la prohibición de acercamiento y suspendió el régimen de visita con su hija.
"Me coaccionaron, nunca me dieron la palabra ni quisieron escucharme, la jueza me gritaba en la audiencia. Me dijo que tenía dos opciones: restituir a la nena a Salta a su centro de vida o que planteaba ella otro régimen de comunicación y me hicieron firmar, y lo hice, pero me sacaron en silla de ruedas", recordó la mujer.
Posteriormente, en agosto la jueza Güemes citó presencialmente a la mujer ."Me dijo que ya me habían citado otras veces y que si no iba me iba a enviar con la fuerza pública a quitarme a la menor y llevarla con el padre, pero yo no tenía para el pasaje que sale diez mil pesos porque cuando lo denuncié dejó de pasarme la cuota", contó.
La mujer consiguió dinero para viajar y una vez allí, indicó, le pidieron restituir a la niña y se firmó un régimen de visita de una semana con cada padre.
Fuentes judiciales hicieron hincapié en que no se presentó un pedido en contra del régimen de visitas y que fue un acuerdo entre las partes. Además indicaron que se tuvo en cuenta la posibilidad de que la mujer retome sus estudios el año próximo. Sin embargo, Solana desconfía ya que asegura que no se cumple ni lo que se pactó ahora. "No me pasa para los pasajes, dice que no tiene plata", advirtió. La asesora de menores e incapaces a cargo del caso fue Marta Bustos. La funcionaria insistió en el interés superior de la niña que en este caso fue sacada de "su centro de vida" que era en Salta capital.