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No habrá desarrollo sin un federalismo genuino

Domingo, 17 de septiembre de 2023 02:39

Restablecer plenamente el federalismo y el desarrollo regional es una necesidad perentoria para nuestras provincias y para el sistema republicano.

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Restablecer plenamente el federalismo y el desarrollo regional es una necesidad perentoria para nuestras provincias y para el sistema republicano.

La Argentina llega a las elecciones presidenciales en un momento crítico. Los cuarenta años de democracia representan una base de lanzamiento importante para que la Nación, la sociedad y el Estado vuelvan a encaminarse por el camino del desarrollo humano sostenible.

En el último medio siglo, nuestro país ingresó en un declive macroeconómico acompañado de un progresivo deterioro del sistema político, que afecta seriamente las instituciones esenciales a la democracia republicana y federal.

Superar esta crisis estructural es nuestro gran desafío.

En este escenario, los niveles de pobreza, déficit educativo, acceso a la salud, ingresos y empleo genuino muestran enormes asimetrías, según las regiones, y en todos los casos el Norte Grande registra indicadores muy negativos.

La democracia ha tenido la virtud de desplazar al golpismo, una aberración institucional que consolidó la tendencia histórica a la centralización del poder en el área metropolitana y al hiperpresidencialismo. Pero a despecho de los discursos que hablan de la voluntad de los pueblos y los derechos de las provincias, el avance del poder central sobre los gobiernos provinciales ha sido correlativo con la subordinación del Congreso a las pretensiones del Ejecutivo nacional. Los legisladores oficialistas suelen votar en forma automática los proyectos del presidente de turno, privilegiando su pertenencia a una fuerza política por sobre el compromiso asumido con sus comprovincianos.

Por imperio del centralismo fiscal, las provincias sufren una dependencia decisiva de la coparticipación de los impuestos nacionales, que condiciona el poder de decisión de sus gobiernos. El sistemático "estado de emergencia" que anualmente renueva el Congreso, sumado a la subestimación de la inflación y de los ingresos del Estado en el Presupuesto, no hacen más que incrementar la discrecionalidad del poder central en la distribución aportes del tesoro nacional (ATN) y en las inversiones en obras de infraestructura.

El sistema tributario y el régimen de coparticipación deben ser modificados sustancialmente, porque ambos, hoy, bloquean las posibilidades de desarrollo económico de nuestras provincias. Sin inversiones no hay producción ni hay empleo, y de ese modo el Estado se convierte en el principal empleador en una sociedad empobrecida.

Hoy vivimos en un país gobernado desde un área muy pequeña de su territorio, la Ciudad Autónoma y el conurbano bonaerense, que concentran un número decisivo de votos y de legisladores. Y, con la desaparición del Colegio Electoral también es decisiva en la elección del presidente.

Las provincias necesitan recuperar el poder de autodeterminación que la Constitución les confiere. La regionalización genuina, en nuestro caso, el Norte Grande, es un instrumento fundamental para poder contar con proyectos de desarrollo compartidos. Es indispensable que sus gobernantes y legisladores de todos los niveles se despojen de compromisos particulares con el poder central y establezcan estrategias regionales comunes y de largo plazo. Ese es el espíritu de la Constitución, que establece un orden democrático, republicano y federal.

La integración en pos de objetivos comunes, que deben ser mandatos superiores a los compromisos partidarios, brindará a las provincias un poder de decisión que hoy no tienen.

La Argentina es hoy un reservorio alimentario y energético mundial. El Norte Grande y Salta tienen mucho potencial y no pueden quedar al margen. El desarrollo humano sustentable y equitativo en todo el territorio provincial es obligación y atribución de sus gobiernos.

Esa solidaridad regional trazará el camino para la construcción de un país federal, una condición insoslayable para que todo el sistema productivo nacional pueda, al mismo tiempo, modernizarse, desarrollarse e insertarse en el mundo de acuerdo con las exigencias del siglo XXI.

 

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