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Hubo nuevas manifestaciones tras el último avance de un sector del oficialismo nacional para sacar una mayor tajada de la explotación del litio, bajo la consigna de "nacionalizar" ese mineral, por sobre la soberanía que tienen las provincias (en este caso del norte del país) sobre sus recursos naturales. Esta semana, la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, volvió a rechazar esa propuesta, que, esta vez, surgió como un proyecto de ley, presentado a principios de mes en el Congreso por diputados del Frente de Todos, quienes buscan declarar "recurso estratégico" a las reservas naturales que contengan litio.
La funcionaria dijo que esa discusión se debería dar en la Mesa del Litio, en la que los tres gobernadores que la integran (de Salta, Jujuy y Catamarca) ya manifestaron en varias oportunidades que no permitirán ningún avance sobre las potestades de las provincias.
Del mismo modo lo remarcaron desde el Consejo Federal de Minería (Cofemin) hace una semana. El organismo, integrado por las provincias y el Estado nacional, emitió un comunicado para insistir en la "importancia y la necesidad de reglas claras y de respetar la Constitución Nacional" para el desarrollo de la actividad.
"El pleno desarrollo de la industria minera y otras actividades productivas relacionadas solo será posible con estabilidad, seguridad jurídica y políticas de desarrollo productivo de largo plazo", consigna la nota del Cofemin, que en su comisión directiva está la secretaria de Minería de Salta, Romina Sassarini, como vicepresidenta segunda.
"Vemos que hay temas recurrentes que siguen siendo planteados para debate en el Congreso de la Nación y que generan incertidumbres a las inversiones mineras, perjudicando al pueblo argentino", señalaron.
"Nos referimos específicamente a proyectos de ley de nacionalización del litio y otros recursos naturales que han ingresado recientemente al Congreso y que pretenden plantear nuevamente el debate sobre algo que ya fue rechazado por ir en contra de la Constitución Nacional Argentina", recordaron en el documento.
Al igual que la secretaria de Minería de la Nación, plantearon que el rechazo a la supuesta nacionalización "fue concretado específicamente por gobiernos provinciales de manera individual y en forma conjunta como Región del Litio, por el Cofemin y varias otras instituciones".
En un repaso histórico, señalaron que entre 1993 y 1994 se debatió y aprobaron "leyes marco que sentaron las bases para la puesta en producción de varios proyectos mineros y que incluyó en 1994 un hecho histórico para nuestra patria, se modificó la Constitución Nacional Argentina, dejando bien en claro en su artículo 124 que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
Resaltaron que el país recibe inversiones en exploración y puesta en producción de proyectos de litio, que comenzaron desde hace más de 20 años, y que "gracias al trabajo que se viene haciendo desde las tres provincias integrantes de la Región del Litio (Jujuy-Salta-Catamarca), les permite contar con una fuente de empleo, desarrollo de proveedores, ingresos al Estado nacional y provincial, y generación de divisas para contribuir al crecimiento de otras actividades productivas".
Concluyeron, además, que "los planteamientos en el Congreso de estos temas no solo generan incertidumbres y desconfianzas que provocan frenos a las inversiones en nuevos emprendimientos de litio, sino que impacta directamente en frenar inversiones en exploración y puesta en producción de emprendimientos mineros de otros metales, como el cobre".
Nada de federalismo
La secretaria de Minería y Energía de la Provincia, Romina Sassarini, señaló que el litio es un mineral no estratégico, sino crítico, necesario para la reducción de la huella de carbono y la migración hacia sistemas de electromovilidad, y no está de acuerdo con la idea de que sea declarado como recurso estratégico y nacionalizado.
"Cada vez que estamos trabajando bien con algo, tenemos inversiones, aparecen estas cuestiones a nivel nacional que de federalismo no tienen nada, por el contrario, son centralistas y buscan a través de esta normativa generar inseguridad jurídica o alejar las inversiones que hoy tanto buscamos atraer", dijo la funcionaria.