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El conflicto acerca de la libertad de expresión, planteado hace dos semanas en la Legislatura salteña es, en realidad, un síntoma de lo que la dirigencia argentina cree que es la democracia.
Este año se cumplen cuatro décadas desde que la Argentina celebró el fin de un ciclo de 53 años de golpismo. Y ese día, entonces se plebiscitó el regreso a las elecciones libres y a la división de poderes, es decir, a la independencia del Congreso y la Justicia con respecto al Poder Ejecutivo. El funcionamiento de la política obliga a pensar ahora que, por "democracia", la dirigencia entiende solamente el hecho de que la gente vote.
Del mismo modo, tampoco el derecho a la información, a la libertad de expresión y al acceso a un periodismo independiente, inherentes a la democracia representativa ingresan en la lógica de quienes ejercen alguna porción de poder.
¿Cuál es la razón por la que el periodismo se opone a los cinco artículos del proyecto de reforma del Código Contravencional? Porque todos habilitan un avance sobre aquellos derechos.
Y el problema no es menor: el deterioro de la cultura política, cada vez más alejada de la democracia, supone un avance hacia el autoritarismo. Solo así se explica que ese proyecto haya sido presentado sin dictámenes de comisiones, tratado sobre tablas y votado por casi todos los legisladores presentes, tras un debate donde la razón jurídica estuvo ausente.
Cuesta entenderlo, si no se mira el contexto.
En El Tribuno del ayer, el senador Oscar Parrilli no dudó en repetir una mentira: "Hoy la candidata más importante está proscripta". De más está aclarar que se refiere a Cristina Kirchner. Que no está proscripta, sino con condena en dos instancias por un caso de corrupción, y que la inhabilitaría si ya fuera condena firme. Son sentencias de jueces independientes. Queda claro que Cristina se autoexcluyó de cualquier candidatura por decisión propia. Pero el oficialismo acusa a la Justicia y a la prensa.
Es coherente: buscar afuera o en otros la culpa de todos los males es rasgo típico los gobiernos sin transparencia.
Ayer mismo, en una entrevista radial, el ministro y candidato Sergio Massa exhibió ese argumento para no responder a las preguntas complicadas. Calificó como "versiones" los datos documentados y refrendados por las cámaras empresarias sobre los obstáculos para la actividad económica; dijo que a los periodistas "los manejan" y que "mienten" y aseguró que habla "todas las semanas" con esos empresarios.
Tampoco respondió si iba a cumplir con su añejo anuncio de "borrar a los ñoquis de la Cámpora" y, en cambio, desafió al periodista a que le preguntara lo mismo a la oposición. Al ser repreguntado, divagó sobre temas distractivos y dejó al público sin saber si había cambiado de idea, si hay ñoquis de La Cámpora y si tiene algo pensado al respecto.
Y finalmente, sobre el fracaso de la meta inflacionaria del 3% en abril, que él mismo anunció el año pasado, Massa acusó al periodista de mentir, apeló a la sequía para explicar su error (la sequía comenzó en 2020) y terminó recomendando leer un diario que ayer reproducía, simplemente, un informe oficial sobre la reducción del gasto público. O sea, los diarios mienten cuando no se limitan a publicar lo que dice el ministro.
La Justicia y la prensa son un obstáculo para que el gobernante pueda hacer lo que le parezca. Es una constante en la política, y uno de los pilares del discurso decisionista del populismo.
El ministro y candidato se sentiría más cómodo si la legislación argentina fuera parecida al proyecto salteño de fake news. El problema es que esa es una pretensión anticonstitucional.