Kakistocracia

Es notable cómo la incongruencia política puede afectar tan profundamente la vida pública de un país. Desde hace más de tres años estamos ante un gobierno esencialmente incongruente, que completa todos los requisitos de lo que en ciencias políticas se ha dado en llamar "kakistocracia".

Este concepto, acuñado en griego allá por el siglo XVII, no refiere ni al gobierno de los pocos o del pueblo; de los mejores o peores; es algo aún más grave como categoría, es el gobierno de los más ineptos.

Puede sonar dura la aseveración, pero cuando uno recorre con ojo crítico el poco tiempo transcurrido de su vigencia y lo considera respecto de su capacidad transformadora de la realidad, cae en la cuenta que hasta se queda corto.

No hace falta recurrir a los lugares comunes, como el manejo de las vacunas, de la deuda soberana, del déficit, de la inflación. Tampoco la extraña estructura de gobierno, en la que un presidente no es presidente, una vicepresidente que parece no formar parte del gobierno y un ministro de economía que ha dado lugar a las peores condiciones económicas con los mejores términos de intercambio de las últimas décadas es candidato. Basta detenerse en hechos que parecen nimios, pero lo describen todo con la mayor contundencia.

El Gobierno nacional ha decidido plantear una acción ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la reforma constitucional que tuvo lugar en la provincia de Jujuy. Debiera ser redundante, pero como todo se tergiversa, toca aclarar que cumplió con los pasos exigidos por las leyes provinciales para su aprobación, en la forma y en el fondo.

Ahora bien, el argumento del planteo es esencialmente político y poco (casi nada) jurídico. En rigor, monotemas que se han convertido en obsesiones ya gastadas de una cosmovisión desfasada de la realidad: los derechos de algunas minorías, especialmente vinculados con su capacidad para protestar en la vía pública; y desde ahí el viejo argumento de la represión, ante la actuación de las fuerzas del orden.

Un ministro de la Nación haciendo el planteo, poniendo los recursos del Estado para cuestionar la reforma constitucional de un Estado provincial, y es ahí donde se termina de comprender toda la incongruencia. Claro, una mirada esencialmente unitaria, acostumbrada a imponer un federalismo de vasallaje. Y acá lo más llamativo: un cuestionamiento ante el Máximo Tribunal de Justicia al que el propio gobierno ha sometido a un juicio político macartista y de pantomima.

Para tratar de entender mejor: el Gobierno nacional se pretende inmiscuir en un asunto esencialmente provincial, con argumentos vintage, nada jurídicos y todo políticos, ante un tribunal en el que no cree y desdeña, al que está enjuiciando con el mismo modus operandi. Eso y no otra cosa es la definición de la incongruencia.

Lo peor de todo es que esa es su agenda para el país, cuando faltan varios meses, una eternidad para el cambio de turno. Mientras pasan cosas, de las peores, de las que debieran ser la verdadera agenda. Hace falta de todo, menos "kakistocracia" en la Argentina.