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El informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA es un baño de realidad en medio de un proceso electoral en el que prevalecen los simulacros; el teatro político combina la comedia y la tragedia, pero no logra salir de la ficción y mostrar la realidad de frente.
Que seis de cada diez menores de 17 años no accedan a los niveles de alimentación, salud y educación, y vivan en hogares con un alarmante nivel de necesidades básicas insatisfechas es un dato que habla por sí solo. Pero no debería sorprender a nadie. Es una noticia que nos viene llegando a través de la información oficial desde hace más de cuatro décadas.
La declinación social del país se origina a mediados de los años '70, cuando la pobreza y el deterioro laboral comenzaron a crecer exponencialmente. Ni los golpes militares, ni el neoliberalismo ni el populismo, que son los argumentos que se escuchan en la engrietada política argentina, alcanzan para explicarlo.
No hay simplismo que ofrezca alguna razón válida para que la Argentina retroceda mientras el resto de los países de Latinoamérica avanzan, aunque sea a distinto ritmo y todos, aún, muy lejos de los estándares de calidad que ofrecen las naciones desarrolladas. Porque en todo el continente hubo golpes de Estado, experiencias neoliberales y liderazgos populistas.
Pero nuestro país pasó del 5% de pobreza de 1975 al 40% de 2023; la calidad educativa se derrumbó a niveles inimaginables para un sistema educativo que hace un siglo y medio fue creado para convertirse en la más grande política social, inclusiva e igualitaria impulsada desde el Estado.
En alto riesgo
La consultora IDESA, citando información aportada por las pruebas APRENDER y del INDEC, señala que el 70% de los niños pobres tienen bajo desempeño en lengua y matemática.
"Esto implica que el 35% de los niños en Argentina son pobres con dificultades para leer, escribir, sumar y restar", señala ese informe.
En febrero de este año, UNICEF advertía que "dos de cada tres niñas y niños de Argentina (66%) son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro".
El organismo creado por la ONU señalaba, en otro informe, "que la situación de la pobreza en barrios populares se caracteriza por su persistencia, su reproducción en el tiempo y que está asociada a la falta de acceso a derechos y servicios básicos fundamentales…".
Estos datos interpelan no solo a la política, sino a la misma universidad y a todas las instituciones educativas. De nada sirve anunciar la creación de un número muy poco creíble de escuelas si los alumnos que no tiene la posibilidad de apoyo familiar están librados a su suerte.
¿Cuáles son los planes educativos y cómo se los piensa instrumentar para recuperar calidad en la enseñanza e inclusión?
No se sabe, porque en la Argentina nadie habla de planes ni aplica algo elemental para la educación, para el desarrollo, y para superar el pantano de la pobreza: visión del mundo, proyección de futuro, análisis de posibilidades reales, objetivos y plazos.
"El 35% de los niños en Argentina es pobre y con dificultades para leer, escribir, sumar y restar".
Con repetir fórmulas fracasadas, ideologizar el discurso y vivir echando culpas a diestra y siniestra, lo que hoy estamos viviendo va a ser cada vez peor. Y los más pobres van a pagar el costo.
Derroche y miseria
A partir de 2011, el Estado nacional duplicó el gasto público con respecto al Producto Bruto Interno. Desde esa fecha hasta hoy, el poder adquisitivo del salario se deterioró en la misma proporción y el Estado no ganó nada en eficiencia. Los números cantan.
Desde 2007 se cuadruplicaron los planes sociales y se estima que el 52% de la población recibe algún tipo de prestación. Sin planes sociales, los indicadores de pobreza crecerían un 10% y los de indigencia, un porcentaje incalculable.
La pobreza deja de ser una emergencia para convertirse en un grave problema estructural.
El financiamiento de los planes sociales con emisión de billetes o de deuda del Banco Central o del Tesoro se traducen en la obligación del Estado de pagar más en intereses (porque la deuda se renueva) que el mismo gasto social, y en una inflación galopante, que este año llegará a por lo menos 160%, y que aniquila los ingresos, especialmente, de los trabajadores informales, que son la mayoría.
A esto se agrega que el presupuesto para la política asistencial se terceriza a favor de "organizaciones sociales" absolutamente politizadas y cuyos dirigentes nunca rinden cuentas.
Según el INDEC, en julio, una familia tipo necesitó casi $250.000 para no ser pobre. La UCA y Unicef destacan el fenómeno de "la caída del ingreso de la clase media" y señalan que muchas familias de ese nivel empiezan a recurrir a asistencia alimentaria en comedores.
La consultora Ecolatina observó este año aumento de la ocupación, pero con predominio de trabajadores informales y cuentapropistas. Desde 2017, el salario informal perdió en términos reales el 35%, mientras que el salario real formal cayó 18%, a manos de la inflación.
La pobreza y la destrucción educativa son los grandes problemas del país. Eso lo sabe la gente y lo muestran las estadísticas. Para quienes tienen el poder de decidir, las preocupaciones parecen ser otras.
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