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El último discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa fue la reseña de todo lo contrario de lo que se espera de un presidente de la democracia.
En primer lugar, la descripción de un país que en la narrativa presidencial habría ganado espacios de liderazgo económico, avance tecnológico y relevancia internacional, pero que todos sabemos que no existe. Más bien, es todo lo contrario.
Un país como el que el Presidente describió no necesitaría de un Estado que deba funcionar como el único recurso para los millones de argentinos que el Indec, mes a mes, señala como pobres o marginados. Y como él mismo destacó ante el Congreso.
Las raíces de la crisis
Un presidente debería explicar la realidad evitando la muletilla de compararse con su antecesor (con datos falseados), y tratando de indagar en las raíces de los problemas de fondo, que son la inflación, la fragilidad laboral, la pérdida del poder adquisitivo, el incremento exponencial de la pobreza y el fracaso educativo.
Los problemas de la Argentina no son imputables solo al actual gobierno ni a la pandemia ni a la oposición. Un estadista está obligado a abordar con honestidad el deterioro macroeconómico y el retroceso de un Estado, cada vez más expandido y día a día más ineficiente. Una crisis estructural acumulada en los últimos veinte años, ante la que Fernández debió asumir las responsabilidades de sus antecesores (incluidos, claro, Néstor y Cristina Kirchner) y ofreciendo alguna perspectiva para el futuro.
"Fernández intentó un homenaje a la democracia con un discurso vacío, agresivo y contradictorio"
Fernández debería haber asumido esa realidad estructural desde el principio de la gestión y advertir que, en estas dos décadas, o quizá, en los cuarenta años de democracia, el país sufre una erosión subterránea mucho más peligrosa y destructiva que cualquier explosión transitoria. Si la hiperinflación de 1989/91 y el estallido que terminó en la renuncia de Fernando de la Rúa fueron hechos de enorme impacto, los problemas que los generaron siguen intactos.
La barricada
Pero el objetivo del presidente, ayer por la mañana, fue solamente sobrevivir al enfrentamiento brutal con Cristina y con toda la corriente que responde a la vicepresidenta. Y para sobrevivir consideró oportuno empapelar la ciudad instalándolo como candidato a la reelección y anticipando que se lo reconocerá como un gran presidente.
Una asamblea legislativa no puede ser utilizada como barricada de una ilusoria campaña y, desde allí, agraviar a la oposición política con acusaciones disparatadas. Tampoco para intentar ocultar con historias mínimas el drama de un país al que él condujo durante tres años por un camino en el que acumuló un 300% de inflación; un país que se encuentra en una grave encrucijada por la sangría permanente de divisas, a pesar del apoyo permanente que sigue brindándole el Fondo Monetario Internacional.
Conflicto de poderes
Y hay un punto crucial: el ataque a la Corte de Justicia, en presencia del presidente y el vice del Tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes escucharon impertérritos como los acusaba de violar la Constitución Nacional, interferir en los otros poderes del Estado, paralizar el Consejo de la Magistratura y hasta de favorecer al narcotráfico en Rosario.
Con gritos destemplados, el primer mandatario que se jacta de ser docente de Derecho desconoció abiertamente las atribuciones del Poder Judicial como intérprete de la Constitución, reprodujo la escena de hace dos meses cuando, directamente, impulsó una acción de rebeldía de algunos gobernadores contra el máximo tribunal y repitió un libreto repetido. Es el que repiten sin contención ni prudencia los orquestadores del juicio político a la Corte, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau. Los devotos de la Justicia militante.
Este es, en parte, el discurso que esperaba escuchar Cristina Fernández de Kirchner, quien sostiene la idea de que la Justicia debe estar subordinada al Poder Ejecutivo, como en Nicaragua, Cuba y Venezuela; pero, sobre todo, porque a ella la desvelan los juicios por corrupción, en uno de los cuales ya tiene una condena, pero nunca se rebeló contra los jueces.
Ella lo había elegido como gran operador judicial para volver al poder y, desde allí, resolver sus problemas judiciales, que son muchos. Ahora no le perdona su condena ni la suma de los fracasos de Alberto para manipular la Justicia.
Con una indignación sobreactuada, que contradice las declaraciones que repitió durante diez años sobre el tema - antes de ser elegido como presidente por su compañera de fórmula, Fernández descalificó los juicios por corrupción como persecución contra "los que representan al pueblo" y repitió párrafos de los alegatos de los defensores de Cristina como si él fuera uno de ellos. Pero lo que nunca pronunció, como lo esperaba el cristinismo, fue la palabra "proscripción".
La presencia de Rosatti y Rosenkrantz no estaba en los planes de Fernández; el silencio de ellos frente a la agresión era la conducta esperable. Pero el desplante plantea un serio conflicto de poderes, y la Corte deberá pronunciarse. Pasando revista a todo el período democrático, pocas veces se había producido un enfrentamiento similar entre poderes del Estado.
El deterioro del prestigio de la "corte menemista" facilitó a Néstor Kirchner el trámite de desplazarlos, pero no usó para hacerlo el recinto del Congreso. Tampoco lo hizo, en ese momento, para intentar frenar juicios contra él o contra algún miembro de su familia. Aún no había ninguno en marcha. Pero, sobre todo, no desconoció como presidente las atribuciones y la independencia del Poder Judicial.
Los grandes olvidos
La frivolización, dentro de ese discurso, de la violencia del crimen organizado en Rosario es una muestra de cómo están ordenadas las prioridades del presidente y cuál es su noción de federalismo. Fernández omitió el crecimiento de diversas formas de inseguridad en el país y eludió hablar de la pérdida de control territorial que, con la aquiescencia del poder central, se está produciendo en distintas provincias, con las ocupaciones de tierras de grupos que se autodefinen como pueblos originarios.
Tampoco es muestra de espíritu federal su ataque a la ciudad de Buenos Aires, a la que desconoció la autonomía que la Constitución le asigna. Lo hizo para justificar el recorte inconsulto a la coparticipación que dispuso por decreto en 2020, sin señalar que fue para asistir a la deficitaria administración bonaerense y fortalecer al conurbano. Es decir, para garantizar el control del área metropolitana, el corazón electoral del poder central.
Lo que hizo con CABA, lo podría hacer contra cualquier provincia.
Fernández intentó un homenaje a la democracia con un discurso vacío, agresivo y contradictorio que nada tiene que ver con el Estado de Derecho. Fue una muestra -una más- de su debilidad política.
Sobre todo, perdió la oportunidad de mostrar una visión de la Argentina, el mundo y el futuro que lo hubiera mostrado con jerarquía presidencial y como una despedida honorable.